Demanda chilena en contra de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia: caso del Río Silala

**Miguel Silva Bustos – Comité Editorial de Nuevo Derecho.

Este artículo examina la controversia surgida en base al Río Silala. Se considera tanto el derecho internacional, que es lo que tendemos por río internacional, como fue evolucionando la historia de estos mismo. A la vez, repasaremos la historia desde el inicio del conflicto, qué es lo que realmente sucedió y su actualidad. Además, de las normas aplicables y cuál es la reciente postura chilena al declarar que demandará a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia.

Introducción.

Nunca ha sido fácil describir la relación de chilena-boliviana, ya que como decía Abraham König: “Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle, al opinar que Bolivia tiene que exigir un puerto en compensación de su Litoral. No hay tal cosa, Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con que los Estados Unidos de América han tomado a Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de todas las naciones”.

Al referirme a esta declaración, quizás a algunos les moleste, quizás a otros no. La verdad, es que, gracias a esto, nos hemos podido dar cuenta que ha sido una relación tensa. La cual ha estado reflejada por conflictos, tratando de resolverse de diferentes formas a través de cada gobierno que ha pasado. ¿La última? A través de los 13 puntos. Es ahí donde centraremos nuestra explicación más exhaustiva, principalmente en lo que se refiere al Río Silala y la captación de agua como recurso natural.

Este último punto, ha sido una pelea constante durante años, pero que veremos que gracias al Derecho Internacional Público se puede resolver. Explicaremos que es lo que se entiende por Río Internacional, que es lo que ha pasado con otros países, la historia del Silala y cómo se debe aplicar la normativa Internacional en este caso.

1. Derecho fluvial internacional.

Cuando hablamos sobre Derecho Internacional, lo primero que pensamos o se nos viene a la cabeza es algún tratado o convención. Y bien, este pensamiento no está muy lejos de la realidad, ya que cuando se empieza a hablar sobre ríos internacionales, nos debemos remontar a siglos anteriores o quizás milenios.

La historia sobre tratados internacionales sobre agua “se remonta a 2.500 A.C., cuando las dos ciudades-estado de Lagash y Umma, en Sumeria establecieron un acuerdo para poner fin a una controversia sobre el agua a lo largo del río Tigris”. Este vendría siendo un primer antecedente histórico.

En la Edad Media, u oscura para algunos historiadores, el río era solo propiedad del rey, de una manera absoluta y tajante, reservado solamente la libertad de navegación a su comunidad o reino. Esta concepción se fue aceptando poco a poco, y es así como fue reflejada en el Art. 89 del Tratado de Westfalia de 1648. En cambio, en los años de la Revolución Francesa se proclama principios sobre la libertad de navegación y que no existiría exclusividad en el uso de este, ni tampoco impedir utilización por parte de las comunidades o pueblos ribereños.

Es así como Rousseau establece que los ríos fluviales son “’propiedad común e inalienable de todos los países regados por sus aguas’. No sería necesariamente el paso hacia la apertura de los ríos navegables a todos los Estados, sino más bien a los que conforman el contorno regional, pero era un avance, al fin y al cabo”.

Luego el Congreso de Viena de 1815 en el Reglamento para la libre navegación de los ríos, se reorganizó todo el río Rin para establecer el principio de libertad de navegación, entre otros. En este convenio estableció el concepto de “Ríc internacional” en función a la navegación para entender cuando estamos en presencia de un río que separa (contiguo) u otro que atraviesa más de un Estado (sucesivo).

Posteriormente, se realizó la Convención de Barcelona del 20 de abril de 1921, firmada también por Chile y Bolivia, en la cual se estableció líneas jurídicas para el régimen acerca de los ríos internacionales, consagrando:

“1. CONVENCIÓN DE BARCELONA

  • Consagra dos principios fundamentales: la libertad de navegación y la igualdad de tratamiento (C.P.J.I., Caso Oscar Chinn, 1934)
  • Admite la licitud de las tasas de remuneración que benefician servicios prestados, pero prohíbe las tasas de enriquecimiento
  • Precisa las obligaciones que pesan sobre los Estados ribereños, como la de no poner obstáculos a la navegación y el facilitar intervenciones elementales para quitar los restos de los naufragios y los trabajos de mantenimiento.
  • Permite la elección de los modos de gestión: individual, regional, internacional” .

Además, agrega regímenes de navegación de otros ríos y cuáles estarán abiertos a la libre navegación, por ejemplo: Rhin y Danubio.

Otra importancia de esta convención, es que finalmente “reemplaza la denominación de ‘ríos internacionales’ por la de ‘ríos fluviales de interés internacional’” .

