A España hay que defenderla y a los delincuentes castigarles

Con los delincuentes no se dialoga, a los delincuentes se les castiga. La unidad de España no se cuestiona ni se negocia, a España hay que defenderla. La Constitución de 1978 ostenta un rango normativo superior a las demás fuentes del Derecho y establece unas reglas del juego claras, y esas reglas del juego, cuando se respetan, sirven, porque organizan las instituciones del Estado y posibilitan un orden, una convivencia democrática basada en el respeto mutuo dentro del natural pluralismo, la garantía de los derechos fundamentales, las libertades públicas y el progreso social y cultural. Pero la respuesta a los delincuentes golpistas catalanes no debería ser una clase magistral de derecho constitucional, la respuesta debería ser la acción política con la aplicación de la Ley.

Bandera y mazo

1.INTRODUCCIÓN

Estamos viviendo momentos intensos de procesos sociales y políticos de transgresión institucional. El “procés” que pretende el gobierno de Cataluña es un golpe de Estado en toda regla, sin carros de combate, pero con los mismos efectos políticos y jurídicos. Como ya he dicho en alguna ocasión, el mal llamado nacionalismo catalán ofrece una propuesta política para Cataluña de división, basada en la cainita gestión de sentimientos que genera odio hacia el resto de los españoles y el más absoluto desprecio a la legalidad. Causa estupor que los separatistas apelen a la calidad democrática despreciando la legalidad, mintiendo y manipulando a los catalanes sobre procedimientos plebiscitarios, cuyo resultado no sería otro que la fractura social y la involución.

Los españoles después de años de intentos fallidos, habíamos aprendido de nuestra historia y en 1978 nos dimos, por primera vez, una Constitución nacida del consenso de la inmensa mayoría, en el Congreso tan sólo hubo seis (6) votos negativos frente a trescientos veinticinco (325) positivos.  Decidimos resolver los problemas que habían causado conflictos, discordias, enfrentamientos y muertes. El texto normativo de 1978 sirvió para establecer unas reglas del juego claras, y esas reglas del juego, cuando se respetan, sirven, porque organizan las instituciones del Estado y posibilitan un orden, una convivencia democrática basada en el respeto mutuo dentro del natural pluralismo, la garantía de los derechos fundamentales, las libertades públicas y el progreso social y cultural.

La Constitución española es nuestra “Carta Magna”, es Ley fundamental, norma Suprema, que ostenta un rango normativo superior a las demás fuentes del Derecho, y como tal, se encuentra en la cúspide de la organización del Estado, lo cual se traduce en que no puede ser alterada o modificada mediante procedimientos ordinarios, que todas las demás leyes y actos públicos y/o privados deben respetar sus enunciados, sirviendo a la unidad del ordenamiento y a propiciar la igualdad y demás derechos de sus ciudadanos, y que sus preceptos no pueden ser contradichos o ignorados por los poderes públicos, estos poderes no pueden válidamente contravenir sus disposiciones, siendo susceptible de la correspondiente sanción si lo hicieran.

Su importancia radica en las características que contiene, expresa unos valores superiores, claramente enunciados en su artículo 1, que son:  la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; establece la forma política del Estado, la estructura y la organización de la comunidad política a través de dos mecanismos, uno institucional, definiendo los poderes e instituciones superiores atribuyéndolas sus funciones y distribuyendo las distintas competencias existentes para el buen gobierno y desarrollo de la comunidad, y otro dogmático, mediante el cual se reconocen y trata de garantizarse los derechos y libertades de los ciudadanos.

2. ¿CÓMO PROTEGERLA?

La puesta en valor de la Constitución y su contenido, obliga a establecer normas específicas para su protección en caso de que sean atacados.  Por ello, se brinda una protección penal, incluyendo así, los delitos contra la Constitución en el Título XXI de nuestro Código Penal, donde se castigan como delitos, los ataques que se consideran más graves contra la propia Constitución, sus instituciones, los derechos y libertades de los ciudadanos y las ofensas y ultrajes contra los símbolos o emblemas de España y sus Comunidades Autónomas. 

3. ¿DE QUÉ DELITOS PODRÍAMOS ESTAR HABLANDO?

Como es de sobra conocido por todos, los separatistas catalanes por su delirante obsesión rupturista, incumplen, día sí y día también, los preceptos de la Constitución Española y desobedecen a las de los Tribunales, es decir, quebrantan la norma Suprema, la que da sentido a nuestro Estado de Derecho, la que es sinónimo de democracia, de libertad, de consenso y de respeto a la Ley y a la orden, y que cómo acabamos de ver, la Constitución Española, se encuentra protegida con la tutela máxima posible, con el Derecho Penal. ¿En qué delitos podríamos encajar las conductas de los independentistas?

DELITO DE REBELIÓN

Si nos vamos al artículo 472 del Código Penal, leemos lo siguiente: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

  1. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.
  2. Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o al Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
  3. Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
  4. Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.
  5. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
  6. Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
  7. Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”.

La opción de situar el delito de rebelión en el encabezamiento de los delitos contra la Constitución, resulta indicativo de la importancia de este delito, como máximo atentado al sistema constitucional.

