¿Cómo afecta el brexit a los accidentes de tráfico internacionales?

En el momento en que Reino Unido abandone la Unión Europea, tanto los ciudadanos británicos que sufran accidentes en territorio de la Unión, como los ciudadanos de la Unión que sufran accidentes en el Reino Unido verán sus derechos modificados. En este artículo se comentarán las opciones que tendrá que valorar Reino Unido en un mundo post-brexit.

Situación actual

La Unión Europea viene armonizando desde 1972 las normativas nacionales en lo que accidentes de tráfico transfronterizos se refiere, dotando de especial protección a las víctimas, en caso de que el conductor causante del siniestro dispusiera o no de seguro de automóviles.

En concreto, la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000 (en lo sucesivo, la “Cuarta Directiva”) estableció un proceso para que las víctimas que sufrieran un accidente en el extranjero pudieran reclamar los daños a la aseguradora del conductor causante del siniestro mediante una acción directa en su país de origen en vez de en el país donde tuvo lugar el accidente (en este sentido, la acción directa está permitida siempre que el derecho del país dónde ocurrió el accidente la tenga reconocida).

Por ejemplo, un ciudadano inglés que fue atropellado durante sus vacaciones en Canarias, solicitaría al Motor Insurance Bureau (Organismo de Garantía inglés) que averiguase los datos de la aseguradora del vehículo causante del siniestro y reportase los datos de un representante de la aseguradora en el Reino Unido. Este representante investigaría las circunstancias del accidente y, en su caso, realizaría una oferta o rechazo motivado en un plazo de 3 meses desde la notificación. En caso de que las negociaciones no llegasen a buen puerto, entonces podría reclamar a la aseguradora española directamente en los tribunales británicos de conformidad con la Cuarta Directiva – y el posterior Reglamento de "Bruselas I"– y aplicando la Ley española al fondo de conformidad con el Reglamento "Roma II", puesto que la normativa española permite la acción directa.

Por otro lado, en caso de que fuera imposible identificar a la aseguradora del vehículo, las Directivas referidas prevén la creación de un Organismo de Garantía que pague la compensación que corresponda en este tipo de casos, de acuerdo al Reglamento Roma II y, por tanto, a la Ley del lugar donde ocurrió el accidente. A este respecto, sirve de ejemplo la reciente sentencia  del Tribunal Supremo de Reino Unido de 3 de agosto de 2016, Moreno vs. Motor Insurance Bureau, en virtud de la cual una ciudadana inglesa que fue atropellada por un conductor sin seguro en Grecia deberá ser indemnizada por el organismo garantía de Reino Unido de acuerdo a la ley griega y en aplicación del Reglamento Roma II.

Situación post-brexit

Sin embargo, en una era post-brexit, los ciudadanos del Reino Unido ya no podrán beneficiarse de esta normativa y, por consiguiente, les será más difícil – y principalmente, más costoso – el obtener una compensación, puesto que, en principio, deberán reclamar directamente en el país donde tuvo lugar el accidente.

Por un lado, los ciudadanos del Reino Unido no podrán depender de una firma legal inglesa o demandar ante los tribunales británicos. Esto hará que entren en juego las barreras del lenguaje y, por tanto, el incremento en los gastos legales y costas para hacer valer sus derechos. Ello sin perjuicio de que la nueva perspectiva desincentivará las reclamaciones por daños menores.

Asimismo, los ciudadanos británicos pueden verse “privados” de parte de la indemnización que les corresponda, puesto que, en Reino Unido, los gastos legales del procedimiento, tanto si se llega a un acuerdo extrajudicial como si se dicta Sentencia a favor del demandante, deben ser asumidos por el demandado. Sin embargo, esto cambiaría en caso de que tuvieran que demandar ante un tribunal extranjero, que aplicaría sus propias normas procesales. En el caso de España, por ejemplo, las partes deben asumir sus propios gastos legales en caso de acuerdo extrajudicial y, en caso de condena, la parte condenada debe asumir los gastos del contrario.