La innovación en el sistema internacional no se hizo esperar y procuró por idear en Ginebra, el 9 de diciembre de 1923, una Convención relativa al Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas que interesan a más de un Estado , con la participación de Chile y no de Bolivia. En esta se reconoce la libertad de los Estados para la utilización del recurso hídrico y, en caso de algún perjuicio grave al otro Estado, deberá previamente pedir autorización.  Cabe destacar, que no existe alguna norma de derecho internacional para que un Estado Ribereño accione su derecho de veto en relación a las obras que se desea ejecutar.

Por otro lado, en América se desarrolló la Declaración de Montevideo de 1933 sobre Uso Industrial y Agrícola de los Ríos Internacionales (Séptima conferencia internacional americana, Aprobada en Montevideo el 24 de diciembre 1933) , en la cual se establece en el numeral 2 que “el derecho exclusivo de aprovechamiento […] no estará condicionado a su ejercicio por la necesidad de no perjudicar el igual derecho que corresponde al Estado vecino en el margen de su jurisdicción […] ningún Estado puede, sin el consentimiento del otro ribereño, introducir en los cursos de aguas de carácter internacional, por el aprovechamiento industrial o agrícola de sus aguas ninguna alteración que resulte perjudicial a la margen del otro Estado interesado” .

Es decir, en “el Derecho Internacional rige la norma consuetudinaria de no causar perjuicio sensible a otro Estado” . Por lo que hasta ahora podemos concluir que tendremos que necesariamente notificar al otro Estado sí es que se causa algún perjuicio sensible, facilitando datos necesarios para determinar cuáles serán las formas de aprovechamiento. Siguiendo con este punto, cabe destacar que, en Nueva York, el 9 de diciembre de 1969, existieron propuestas del Grupo de Expertos sobre Aspectos Institucionales y Jurídicos de los Recursos Hídricos Internacionales .

Pero, unas de las convenciones más importante fue la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la navegación, del 21 de mayo de 1997, en la que participó Chile (pero no ratificó) en la que se establece el uso de las aguas internacionales y entrega una definición expresa sobre lo que se entiende por aguas internacionales, señalando: “por ‘curso de agua internacional’ se entenderá un curso de agua alguna cuyas partes se encuentran en Estados distintos…”. Además, estableció el uso equitativo y razonable de los recursos de aguas internacionales, los cual se recogió de las doctrinas modernas, tal como escribió “Sir Humphrey Waldock, profesor de la Universidad de Oxford:

  1. Cuando un sistema fluvial riega los territorios de dos o más Estados, cada Estado tiene derecho a que tal sistema fluvial sea considerado como un todo y a que sus intereses se tomen en cuenta junto con los de los demás Estados. 
  2. Cada Estado tiene en principio igual derecho para hacer el aprovechamiento máximo del agua dentro de su territorio, pero al ejercer este derecho debe respetar los correspondientes derechos de otros Estados
  3. Cuando el ejercicio por un Estado de sus derechos entre en conflicto con los intereses en el agua de otros, el principio que debe aplicarse es que cada uno tiene derecho a una proporción equitativa (equiatable apportionment) de los beneficios del sistema fluvial en proporción a sus necesidades y a la luz de todas las circunstancias del sistema fluvial.”

Por lo que podemos concluir que, de acuerdo a la doctrina moderna, el leve movimiento o cambio del cauce del río y su afluente natural, podría provocar un conflicto internacional. Pero, a esto hay que agregar que no tan solo la doctrina fue tajante en su pensamiento, sino también la misma Convención en 1997, ya que dispone el Art. 6 que para la utilización de este recurso se deberán tomar factores naturales, económicos y sociales. Principalmente, se tomarán las necesidades para la satisfacción humana. Esto es; de acuerdo a las “Reglas de Helsinki sobre las aguas de los ríos internacionales”: necesidades domésticas y sanitarias. Además, ningún estado podrá negar el uso razonable para reservar un uso futuro. Es decir, el aprovechamiento es momentáneo y no se podrá hipotecar a un futuro proyecto o reserva para uno u otro Estado.

Otra innovación de la Convención en 1997, fue la protección a los posibles daños, establecidos en el Art. 7: “Obligación de no causar daños sensibles.

  1. Los Estados del curso de agua, al utilizar un curso de agua internacional en sus territorios, adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen daños sensibles a otros Estados del curso de agua.
  2. Cuando a pesar de ello se causen daños sensibles a otros Estado del curso de agua, el Estado cuyo uso los cause deberá, a falta de acuerdo con respecto a ese uso, adoptar todas las medidas apropiadas, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en los artículos 5 y 6 y en consulta con el Estado afectado, para eliminar o mitigar a esos daños y, cuando proceda, examinar la cuestión de la indemnización”.
Práctica y Jurisprudencia Internacional.

