Bruselas I Bis vs Bruselas I

El presente artículo tendrá por objeto el análisis de algunas de las novedades introducidas por el Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, también conocido como Reglamento Bruselas I bis o Reglamento refundido, respecto a la anterior regulación, esto es, el Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre del 2000 o Reglamento Bruselas I.

En primer lugar, conviene que nos preguntemos acerca de su ámbito de aplicación, en su triple vertiente:

  • Ámbito de aplicación temporal: El presente instrumento entró en vigor veinte días después de su publicación en el DOUE, sin embargo, habría que esperar hasta el 10 de enero de 2015 para que comenzase a ser aplicable, de conformidad con su artículo 81, que señala que las normas recogidas en el mismo serán aplicables 24 meses después de su entrada en vigor.
  • Ámbito de aplicación espacial: Se suele afirmar que el Reglamento Bruselas I bis goza de un ámbito de aplicación espacial universal, o lo que es lo mismo, que sus normas se aplican independientemente del domicilio del demandado en un Estado miembro de la UE, pero ello siempre que estemos hablando de litigios relativos a contratos de consumo, contratos individuales de trabajo donde la parte demandada sea el empresario, foros de competencia exclusivos o sumisión. En otro caso, si el demandado no estuviese domiciliado en un Estado miembro, el propio artículo 6 nos remite al ordenamiento jurídico autónomo de cada Estado para determinar la competencia judicial internacional.
  • Ámbito de aplicación material: Las materias continúan siendo la civil y mercantil, pero a día de hoy, se han engrosado las exclusiones, y es que además de las que ya no se incluían en el RBI (estado y capacidad de las personas físicas, seguridad social, …) ahora tampoco lo están las acciones de responsabilidad estatal derivas de acta iure imperii; los regímenes que regulen efectos comparables al matrimonio según la ley aplicable; así como las obligaciones de alimentos, las cuales cuentan con un Reglamento específico, que no es otro que el 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

Ya comenzando a abordar la temática del Reglamento 1215/2012, podemos afirmar, en líneas generales, que ésta se estructura en dos áreas: la competencia judicial internacional y el reconocimiento y ejecución de sentencias y decisiones judiciales y extrajudiciales extranjeras.

Por un lado, por lo que atañe a la competencia judicial internacional, lo cual respondería a la pregunta de ante qué tribunales podemos demandar, señalar que el esquema de fueros sería el siguiente: competencias exclusivas, sumisión en su doble vertiente de expresa y tácita y los fueros concurrentes (fueros especiales por razón de la materia / de ataque y el fuero general del domicilio del demandado).

Dentro de las competencias exclusivas tendríamos los asuntos relativos a derechos reales inmobiliarios y arrendamientos de bienes inmuebles, validez de derechos de propiedad intelectual e industrial, constitución de sociedades y otras personas jurídicas e inscripciones registrales.

Una de las novedades la encontraríamos en materia de patentes, marcas y otros derechos análogos, en cuyo caso, tendrán competencia exclusiva los tribunales del lugar en el que se halle el registro de los mismos, aplicándose con independencia de que la cuestión se haya suscitado mediante una acción o por vía de excepción, aclarando así dudas interpretativas que se estaban produciendo en la práctica en esta materia.

Por lo que atañe a los pactos de sumisión expresa (artículo 25), conviene destacar que las partes, con independencia de su domicilio, podrán someterse a cualquier tribunal. Esto supone una novedad, puesto que anteriormente la prorrogatio fori operaba cuando al menos una de ellas sí tenia su domicilio en un Estado miembro. En caso contrario, el art. 23.3 disponía que los tribunales de los demás Estados miembros sólo podrían conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su competencia según su derecho interno.

Sin embargo, actualmente, tanto la prórroga de competencia como la derogatio fori operan de oficio y de manera inmediata. Así se deduce del artículo 31.2 RBI bis que señala que mediando acuerdo de sumisión expresa, “cualquier órgano juris­diccional de otro Estado miembro suspenderá el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda en virtud del acuerdo de que se trate se declare incompetente con arreglo al acuerdo”.

