Comentario al art. 8 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación

Los contratos de adhesión o condiciones generales son los más utilizados en la vida cotidiana de los consumidores y usuarios para contratar los servicios que precisen con los empresarios. En este artículo vamos a analizar el artículo 8 de la Ley 7/1998, 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.

La nulidad de las condiciones generales en nuestro Derecho obtiene una regulación diversa según se trate de contratos entre empresarios o contratos entre empresarios y consumidores. En efecto, esta dualidad se muestra claramente en el art. 8 del LCGC, que dispone:

“1. Serán  nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ella se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 

2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de  la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios.” 

Comenzando con los Antecedentes Legislativos, debemos tener presente que por sugerencia del Consejo de Estado se incorporó al texto del Proyecto la frase, procedente del art. 6.3 del Código  Civil, “salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”.

Entre los trámites parlamentarios, destaca el rechazo de dos enmiendas dirigidas a extender el ámbito subjetivo del control de contenido establecido en el Proyecto. Su tenor era: “aun cuando el contrato se haya celebrado entre profesionales” y “aun cuando el adherente no sea un consumidor” 

Estas enmiendas fueron rechazadas por las siguientes  razones:

1) se introduciría “un factor de rigidez  en materia contractual  no aconsejable para nuestro país si fuera tomado de forma unilateral”; 

2) “sólo cabe regular específicamente el desequilibrio contractual cuando existe un consumidor”.  También se afirmó en ambas intervenciones que son aplicables las reglas generales contenidas en el Código de comercio y supletoriamente en el Código civil.

De acuerdo con sus antecedentes el precepto conecta con lo dispuesto en la propia ley, con el art. 6.3 del Código  civil, en materia de condiciones generales,  y con la LGDCU (R.D.Leg. 1/2007, 16 Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificado por  Ley 3/2014) cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor.

El art. 8 ha suscitado en la doctrina ciertas críticas, desconcierto e indudable frustración. Se cuestiona la utilidad del precepto, porque es repetición parcial del art. 6.3 del Código  civil y porque carece de una regla sobre el control de contenido para el tráfico entre empresarios.

El art. 8, como ya he señalado, establece tres conexiones:

  1. con lo dispuesto en la propia ley;
  2. con el art.  6.3 CC;
  3. con la LGDCU.

La conexión con lo dispuesto en la propia Ley,  es redundante sobre todo con el art. 7, pues no es fácil que existan condiciones generales contrarias a lo dispuesto en la Ley, ya que ésta sólo impone requisitos de inclusión. Si una condición general  no se incorpora al contrato parece innecesario disponer su nulidad de pleno derecho por no cumplir los requisitos de inclusión. Eventualmente, no obstante, podrían existir cláusulas que pretendieran regular la interpretación, integración y nulidad de manera distinta a los arts. 6, 9 y 10, pero su nulidad también es evidente.

El reproche de inútil por redundante no es justo en cuanto a  la expresión “en perjuicio del adherente”. Pero además, si se tiene en cuenta que el art. 8 es el único precepto aplicable a la nulidad de las condiciones generales entre empresarios, cumple una función  de dejar libre de un específico control de contenido a estas condiciones generales. Es decir, el control de contenido que omite este artículo es justamente lo más destacable. Tiene valor normativo propio que, a diferencia de lo que ocurría en los antecedentes de esta Ley, falte en ella un específico control de contenido aplicable a todas las condiciones generales, con independencia de quien sea el adherente. Este control se niega de alguna manera en cuanto el art. 8 en su párrafo 1 sólo dispone la nulidad de las condiciones generales  que contradigan normas imperativas y prohibitivas aplicables a todos los contratos y en el párrafo 2º ciñe el control de las cláusulas abusivas a los contratos con consumidores.