Después de las guerras mundiales, fueron numerosas las convenciones en las que se llegaron a acuerdo para la utilización de aguas internacionales, tales como: Acuerdo entre Yugoslavia y Austria para la utilización del río Drava, el cual hoy recorre Italia, Austria, Eslovenia, Croacia y Hungría. Otro acuerdo fue entre Sudán y la República Árabe Unida por el río el Nilo en 1959, el que actualmente recorre Uganda, Sudán del Sur, Sudán, Egipto, Ruanda, Tanzania, Kenia, Etiopía, Burundi, República Democrática del Congo y Eitrea. También el acuerdo entre India y Paquistán sobre las aguas del Indo y sus tributarios en 1960, el cual actualmente se divide en tres países; China, India y Pakistán. Asimismo, podemos mencionar el acuerdo entre Yugoslavia y Rumania en 1963 para construir el sistema de energía hidroeléctrica en el Danubio (actualmente evolucionó en un tratado entre Serbia y Rumania).

Por otra parte, Estados Unidos y Canadá, en 1961, celebraron un acuerdo sobre aprovechamiento de aguas del río Columbia. En 1962, la Convención Franco-Suiza y Convención de Berna, en 1963, crean la comisión para la protección del Rhin, siendo una evolución e innovación en la protección del medio ambiente.

Por otro lado, la Corte Permanente Internacional de Justicia, en el caso relativo a la jurisdicción territorial de la comisión internacional del río Oder, en el año 1919, estableció principios de derecho internacional sobre la igualdad de privilegios en los Estados Ribereños.

El Caso del río Lanoux, entre Francia y España, también estuvo en conflicto en 1957 y entregó soluciones, pero que con la Convención de 1997 no hubiera llegado a un arbitraje. Esta sentencia arbitral señaló que: “El tribunal opina que el Estado de aguas arriba tiene, según las reglas de la buena fe, la obligación de tomar en consideración los diferentes intereses en presencia de buscar la forma de todas las satisfacciones compatibles con la consecución de sus propios intereses y de demostrar que tiene a este respecto un deseo real de conciliarlos intereses del otro ribereño con los suyos propios”. Agregó el tribunal “La práctica internacional refleja la convicción de que los Estados deben tender a concluir tales acuerdos; de este modo habría obligación de aceptar de buena fe todas aquellas conversaciones y contactos susceptibles mediante una amplia confrontación de intereses y una reciproca buena voluntad, de colocarlos en las mejores condiciones para hacer posible la estipulación de tales acuerdos”.

En américa, se desarrolló el conflicto entre Argentina y Brasil en 1973, ya que este último construyó una hidroeléctrica llamada Itaipú, y Argentina creía que el puerto de Buenos Aires se vería afectado, lo cual se solucionó en base a acuerdos.

2. Rio Silala. Historia y controversia.

Río Silala.

El río Silala, o Siloli, es un pequeño río, el cual está ubicado en el antiplano boliviano, en las alta Cordillera boliviana. La referencia geográfica señala se ubica a 4 km de la frontera con Chile, a una altura de aproximadamente 4.000 metros, en 22°0’32”S 68°0’12”O. Éste se dirige al oeste a cerca de 2,5 km y, se encuentra con un segundo curso que nació 400 m más arriba en 22°0’18”S 68°1’24”O. Estos dos cursos forman un cañon que baja hasta llegar a la frontera de Bolivia y Chile, recorriendo aproximadamente 7 km hasta que sus aguas se encuentran con el río cajón en el punto 22°2’31”S 68°4’44”O, el cual da origen al río San Pedro de Inacaliri con un caudal total de 250 lts/seg. Este último llega al Loa, el río más largo de Chile y el principal afluente hídrico que cruza el Desierto de Atacama, y desemboca en el Océano Pacífico.

La naturaleza del nacimiento, se indica que son quebradas que dan origen curso común de agua. Por lo que las aguas fluyen desde las alturas de Bolivia naturalmente hacia Chile y atraviesan ambos países. De esto último, diferentes teorías se han creado, ya que Bolivia -por su parte- señala que el Silala; primero, tiene una naturaleza distinta, es decir; manantiales que afloran en 94 ojos de aguas aproximadamente, los cuales no están regidos en derecho internacional y, segundo, es un río nacional boliviano del cual se ha desviado su curso de manera artificial por una concesión que se concedió. Pero, que el mapa exhibido por el Ministro Heraldo Muñoz ha señalado lo contrario.

Por parte de Chile, se ha señalado siempre que ha sido un río internacional y que nace de quebradas. Además, en el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia, establece en el art. 2 inciso 3 que “Seguirá siempre al Norte por la divisoria de las aguas del […] desde cuya cumbre norte (volcán Apagado) (Hito 15)  irá por un contrafuerte al cerrito de Silala (Hito 16) y después en línea recta al cerro de Inacalari o del Cajón (Hito 17)”, estableciendo, curiosamente, el mismo sentido de las palabras “divisoria de las aguas” para fijar límites en el tratado de límites con Argentina de 1881 y declarando expresamente en el Tratado de 1904 ambos paises que el Silala era un río internacional.