Precisa la norma que dicho pacto habrá de celebrarse respetando una serie de requisitos (por escrito o verbalmente con confirmación escrita, de acuerdo con los usos comerciales, …) , que su validez material se someterá al derecho del Estado miembro designado y que será considerado un acuerdo independiente del resto del contrato, de manera que la validez del acuerdo atributivo de competencia no podrá ser impugnada por la sola razón de la invalidez del contrato (principio de separabilidad o independencia).

La sumisión tácita, o lo que es lo mismo, la atribución de competencia por comparecencia del demandado por cualquier acto diferente del de impugnarla, se explica por el juego de la autonomía de la voluntad, pero sin embargo, encuentra ciertos límites, y es que sólo operará cuando no estemos ante foros exclusivos (artículo 24). 

Esto implica que nos podremos encontrar ante la siguiente situación: pese a la existencia de un acuerdo de elección de foro, el demandado comparece ante el tribunal en el que se interpuso la demanda (el cual no es el elegido), y no impugna la competencia , por lo que prevalecerá la sumisión tácita a la expresa.

No olvida tampoco el instrumento regular los supuestos de litispendencia -mismo objeto, partes y causa- y conexidad, y es que de lo contrario, nos encontraríamos con la sustanciación de procedimientos paralelos, con el eventual riesgo de obtener resultados diferentes e incluso contradictorios, sin hablar, evidentemente, de la merma que supondría por lo que a economía procesal se refiere.

Esto incide en la finalización de un fenómeno que ha venido denominándose “el torpedo italiano”, que consistía en que una de las partes presentaba una demanda en Italia a sabiendas de la incompetencia de sus órganos jurisdiccionales, únicamente con el objetivo de dilatar el proceso como consecuencia de la lentitud de la justicia italiana en comparación con la de otros Estados, lo cual obstacularizaba el ejercicio del derecho a una tutela judicial efectiva.

Por lo que a litispendencia se refiere, el órgano jurisdiccional ante el que se formule la segunda demanda suspenderá de oficio el proce­dimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdic­cional ante el que se interpuso la primera. Pero, y aquí reside la novedad, esta regla del prior temporis decae en el supuesto de que medie un acuerdo de los regulados en el artículo 25.

Por otra parte, regula el artículo 33 la litispendencia entre tribunales de Estados miembros y tribunales de terceros Estados que estuvieran conociendo con anterioridad del mismo litigio y siempre que el órgano del Estado miembro sea competente en virtud del fuero general del domicilio del demandado o de competencias especiales, en cuyo caso se contempla la posibilidad de que el órgano juris­diccional del Estado miembro pueda suspender el procedimiento si: cabe esperar que el órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte una resolución susceptible de ser reconocida y, en caso pertinente, ejecutada en ese Estado miembro, y el órgano jurisdiccional del Estado miembro considera nece­saria la suspensión del procedimiento en aras de la buena administración de justicia. 

Y podrá continuarlo en cualquier momento si el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Es­tado fuese suspendido o sobreseído, o estima poco probable que pueda concluirse en un tiempo razonable, o la continuación del procedimiento se considera necesaria para la buena administración de justicia.

Se eleva como necesaria la pregunta acerca de qué es lo que se debe entender conforme (o disconforme) a la buena Administración de Justicia. Pues bien, el propio considerando 24 del Reglamento nos orienta en la concreción de este concepto jurídico indeterminado refiriendo que a la hora de apreciar la buena administración de justicia, el órgano jurisdiccional deberá valorar todas las circunstancias del asunto pudiendo incluir las conexiones entre los hechos, las partes y el tercer Estado de que se trate; la fase a la que se ha llegado en el procedimiento en el tercer Estado y si cabe esperar que el órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte una resolución en un plazo razonable. En esa valoración se puede examinar asimismo si el ór­gano jurisdiccional del tercer Estado tiene competencia exclusiva en circunstancias en las que un tribunal de un Estado miembro la tendría.

Por otra parte, también está prevista la conexidad en relación con tribunales de Estados no miembros (artículo 34), estableciendo que podrán suspender el procedimiento cuando se cumplan los requisitos previamente descritos y además, cuando sea conveniente oír y resolverlas conjuntamente para evitar el riesgo de resoluciones contradictoras derivas de procesos separados.