En efecto, un específico control de contenido de las condiciones generales  no tendría por objeto la contravención de normas imperativas o prohibitivas, sino en gran medida la sustitución de normas de Derecho  supletorio o dispositivo. Dicho de otra manera, la postergación de las fuentes de integración contractual. Por eso, la mención exclusiva de las normas imperativas y prohibitivas como únicos parámetros del control de contenido, obliga a concluir que no se puede sostener que las normas de Derecho dispositivo limiten, en alguna medida, el contenido de las condiciones generales  en ese ámbito o sirvan, si se prefiere, de parámetro para juzgar la validez de las condiciones generales.

Tampoco se puede sostener  que se aplique la cláusula general legal prevista para los contratos con consumidores. La LCGC no ha incorporado una cláusula general como la recogida en los artículos 10 bis  y 10. 1 c de la LGDCU y solamente ha dispuesto que son nulas las condiciones generales  que contradigan normas imperativas o prohibitivas. Hay que concluir que la exclusión en condiciones generales del Derecho dispositivo aplicable no entraña nulidad, según la LCGC.

El precepto, por tanto, sólo es inútil en apariencia, porque en realidad tiene la función de negar, aunque implícitamente, lo que se considera generalmente núcleo esencial de una Ley de condiciones generales: una cláusula general para efectuar un control específico del contenido distinto del general aplicable a todos los contratos.

El problema del control del contenido de las condiciones generales no lo suscita la contravención de las normas imperativas y prohibitivas generales, sino en gran medida el desplazamiento injustificado de las normas dispositivas en beneficio del predisponente, la contradicción con los principios fundamentales de la regulación legal y la limitación de derechos y obligaciones que correspondan a la naturaleza del contrato de modo que peligre la finalidad contractual perseguida.  Por eso la exclusiva referencia  a la contravención de normas imperativas y prohibitivas no es sólo redundancia inútil, sino desautorización, en el ámbito de los contratos entre empresarios, de la doctrina citada sobre el significado y valor del Derecho dispositivo.

De Castro destacó la importancia del derecho dispositivo: “Son preceptos en los que el legislador ha ponderado cuidadosamente la situación normal de los intereses de las partes, tienen una “función ordenadora”, por lo que no pueden ser desplazados sin una razón suficiente”.  Alfaro acepta  que el derecho dispositivo tenga una función de paradigma de validez respecto de las Condiciones Generales, pero no en la contratación individual, en la que solo cumpliría una función supletoria.

Se puede reconocer una intención de excluir un específico control de contenido de las condiciones generales en los contratos entre empresarios en la extravagante insistencia en distinguir categorías heterogéneas como son condiciones generales  y cláusulas abusivas. El legislador con esa distinción, al parecer, trata de negar que las condiciones generales  requieran una especial justificación material para ser contenido contractual válido. Es decir, las considera legitimadas por el consentimiento del adherente, siguiendo una tesis puramente contractualista con la que concuerda el refuerzo, que la ley verifica de las exigencias del control de  inclusión.

Según Miquel González lo que es inútil es la Ley, porque la función del precepto es precisamente dejar claro que el régimen de nulidad de las condiciones generales  en los contratos entre empresarios es el general. La repetición del art. 6.3 tiene como función evitar la falta de regulación de la nulidad de las condiciones generales  en los contratos entre empresarios. Es decir, evita la existencia de una laguna en la Ley. El art. 8, pese a su apariencia de precepto inútil al remitir a las reglas generales (imperativas y prohibitivas)  señala que no hay un control específico del contenido de las condiciones generales  entre empresarios. La función del precepto es por tanto regular negativamente lo que debía ser núcleo esencial de una ley de condiciones generales. En otras palabras, el art. 8 sí cumple una misión: hacer inútil la LCGC al privarla de un propio control de contenido, que era lo mínimo que se podía esperar de una ley de condiciones generales.

Firmado: Pablo Padilla.
Redactor en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– Ley 7/1998, 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.
– Sistema de Derecho Civil (Diez Picazo)

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