En definitiva, es un río internacional que contiene curso sucesivo el cual nace en Bolivia, país aguas arriba, y cruza la frontera hacia Chile, país aguas abajo. De manera geológica, es un escurrimiento que se mueve por la ley de gravedad desde Bolivia a Chile. Así lo argumenta “la propia cartografía boliviana reconoce al cauce como un río internacional, los mapas del Instituto Geográfico Militar boliviano lo han reconocido por más de cien años. El mapa anexo del tratado de paz y amistad de 1904 lo gráfica al Silala como un río internacional de cauce sucesivo”.

Concesiones.

Las aguas del Silala fueron captadas por The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited (ahora en adelante “la compañía”), que se transformó en Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, era una compañía inglesa que actualmente pertenece al Antofagasta Minerals Grupo Luksic, el que distribuye a diversos consumidores en el norte de Chile y a Codelco, esta última utilizando el agua para necesidades de la mina en Chuquicamata. Estas captan el total de río. Por el lado de Bolivia, no utilizaba en nada curso de agua, más que regadío, y ni si quiera para las necesidades básicas de población, ya que la comunidad más cercana se ubica a un radio de 70 km, pero ha señalado que ocupara en un futuro cercano el recurso.

La compañía, después del Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia, obtuvo 2 concesiones de agua; una en 1906 y la otra dos años después -el 7 de septiembre 1908-, ambas otorgadas sobre el aprovechamiento de las aguas del río Silala. La primera, otorgada por el Estado Chileno sin problemas y, la última, por el Estado Boliviano con el propósito de abastecer las máquinas del ferrocarril Antofagasta-Oruro, la cual fue “inscrita en las oficinas de derechos reales con el N° del libro 2° de la provincia Sud Lípes”. Pero, esto duró hasta 1961 cuando las maquinarias de la compañía fueron cambiadas de vapor a diésel, transfiriendo los derechos de uso de estas aguas al Estado Chileno por más de 30 años ininterrumpidos. Por lo que fueron aprovechadas por la Compañía, por Codelco y por dos municipios que no suman más de 1.200 habitantes. Todo esto sin problemas hasta 1996.

Controversia.

Después de 34 años, en abril de 1996, el periódico “El Diario”, en Bolivia, publicó que Chile había desviado “el Río Silala”. Pero, el gobierno boliviano salió a desmentir tal información mediante un comunicado de Cancillería que señalaba que las Aguas del Silala conformarían un Río Internacional, diciendo que: “el Silala es un río que tiene su origen en una vertiente que brota al pie del cerro del mismo nombre en Bolivia e ingresa posteriormente a Chile, y que Bolivia es dueña del curso superior de ese río y Chile del curso inferior”. Pero, luego el Canciller boliviano, Antonio Arabinar Quiroga, señaló que eran aguas bolivianas (Información no está disponible o borrada en Cancillería). Cabe agregar, que una “Comisión Mixta levantó un mapa oficial que demuestra la canalización del Silala se encuentra en territorio chileno […] Así queda confirmado, además, por los trabajos de campo realizados por ambos países en los años 1992, 1993 y 1994”.

Es de esta manera que Anibal Quiroga reconoce que se trata de un río compartido a través de su declaración. Es decir, la misma naturaleza del Caso Ihlen, por mucho que quisiera retractarse. Por otro lado, científicamente no se ha podido comprobar si es que estas aguas finalmente fluirían naturalmente hacía Chile, pero los informes señalan que si. Además, en este punto criticado por Bolivia, Chile ha señalado que los canales artificiales han mejorado la eficiencia de dicho flujo sin alterar el curso natural. Es más, el geógrafo Pablo Salucci explicó que se trató de una “mampostería que sería “una construcción con rocas de la zona para ordenar el flujo, pero el río drena hacía Chile, de forma absolutamente natural”.

En 1997, mediante Decreto Supremo, el prefecto de Potosí, Omar Manzano, revoca la concesión de las aguas del Silala, señalando: “La desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria, eliminando su necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano.

Que se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado”.

De esta manera, el Gobierno Boliviano de Sánchez de Lozada termina con la Concesión a la Compañía, lo cual conllevó a que Chile amenazara con llevar a tribunales internacionales a Bolivia, mientras que la Compañía presentó un recurso de nulidad, la cual fue respondida por la Corte Superior del Distrito de Potosí argumentando falta de competencia y sugirió “recurrir esta empresa a la jurisdicción llamada por la ley”.

A esto se sumó unas reuniones secretas que Diario “El Mercurio” publicó en 2007 las reuniones secretas entre representantes chilenos (Ex Ministro, Enrique Correa) y bolivianos (Economista Horts Grebe), las cuales fracasaron en junio de 1997, en Buenos Aires, ya que Bolivia hizo pedidos inaceptables acerca de soberanía. Pero, cabe destacar, que si bien fueron secretas, jamás se supo si se habló sobre el río Silala.