En cuanto a la ley aplicable, tendrán que recurrir a los artículos 11 y 12 de su Ley de Derecho Internacional Privado de 1995 (Private International Law (Miscellaneous Provisions Act 1995), que básicamente establece que la Ley aplicable será la del foro, pero, al contrario que el Reglamento Roma II, no especifica qué cuestiones concretas se regirán por la Ley aplicable, en otras palabras, qué cuestiones serán consideradas procesales y cuáles serán sustantivas (por ejemplo, la cuantificación del daño).

Debemos tener en cuenta que si se suprime en su totalidad la legislación de la Unión Europea, esto dejará grandes lagunas en el sistema jurídico británico.

Por otro lado, en lo que respecta a la libre circulación de vehículos, es probable que tras el brexit nos veamos en la tesitura de volver a un sistema antiguo, el de la Carta Internacional de los seguros de vehículos de motor, más conocida como la “Carta verde”, para circular por Reino Unido y, como no, por Gibraltar y viceversa. Este sistema es el que se emplea respecto a los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo más Suiza, Serbia y Andorra. Esto supondría que una compañía aseguradora tendría la posibilidad de excluir a Reino Unido del ámbito territorial de cobertura del seguro de responsabilidad civil, no emitiendo la Carta Verde (la emisión es una potestad de la compañía, no es obligatorio) y necesitando entonces de un “seguro en frontera” al acceder a territorio británico.

Posibles soluciones que podría adoptar el Reino Unido

A la hora de solventar las cuestiones mencionadas con anterioridad, Reino Unido tiene varias opciones a su disposición a las que nos referiremos brevemente a continuación.imagen-1

En primer lugar, podría incorporar a su normativa nacional el proceso definido por la Cuarta Directiva – tal y como ha hecho Suiza – y lo previsto por el Reglamento Roma II sobre Ley aplicable a obligaciones extracontractuales.

Por otro lado, podría adherirse al Convenio de Lugano de 2007, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (actualmente Reino Unido es un Estado parte por su pertenencia a la Unión Europea). El contenido del Convenio de Lugano es materialmente un reflejo del Reglamento de Bruselas que tenía como objetivo lograr el mismo nivel de circulación de las resoluciones judiciales entre los Estados miembros de la Unión Europea y Suiza, Noruega e Islandia.  

Ésta es, quizás, la opción más probable dado que protege los derechos de los ciudadanos británicos, quienes podrán seguir demandando a una aseguradora extranjera en el Reino Unido aun cuando el accidente hubiera tenido lugar en el extranjero. La misma suerte correrán el resto de ciudadanos de la Unión que sufrieron un accidente en el Reino Unido, puesto que recientemente ha entrado en vigor (1 de agosto de 2016) la Third Parties (Rights Against Insurers) Act de 2010, en virtud de la cual se podrá ejercitar la acción directa frente a las aseguradoras inglesas, sin necesidad de un procedimiento previo de declaración de responsabilidad e insolvencia del sujeto asegurado (i.e. a partir de ahora, se podrán ejercitar al mismo tiempo).

Asimismo, Reino Unido podría ser parte del Convenio de la Haya sobre la Ley Aplicable a los Accidentes de Tráfico, del que son parte muchos Estados miembro de la Unión Europea, aunque no todos (por ejemplo, Alemania).

Todo lo anterior, sin descartar los potenciales convenios bilaterales o multilaterales que firme el Reino Unido con países miembros de la Unión Europea.

Sin duda, será interesante ver qué pasará en el mundo post-brexit. Es evidente que lo ideal – y lo más obvio – sería que Reino Unido se incorporara como parte a los Convenios existentes como el de Lugano, y es probable que éste sea el punto de partida de las negociaciones, puesto que la situación legal y de facto sería muy similar a la de la era pre-brexit.  Sin embargo, la integración por parte de Reino Unido de lo previsto por la Cuarta Directiva y el Reglamento Roma II a su normativa nacional suena, en este momento, como algo ilusorio y, en cualquier caso, habría que ver las enmiendas que plantearía Reino Unido y el nivel de protección que proporcionarían.

Sea como fuere, lo que es indudable es que sería poco realista creer que el clásico turista inglés desistirá de disfrutar tras el brexit del clima cálido de los países del sur de Europa. Por el momento, el sistema permanecerá in statu quo ante.

Lucrecia Guerra.

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva.


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