Análisis del Real Decreto-Ley 5/2015 sobre la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol

Es indudable que España cuenta con la mejor liga de fútbol del mundo “deportivamente” hablando. A pesar de ello, en los últimos años se ha generado una tendencia por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (en adelante, la LNFP) a tratar de equipararse a la Premier League inglesa en lo que a nivel económico se refiere.

Entre otras medidas, en mayo del año pasado se aprobó el Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional (en lo que sigue, el RD 5/2015), y con ella, se logró la venta centralizada de los derechos de televisión del fútbol español.

Hoy en día, la modernización del fútbol ya es una realidad. Este hecho unido al proceso de globalización generalizado que está afectando también al deporte rey, justifican la necesidad de seguir la tendencia marcada por otros países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania o Italia a la hora de “actualizar” nuestro fútbol.

En este escenario entra en juego el RD 5/2015 sobre la comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol, comercialización que antiguamente se realizaba individualmente por cada club de fútbol o sociedad anónima deportiva (a continuación, SAD) y que ahora pasa a tratarse de una venta conjunta. De esta manera, en principio, se consigue una distribución de los derechos más eficiente y a su vez, más rentable. Además de estos, entre sus objetivos primordiales se encuentran, por un lado, tratar de equilibrar las diferencias entre ingresos de los equipos de la LNFP y, por otro, paliar la conflictividad entre operadores de televisión (la conocida coloquialmente como “Guerra del fútbol”). Y es que, lo cierto es que la enorme tensión acumulada durante la última década había impedido hasta ahora que las partes alcanzasen un acuerdo sobre la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales y el reparto de estos ingresos, cosa que sí había ocurrido con anterioridad en otras competiciones profesionales en Europa (sirva de ejemplo la Premier League inglesa o la Bundesliga alemana).

Dicho esto, la idea sobre la que se basa el citado RD 5/2015 es la de que a partir de esta temporada, los derechos audiovisuales siguen correspondiendo a los clubes y SAD pero éstos, a su vez, ceden las facultades de comercialización de estos derechos a las entidades organizadoras de la competición: en el caso de la 1ª y la 2ª División Española esta entidad es la LNFP, mientras que en el caso de la Copa de Su Majestad el Rey y en la Supercopa de España dicha potestad le corresponde a la Real Federación Española de Fútbol (en adelante, la RFEF). Además, se fija que la duración máxima de estos contratos de comercialización será de tres años.

¿Qué es, pues, lo que se pretende? Bien, tal y como se establece en la Exposición de Motivos del RD 5/2015, uno ha de entender a día de hoy el deporte como una industria, puesto que es innegable que éste se ha convertido en un extraordinario motor de crecimiento económico. Es por ello por lo que resulta especialmente importante el llevar una correcta gestión de los recursos económicos que atrae en su masiva difusión y su capacidad para mantenerse como un producto atractivo, competitivo y socialmente relevante. Y, en este punto, existen dos factores clave: por un lado la profesionalización del sector y, por otro, el proceso de comercialización propiamente dicho. El primero de ellos se refiere tanto a las personas como a las estructuras, y se asocia al paso de los deportistas de un estado aficionado a otro profesional, pero también a la racionalización del funcionamiento operativo de las organizaciones dedicadas a la promoción y desarrollo del deporte. El proceso de comercialización, por su parte, es más reciente y se asocia a la transmisión de los acontecimientos deportivos a través de distintos medios de comunicación, que se ha traducido en interesantes oportunidades de generación de ingresos para las organizaciones deportivas a través de la venta de los derechos de televisión, de licencias de imagen y otras actividades comerciales producto de la exposición mediática de equipos, jugadores y estrellas del deporte.

En este nuevo esquema, el impacto económico derivado de la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones profesionales del deporte es, sin duda, el factor singular que con mayor intensidad condiciona las posibilidades de desarrollo de esas competiciones y, al mismo tiempo, el que mejor refleja los desequilibrios de esa dualidad entre lo económico y lo deportivo que las caracteriza. Como en el resto de los países con competiciones de nivel análogo a los que antes se hacía referencia, el fútbol ha utilizado la televisión como medio fundamental para la obtención de recursos e ingresos, pero a la vez la expansión de las televisiones y de otros medios y canales de difusión, en particular la televisión de pago, han dependido y dependen en gran medida de su capacidad para programar encuentros de fútbol profesional.