Se acercó, ya viejo, el General Banzer al poder, el cual no había olvidado lo sucedido en el Abrazo de Charaña y no se hizo esperar hasta aprovechar el ámbito internacional y dirigir el problema de enclaustramiento marítimo en contra de Chile, ante toda la comunidad. Todo esto, concluyó en la famosa “Agenda sin exclusiones”, dirigidas a todos los temas, inclusive el Río Silala.

En 1999, el gobierno boliviano llamó a licitación pública para “otorgar concesión del uso y aprovechamiento del agua de los manantiales que forman bofedales ubicados en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, para fines de uso, comercialización y explotación”. Esta, fue entregada el 25 de abril de 2000 a la empresa boliviana DUCTEC SRL por una suma de 46 millones de dólares, con la obligación de pagar dividendos al gobierno boliviano y al departamento de Potosí por la explotación de las aguas del Silala. Pero esta empresa emitió facturas correspondientes a empresas chilenas que captaban recursos hídricos del Silala, no obstante Codelco, Ferrocarril Antofagasta- Bolivia, apoyados por el gobierno de Chile se negaron a pagar.

En 2009, los gobiernos de Bolivia y Chile anunciaron que habían llegado a un preacuerdo respecto del Silala en donde Chile pagaría por la utilización del 50% de las aguas, de forma retroactiva mientras se realizarían estudios hidrológicos para saber finalmente cual era la naturaleza del agua, pero Bolivia finalmente dijo que no. Lo cual llevó a la decisión de Chile de interrumpir relaciones la “Agenda de los 13 puntos”, el cual hablaba del Silala. Puede ser que hasta el día de ayer existía esta iniciativa, ya que pueblos indígenas y ONGs civiles, exigían preacuerdos de deuda histórica con Chile, de aproximadamente 10.000 millones de dólares, pero no tendrá efecto con la demanda chilena.

Posteriormente, Bolivia comienza confeccionar proyectos, tales como una embotelladora y una crianza de truchas. Ambos proyectos tomarían el 40% del caudal, según Raul Mendizábal, secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Potosí.

En 2013, Bolivia anuncia la inauguración de truchas que se alimentan con las aguas del río Silala. Chile protestó argumentando que el río era de carácter internacional, ya que Chile como país ribereño tiene derecho a ocupar las aguas del río abajo y de forma equitativa en relación con otros Estados. Actualmente, este proyecto se encuentra paralizado, pero con orden de continuar.

3. Derecho Internacional Público.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, de 21 de Mayo de 1997, dispuso que se entendía por “río”, y señaló en su Art. 2, que es “Curso de agua”, señalando que es “un sistema de superficie subterráneas que, en virtud de su relación física, constituye un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común;..” . Como argumentación de la misma, ara la RAE, un río es una “corriente de agua y más o menos caudalosa que va desembocar en otra, en un lago o en el mar”.

Por lo tanto, el Derecho Internacional Público ha modificado la concepción de “río” por la de “curso de agua”. En este caso, se aplicaría la concepción “curso de agua internacional”, establecida en la Convención de 1997, en el Art. 2, letra b), señalando que este “se entenderá (como) un curso de agua algunas cuyas partes se encuentran en Estados distintos”. Estableciendo una diferencia entre lo que es un río internacional y uno nacional, este último entendiéndose “que desde su fuente hasta dentro de las fronteras de un mismo Estado, de manera que tal Estado lo posee exclusivamente…”. También, río internacional podemos entenderlo como “un curso de agua corriente que separa -ríos fronterizos- o atraviesa -ríos sucesivos o internacionales en sentido estricto- varios Estados. Algunos ríos son tanto fronterizos como sucesivos. Por ejemplo, el Danubio,..”

Además, esta Convención serían trabajos similares a lo realizado por “la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas que sirvió de base para esta.” misma Convención. Por lo que, a la luz de los antecedentes jurídicos y mapas, el Silala sería un río internacional, o más bien dicho un “curso de agua internacional”.

Esta convención estableció diferentes principios, reglas sobre la utilización y captación de aguas que servirían de argumento jurídico a esta controversia. Además, de todas las otras convenciones nombradas con anterioridad, se le sumaría la sesión de Salzburgo hecha por el Institut de Droit International en 1961.

Una de las características de la Convención de 1997 es que, de acuerdo al Art. 5, los Estados deberán usar este recurso de forma equitativa y razonable. Así también lo han confirmado las reglas de Helsinki , Sir Humphrey Waldock, profesor de la Universidad de Oxford, y el profesor Julio Barberis. Lo cual es actualmente norma consuetudinaria y muy bien utilizada por la Corte Internacional de Justicia.