En cuanto a las medidas provisionales y cautelares, además de establecerse, como en el reglamento anterior, que no se requiere para su adopción ser competente para resolver acerca del fondo del asunto, se dispone que solamente podrán ser ejecutadas en otros Estados miembros, las resoluciones de medidas cautelares dictadas por los tribunales competentes para conocer del fondo,, es que no podemos obviar, tampoco, el hecho de que puede ocurrir que las medidas adoptadas por el tribunal competente sobre el fondo no pueden ejecutarse en su territorio, especialmente cuando afectan a bienes situados en otro Estado. En tal caso, se hace necesario proceder al reconocimiento y ejecución de la medida en ese otro Estado.

Por otra parte, hablaremos del régimen de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos judiciales y extrajudiciales extranjeros.

Antes de comenzar, es necesario tener presente en todo momento que a pesar de que el instrumento sea aplicable, como hemos indicado al inicio, a partir del 10 de enero de 2015, en el caso de que lo que pretendamos sea el reconocimiento o ejecución de decisiones, sólo aplicaremos el RBI bis a solicitudes iniciadas después de esa fecha, y no así, a resoluciones que hubiesen recaído después del 10 de enero de 2015 pero iniciadas con anterioridad, las cuales seguirán lo establecido en RBI, en su caso. Es decir, en lo que a reconocimiento y ejecución de documentos públicos con fuerza ejecutiva y de transacciones judiciales se refiere, podrá aplicarse el RBI bis cuando los primeros hayan sido formalizados o registrados y las segundas hayan sido aprobadas o celebradas, a partir del 10 de enero de 2015.

Es precisamente en sede de reconocimiento y ejecución donde se produce una de las mayores novedades, dado que se suprime el exequátur, cuya consecuencia no es otra que las resoluciones dictadas en un Estado miembro gozarán directamente de fuerza ejecutiva en el resto de Estados miembros, sin necesidad de recurrir a un procedimiento que declare su ejecutoriedad.

Cabe precisar que la supresión del exequátur no es sinónimo de eliminación de todos los controles, sino que éstos sí que se llevarán a término.

Así, el artículo 45 determina que, a instancia del demandado, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución denegará la ejecución de la resolución si concurre cualquiera de los motivos previstos en el mismo. Y los artículo 46 y siguientes plantean la posibilidad de solicitud de denegación de la ejecución.

Además de lo dicho, también tenemos que mencionar que para instar la ejecución, será necesario que se aporten determinados documentos: una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica; un certificado del órgano jurisdiccional de origen, expedido conforme al artículo 53, que acredite que la resolución tiene fuerza ejecutiva, y que contenga un extracto de la resolución así como información pertinente sobre las costas impuestas en el procedimiento y el cálculo de los intereses.

Por su parte, el artículo 40 prescribe que “toda resolución con fuerza ejecutiva conllevará la facultad de aplicar las medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro requerido” y el 41, que el procedimiento de ejecución se regirá por el Derecho del Estado miembro de ejecución. 

A modo de conclusión, simplemente señalar que pese a estos dos años de andadura, los diferentes operadores jurídicos parecen llegar a una misma opinión: escasa aplicación de la normativa comunitaria por parte de los jueces y magistrados, aunque, cada vez, mayor.  Y, por lo que respecta a la valoración global del Reglamento, ésta es satisfactoria , si bien la doctrina ha quedado un poco decepcionada, dado que es un instrumento menos ambicioso que la propuesta original de revisión del Reglamento Bruselas I, aunque es innegable que ha supuesto mejoras respecto al régimen anterior.

Andrea García González

Colaboradora permanente en Derecho&Perspectiva


Fuentes:

  • Reglamento (UE) Nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 , relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
  • Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
  • Derecho Internacional Privado (http://www.derecho-internacional-privado.com/2016/04/foros-competencia-judicial internacional.html)
  • Derecho internacional privado, J.C. FERNÁNDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Editorial Civitas, 8º edición.
  • Noticias Jurídicas (http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/9085-reglamento-ue-1215-2012:-reconocimiento-y-ejecucion-de-resoluciones-judiciales-en-materia-civil-y-mercantil-en-la-ue-/)

 

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