Esta comercialización se ha llevado a cabo en base a tres ejes claramente diferenciados: (i) la cesión; (ii) el reparto y (iii) la contribución.

(i) Cesión

Aunque la titularidad de los derechos audiovisuales de retransmisión en directo y/o diferido, en su integridad o en versiones resumidas y/o fragmentadas de los encuentros de las competiciones de fútbol profesional se atribuye a los clubes o entidades participantes, se establece la obligación de ceder las facultades de su comercialización conjunta a las entidades organizadoras, es decir, a la Liga Nacional de Fútbol Profesional en el caso del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División, y a la Real Federación Española de Fútbol respecto de la Copa de S.M. el Rey y la Supercopa de España. Estas entidades están obligadas a comercializar los derechos cedidos mediante sistemas de adjudicación y explotación que respeten los principios de igualdad y de libertad de empresa y dentro del marco general de las normas nacionales y comunitarias en materia de competencia. A estos efectos, el Real Decreto-ley establece determinados criterios que ahora se abordarán en relación con el procedimiento para la comercialización y adjudicación de los derechos y reconoce a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un papel protagonista determinante en la supervisión de los citados procedimientos de contratación conjunta de los derechos audiovisuales.Imagen 1

(ii) Reparto

Se establece un sistema de reparto de los ingresos obtenidos por la comercialización conjunta, en el que se introducen criterios correctores que limitan las diferencias entre las entidades participantes que mayores y menores ingresos recibirán en cada temporada. Estos criterios permiten distribuir los ingresos entre la Primera y Segunda División del Fútbol y ponderan la distribución equitativa dentro de cada categoría según los resultados deportivos obtenidos y la implantación social de cada entidad participante, medida por la recaudación en abonos y taquilla media y la aportación relativa en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas. En virtud del artículo 5 del RD 5/2015, los criterios para repartir estas cantidades son, a grandes rasgos, los siguientes:

  • El 90% del total entre los clubes de Primera y el restante 10%, entre los clubes de Segunda.
  • Sobre esos porcentajes, el 50% en Primera y el 70% en Segunda se repartirá a partes iguales entre todos los participantes.
  • El resto se repartirá en función de los resultados deportivos obtenidos en las últimas cinco temporadas (en Segunda se tendrán en cuenta solo los de la última) y la implantación social, es decir, la recaudación en abonos y taquillas.

(iii) Contribución

Por último, el artículo sexto de la disposición recoge una serie de obligaciones para los clubes o entidades participantes. Éstas son que una vez distribuidos los ingresos obtenidos de la comercialización, cada entidad participante deberá asumir las contribuciones obligatorias que se establecen para el Fondo de Compensación de las entidades deportivas que, disputando la competición del fútbol profesional, desciendan de categoría; para las políticas de promoción de la competición profesional y del fútbol aficionado que desarrollan respectivamente la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol; y para las políticas del Consejo Superior de Deportes en apoyo de la Primera División del Fútbol Femenino, la Segunda División B del Campeonato Nacional masculino y las asociaciones de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos.

En definitiva, a pesar de que se ha criticado el hecho de que esta materia se haya regulado a través de un Real Decreto-Ley, lo cierto es que hay razones de peso que justifican su “urgente necesidad”, como son la indiscutible relevancia social del deporte profesional, la reiterada y unánime demanda de dicha intervención desde todos los sectores afectados y la necesidad de promover la competencia en el mercado de la televisión de pago actuando sobre uno de sus activos esenciales.

Alvaro Martinez San Segundo

Colaborador Permanente en Derecho & Perspectiva


Fuentes:

  • Real Decreto-Ley 5/2015, de 30 de abril
  • Artículo de Actualidad Jurídica de Pablo González-Espejo García y Livia Isabel Solans Chamorro, Abogados de Uría Menéndez
  • Artículo de Iñigo de Lacalle Baigorri, Abogado de Senn Ferrero

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