Para determinar este uso equitativo y razonable debemos tomar diferentes factores señalados en el Art. 6 de la Convención, principalmente lo señalado en el Art. 10 párrafo sobre la “satisfacción de las necesidades humanas y vitales”. Que según Helsinki serían las “necesidades domésticas y sanitarias”.

Por otra parte, la Convención de 1997 y la Declaración de Montevideo de 1933 establecen que se deberán tomar medidas apropiadas para el impedimento y la necesidad de no perjudicar al otro Estado ribereño. Por lo que ninguno Estado puede, sin consentimiento del otro, realizar algún trabajo o proyecto no autorizado por su par. A esto se podría agregar; el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre prevención del daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas, el cual codifica responsabilidades internacionales de los Estados.

A pesar de lo anteriormente dicho, este tratado haya entrado en vigencia el pasado 17 de agosto de 2014 (20 años después de su proposición), y parece sorprendente que al revisar firmas y ratificaciones solo encontremos una firma de Venezuela y Paraguay, pero ninguna sobre Bolivia y Chile. Es más, la controversia fue difícil no llevarla a la Corte Internacional de Justicia, ya que no existía alguna forma de poder aplicar el Pacto de Bogotá, ya que entre Chile y Bolivia no rige, ni tratado, excepto la Declaración de Montevideo de 1933.

Respecto de la buena fe en las negociaciones, para el profesor suizo Sauser-Hall, en el Curso de la Haya sobre la “utilización industrial de los Ríos Internacionales”, señaló que “esta obligación de negociar un acuerdo no lleva consigo naturalmente la de concluir, pero ella debe ser ejecutada de buena fe, es decir con la voluntad de prestarse a las acomodaciones que puedan facilitar, en la medida de lo posible y tomando en cuenta la oposición de intereses entre los dos Estados, la conclusión de acuerdos leales, equilibrados y provechosos para las dos partes, y que aseguren a aquella que está expuesta a un perjuicio grave las garantías necesarias y eventualmente las reparaciones que le serían debidas en virtud del derecho internacional general…”, recordando que Chile obtuvo un preacuerdo por las aguas del Silala, del cual no se llegó a buen puerto, ya que Bolivia se retiró. A esto se agrega, que el profesor Samuel Fernandez, señala temer en este contexto, antes que Chile demandara a Bolivia en la Haya, ya que “¿el objetivo (boliviano) es hacer conforme a derecho o es un objetivo político de otra naturaleza, que busca la justificación jurídica para materializarlo en la Corte?”. La verdad que la Corte Internacional de Justicia viene resolviendo los casos conforme a la equidad, y es una verdad irrefutable, por ejemplo “en el párrafo 134 de la sentencia con Perú, la Corte dice que la búsqueda es la solución equitativa”, ya que hace mucho tiempo la misma Corte ha señalado que todo lo que no queda claro en algún tratado, se tendrá que resolver conforme a equidad. Pero, en este caso sería más complejo de lo que podríamos pensar, ya que no existe tratado sobre el Silala, más que lo señalado en el Tratado de 1904 ente Bolivia y Chile.

Cabe mencionar, respecto de lo anterior, que existiría un informe N°84 de la asesoría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, año 1968, pp. 1 y 2, el cual señala que el único instrumento que no necesitaba ratificación constitucional y que sirve para regular internacionalmente este tema es la Declaración de Montevideo de 1933, sobre uso industrial y agrícola de los ríos internacionales. Además, entrega un ejemplo de cómo se solucionó el conflicto del río Lauca, aplicando los mismos procedimientos que inspiraron a esta declaración y finalmente a la Convención de 1997.

Por un lado, es bueno porque se buscaría equidad, pero ¿lo malo? La verdad es que Bolivia dirá que nosotros no hemos pagado por la utilización del 100% de las aguas, y a pesar de que no las ocupa, no las ha regalado. Además, Chile estuvo dispuesto a pagar, cosa que queda clara en la agenda de los 13 puntos, sobre el preacuerdo de 4 páginas que finalmente no surtió efecto, pero sin duda es un precedente de intencionalidad. De esta manera, Bolivia buscaría alguna compensación o indemnización económica. Por el lado de Chile, sería bastante fácil deshacerse de este argumento, ya que la no utilización de las aguas en las alturas no quiere decir que Chile no las puede ocupar, principalmente por los factores que se basa la Convención de 1997 y en base a la no utilización y posible “hipoteca” de las aguas del Silala.

Existe un riesgo latente, pero de alguna forma, es el riesgo que conlleva el demandar a algún Estado.