El delito de rebelión ha sido definido habitualmente como delito plurisubjetivo de convergencia, puesto que requiere la unión de voluntades para la consecución de un propósito común, esto es, que necesita más de un autor. Se trata también de un delito de tendencia o de “resultado cortado”, lo que quiere decir que no necesita alcanzar ninguna de las finalidades que prevé el Código, basta con tener el propósito, no es un delito de resultado y por supuesto se trata de un delito doloso.

La rebelión que se contempla en el Código Penal es la rebelión cometida por particulares, pues la rebelión militar, se rige por el Código Penal Militar, al tener en él, una regulación expresa como delito militar.

Desde mi punto de vista, en Cataluña se han producido todos y cada uno de los requisitos tipificados para poder estar ante un delito de rebelión. ¿Es un alzamiento?, Sí, por supuesto que lo es, lo es  porque estamos ante un levantamiento contra la Autoridad, contra el sistema constitucional, y es público, eso es más que evidente. Ahora bien, el término “violento” plantea una serie de dudas interpretativas que conviene despejar, referidas principalmente a si se debe de entender violencia desde el punto de los actos no sólo físicos, fuerza física, sino también, psicológicos, esto es, si cabe la vis psíquica en su radio de acción.

En mi opinión, la violencia debería de ser entendida como los actos llevados a cabo, ya bien sean físicos, verbales, o psicológicos, ejercidos en contra de otra persona, de un animal o un objeto, tendentes a causar un daño físico, emocional, o psicológico en otro ser, o en aquello sobre lo que se ejerce la violencia.

A esta posibilidad también se refirieron los profesores, SANDOVAL, POLAINO NAVARRETE y TAMARIT SUMALLA, quienes aplauden la posibilidad de extender la interpretación del tipo, principalmente para no ofrecer lagunas de impunidad.

Esta misma idea la recoge implícitamente el Auto TSJ de Cataluña 37/2014, de 24 de marzo, de inadmisión de la querella presentada contra el Presidente de la Generalidad cuando dice “es presupuesto necesario del delito que con intención de declarar la independencia de parte de territorio nacional se produzca un alzamiento violento público, esto es, mediante una actitud activa por la fuerza o estando dispuesto a su utilización y en forma pública, patento o exteriorizada”.

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO. SEDICIÓN.

Hablamos ahora del Título XXII del Código Penal y se abre el capítulo para los Delitos contra el orden público.

Artículo 544.ti

Artículo 545. [Inductores, sostenedores y dirigentes] “1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. 2. Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años”

La nueva ubicación de este delito de sedición, tradicionalmente incluido junto con la rebelión, viene a colmar una vieja aspiración doctrinal por entenderse que más allá de la semejanza estructural entre rebelión y sedición, la diversa cualidad de los fines perseguidos cuestiona el parentesco de ambas figuras delictivas, si la primera supone básicamente una afección del orden constitucional, la segunda compromete exclusivamente a la aplicación de las Leyes o el ejercicio de las funciones estatales. Sin embargo, es un tópico apelar siempre, la frase del profesor VIADA, que definió en el pasado la sedición como una “rebelión en pequeño”.

Si en la rebelión nos creaba incertidumbre el término “violencia”, en la sedición, lo genera el término “tumulto”. En el lenguaje común y según la RAE, “tumulto” es “alboroto producido por una multitud. Confusión agitada o desorden ruidoso” Sin embargo, estando la mayoría de la doctrina de acuerdo en “tumulto” no debería de ser entendido como caos sino como hostilidad y violencia. Si bien en la sedición la violencia no tiene por qué ser física ni entrañar el uso de la fuerza, ya que en el precepto, expresa otra alternativa modal que es la de “fuera de las vías legales”.

4. CONCLUSIONES

Los nacionalistas saben que incumplen la ley y desobedecen a los tribunales. Están siguiendo una pauta pública y notoria de agresión al Estado desde el propio Estado.

La respuesta al nacionalismo separatista no puede ser una clase de derecho constitucional, sino que exige una acción política, de aplicación de la propia Constitución y de las Leyes surgidas con posterioridad para ampliar y desarrollar su protección y defensa.

Los españoles no podemos seguir viviendo bajo la amenaza constante de unos golpistas de división de la unidad de España y de crispación de su convivencia. El separatismo ha violado los puentes del diálogo porque ha optado por la ruptura de la legalidad constitucional, que es el núcleo vital del Estado democrático. Tras esa ruptura, el Gobierno de España está más que legitimado para adoptar cualquier medida, por drástica que sea y ello de conformidad también con el tan oído a día de hoy, artículo 155 de la propia Constitución “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.  

Tan solo es necesario que no tiemble el pulso a la hora de la aplicación de la Ley y seamos capaces de frenar de una vez por todas el desafío independentista.

Salomé Prego Villaverde

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva


 

BIBLIOGRAFRÍA.-

  • Constitución Española
  • Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal – Fermín, MORALES PRATS y Gonzalo, QUINTERO OLIVARES  – ARANZADI Thomson Reuters. 10ª Edición.
  • Tratado de Derecho Penal Español Parte Especial IV. Delitos contra la Constitución. – Tirant Lo Blanch –  Manuales de Derecho Penal .
  • Jurisprudencia 
  • Auto TSJ de Cataluña 37/2014, de 24 de marzo

 

Salomé Prego-Villaverde López

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva

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