Comentario a raíz de la STC 26/2017, de 16 de febrero, sobre la plusvalía municipal, en supuestos de inexistencia de incrementos de valor

El pleno del Tribunal Constitucional se ha pronunciado recientemente en una sentencia pionera en España – 26/2017, de 16 de febrero-  declarando la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Norma Foral de Guipúzcoa reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana –comúnmente conocido como plusvalía municipal-, a tenor del examen de conformidad con el principio de capacidad económica previsto en el art. 31.1 CE, en la medida en la que no prevén excluir del tributo situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor.

El Alto Tribunal ha fallado sobre la primera de las numerosas cuestiones de constitucionalidad planteadas tanto por Juzgados como por Salas de lo Contencioso de todo el territorio nacional, en el que presumiblemente el criterio será el mismo, declarando la inconstitucionalidad de los correspondientes preceptos recogidos en Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo –concretamente los referidos a la determinación de la base imponible y la gestión tributaria del impuesto-.

En efecto, nos encontramos ante un impuesto directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. Así, la ratio iuris atiende a la actuación de la Administración Pública, y actuación urbanística, que se presumía, iban a generar en todo caso, y por razón del tiempo, una plusvalía, en los terrenos de naturaleza urbana privados.

No obstante, la realidad parece reflejar que se está sometiendo a gravamen un porcentaje sobre el valor catastral del suelo, que aumenta en la medida en la que se incrementa el número de años desde su adquisición, -con un máximo de 20- y que lejos de gravar el «incremento de valor» que experimenten los terrenos «puesto de manifiesto en el momento del devengo», – como invocan los art. 1.1, 4.1 y 6.1 a) de la citada norma- el resultado es, en todo caso, una cuota positiva,  sometiendo en no pocos casos a tributación a una renta irreal o ficta.

En este sentido, analizando un caso concreto que sirve de explicación de la situación que se vive en todo España, una vivienda sita en el madrileño distrito de Retiro, adquirida en el año 2006 por 350.000 euros, en el supuesto actual de venta a precio de mercado por 270.000 euros, y con un valor catastral de 150.000 euros, supone que por la mera tenencia del inmueble durante los correspondientes años, el importe a ingresar como consecuencia de la liquidación es de 10.875,00 euros, pese a reflejar una minusvalía el mismo, con la consiguiente pérdida patrimonial.

De hecho, la regla objetiva que determina la base imponible, no permite cuantificar la minusvalía que se genera como consecuencia de la pérdida patrimonial, tras la enajenación de un terreno de naturaleza urbana por un valor inferior al de adquisición. En este sentido, el fundamento jurídico sexto de la STC 194/2000, de 19 de julio, reconoce como conditio iuris la existencia de capacidad económica para que nazca la exigencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado recogido el art. 31.1 CE. De lo anterior se deduce la necesidad de que en su hecho imponible haya una fuente de capacidad económica.

El Alto Tribunal precisa, analizando tales preceptos -artículos 4.1, 4.2.a) y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 de 5 de julio- que los mismos establecen una ficción en cuanto al incremento de valor, negando toda posibilidad al particular de practicar prueba en contrario, con lo que se vulnera la oportunidad a éste de dar cuenta de si se ha producido un incremento en el valor, o por el contrario, no hay fuente de capacidad económica susceptible de ser gravada.

Así, de acuerdo con la máxima onus probandi incumbit actori, el sujeto pasivo no puede ser excluido, permitiéndosele probar la inexistencia del incremento del valor en el caso concreto, ergo la no consideración de sujeto tributario al no realizar el hecho imponible, si bien de otra forma, no se vería sino vulnerado el principio de capacidad económica.

Es por todo lo anterior, por lo que los preceptos enjuiciados fueron declarados inconstitucionales, en la medida que no prevén excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor.

Obiter dictum merece destacarse que en la citada sentencia no ha sido cuestionado el método de cuantificación objetiva que rige actualmente el IIVTNU, en aquellos supuestos en los que se produce una plusvalía, ratificando entre sus fundamentos la fórmula de determinación del gravamen de una renta potencial aduciendo un incremento de valor que per se produce presumiblemente el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana.

Mencionar en último término, el valor de la citada sentencia en cuanto ha venido a arrojar luz a la incertidumbre hasta la fecha vinculada al pronunciamiento sobre las impugnaciones de las plusvalías, si bien era el juez competente para conocer en el caso concreto, el que debiera resolver acerca del deber de abono de las mismas, allanando el camino a próximos pronunciamientos favorables en relación a cuestiones relativas a la legislación estatal, sin poder olvidarnos de la puerta que necesariamente debe abrirse a la reforma de la financiación local.

Luis Ernesto Guerrero

Colaborador en Derecho & Perspectiva


Fuentes:

  • STC 26/2017, de 16 de febrero
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
  • Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, de Gipuzkoa, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

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