4. Demanda chilena en la Corte de la Haya.

El día 6 de Junio de 2016, Cancillería, a través del Ministro de Relaciones Exteriores don Heraldo Muñoz, anuncia la decisión adoptada por Chile, ya que Bolivia desconoce que el río Silala sea un río y además un río internacional desde 1997. Por lo mismo “la obligación del Estado del curso superior de tomar en cuenta la manera razonable los derechos e interés de los demás Estados ribereños es absoluta: rige aun en el caso de que las conversaciones o negociaciones se hayan interrumpido o fracasado por culpa de estos últimos”.

La transcripción de la declaración es la siguiente:

“Transcripción punto de prensa del Canciller Heraldo Muñoz

Lunes, 06 de junio de 2016

Queremos informar que Chile ha decidido demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del Río Silala.

Concretamente, por instrucción de la Presidenta de la República, a esta misma hora, en La Haya, la Directora de Fronteras y Límites de la Cancillería, la Embajadora Ximena Fuentes ha hecho entrega al Secretario de la Corte la solicitud de la demanda chilena para que se determine que el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, Chile tiene derecho sobre las aguas de este curso de agua internacional.

El gobierno ha tomado esta decisión como una medida necesaria para defender nuestros intereses frente a una controversia que ha generado la conducta de Bolivia respecto a este río. Bolivia sostiene que el Silala no es un río de carácter internacional; como consecuencia de ello reclama, supuestamente, el uso del 100% de sus aguas. Esta posición de Bolivia se remonta tan solo a 1997. A partir de ese año Bolivia comenzó a negar el carácter del recurso de agua fronterizo del río Silala que antes reconocía. De hecho, lo reconoció por casi 100 años.

A partir de ello, el Presidente de Bolivia anunció el mes de marzo que presentaría una nueva demanda contra Chile en la Corte de La Haya por lo que llamó “el robo de las aguas del Silala”. Asimismo, anunció el desarrollo de una serie de acciones para que el Silala no siga fluyendo hacia Chile. Esto es inaceptable.

Chile ha hecho, a lo largo de los años, intentos serios y variados para solucionar amistosamente esta discrepancia a través de la negociación, las cuales han fracasado por la reiterada actitud de Bolivia de negar los derechos de nuestro país, como lo dejan en evidencia las recientes declaraciones del mandatario boliviano.

Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos. Por consiguiente, hemos demandado a Bolivia ante La Corte de La Haya para que esta institución resuelva esta disputa, declare y reconozca nuestra posición jurídica conforme de derecho, para proteger nuestros recursos naturales y dar certeza jurídica a los derechos que le asisten a Chile, y que Bolivia desconoce.

Bolivia ha anunciado que la preparación de su eventual demanda contra Chile demoraría dos años; Chile no puede permitir que Bolivia siga intentando instrumentalizar el derecho internacional y sus instituciones como vehículos de hostigamiento político. En estas circunstancias le interesa a Chile que la Corte resuelva esta disputa lo más pronto posible.

Como Bolivia ha anunciado diversos proyectos para desviar las aguas del Silala o evitar que estas sigan fluyendo hacia Chile, nuestra acción judicial evitará que esto suceda y obligará a Bolivia a conformar su conducta al derecho internacional, previniéndose acciones que pudieran menoscabar cuantitativa o cualitativamente nuestros recursos naturales.

Chile enfrentará este caso con un equipo técnico de alto nivel de abogados nacionales e internacionales, de los principales expertos en recursos hídricos a nivel mundial, porque este es un caso de una naturaleza técnica y especializada.

De hecho, la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería ha venido reuniendo antecedentes y analizando esta situación desde hace 20 años y contamos con hidrólogos, geólogos y abogados con una alta especialización.

Es por ello que la Presidenta de la República ha decidido encargar el manejo de esta disputa a la Directora de Difrol, la profesora Ximena Fuentes, que será la agente de Chile en este caso. Hemos reclutado a un grupo muy distinguido de juristas. A la Doctora Fuentes la acompañarán de coagentes, la Embajadora en La Haya, María Teresa Infante y -siguiendo con la tradición en estas materias como una política de Estado- será también coagente don Juan Ignacio Piña, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, abogado, doctorado de la Universidad de Navarra, Ex Subsecretario y Ministro de Justicia.

Como puede apreciarse por lo expuesto, este caso no guarda relación con la otra disputa que Chile mantiene con Bolivia en la Corte. En razón de ello serán conducidos y manejados en forma separada de la otra disputa, pero con la debida coordinación, por eso también está nuestro agente José Miguel Insulza.

Los tiempos judiciales de ambos casos harán que no exista un traslape entre ellos y que ambos casos transcurran en tiempos distintos y caminos paralelos.

Tenemos la confianza en que cada una de estas demandas será resuelta conforme a su propio mérito.

Para efecto de presentar esta demanda, Chile se ha basado en la jurisdicción que otorga a la CIJ el Pacto de Bogotá. Ello es una demostración de lo que hemos sostenido con anterioridad, cuando nos ha parecido que se ha forzado la jurisdicción de la Corte con disputas artificiales. Más allá de los términos acordados con nuestro país, hemos ejercido nuestros derechos.

En este caso, hemos recurrido al mismo instrumento, por el reconocimiento de su importancia como vehículo de solución pacífica de disputas jurídicas realmente existentes entre los países miembros del pacto.

En suma, Chile le está pidiendo a la CIJ que declare lo siguiente:

1) Que el río Silala es un curso de agua internacional cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional.

2) Que Chile tiene derecho de uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala en conformidad al derecho internacional.

3) Que, bajo el estándar de uso equitativo racional, Chile tiene el derecho al uso que actualmente hace de las aguas del río Silala.

4) Que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas adecuadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile, resultantes de sus actividades en las cercanías del río Silala.

5) Que Bolivia tiene la obligación de cooperar con Chile y notificarle oportunamente de medidas que haya planificado y puedan tener un efecto adverso en los recursos hídricos compartidos, de intercambiar antecedentes e información y de conducir, cuando sea apropiado, el estudio de un impacto ambiental en orden de permitir a Chile evaluar los posibles efectos de estas medidas planificadas.

En suma, Chile ha demandado a Bolivia para avanzar por nuestros intereses. Chile tendrá la oportunidad de desarrollar por completo sus argumentos, cuando los presentemos oportunamente y cuando se decida conjuntamente con la Corte su memoria. Lo que se acaba de presentar hace algunos instantes en La Haya es la solicitud de registro de nuestra demanda, que es la expresión sucinta de los hechos y fundamentos de nuestra demanda contra Bolivia.

Finalmente, como siempre ha sido nuestra actitud, manejaremos esta demanda que hemos interpuesto contra Bolivia de manera sobria y profesional, velando siempre por los intereses de Chile que es la política de estado de nuestro país.

Heraldo Muñoz

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile”.

El ministro de Relaciones Exteriores, ocupa los mismos términos delineados en este trabajo. Por lo menos, el caso no está lejos de la realidad, pero debemos estar atentos a las posibles invenciones bolivianas.

Conclusiones.

A) El río Silala, verdaderamente es un río internacional. De eso no cabe duda, así se ha argumentado geológicamente como jurídicamente a través de distintas comunicaciones diplomática, informes y declaraciones sobre el mismo tema. El factor decisivo, es que las aguas del río Silala fluyen naturalmente hacia el territorio chileno, formando un curso de agua internacional, sin que se haya modificado o cambiado el curso natural, ya que la mampostería es, simplemente, un cambio de piedras para que el río vaya más rápido, no para que cambio de sentido el río. Por lo que mantiene su curso natural, a pesar de tener canales de captación de agua, que se encuentra en territorio chileno, no interrumpe el curso natural en Bolivia y que, de esto mismo, podemos concluir que Bolivia autorizó tales construcciones hace más de 100 años cuando entregó la concesión en 1908.

B) No solo en el aspecto jurídico tenemos reconocimientos de que el Silala es un Río Internacional, sino en el ámbito académico. El profesor Ingeniero Dr. Teodosio Imaña-Castro, presidente de la Comisión Nacional de Soberanía y Límites de la Cancillería boliviana, expresó, en un seminario organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de la Paz, que las normas de Derecho Internacional regulan los ríos internacionales, basándose en la Convención de 1997 y la declaración de Montevideo, y que ningún tribunal o instancia internacional aceptaría concluir que el Silala no es un río internacional. A pesar, de que la actual correspondencia diplomática boliviana dice lo contrario.

C) Bolivia estaría actuando de mala fe, sin tomar en consideración los factores de la Convención de 1997, ni la Declaración de 1933, ni tampoco los intereses del Estado Chileno. Menos el no notificar de sus construcciones. No concilia su actuar con Chile, ni tampoco realiza conversaciones de buena fe. Solo logra preacuerdos y por presiones políticas no cumple con su palabra, confrontando intereses internos con la política internacional. Siendo una práctica común y constante en el actuar boliviano.

D) Se ha intervenido el Río Silala (véase la foto) sin autorización de Chile, – como dije anteriormente; sin seguir los pasos de la Convención de 1997-, y se ha reanudado el proyecto de truchas que se quería instalar en el Silala. Por parte de Chile existen protestas acerca de esto, y lo más posible es que sean argumentadas en la demanda en la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Es simple, Chile ha utilizado las aguas del río Silala por más de 100 años, sin reclamo de Bolivia antes de 1997. Por otra parte, Bolivia recientemente creó el proyecto de criadero de truchas, ya que anteriormente solo ocupó el río Silala para regadío u otros fines que no significaban un desmedro chileno. Además, la revocación de la concesión y proclamar que el río Silala es propiedad boliviana, tuvo como finalidad; comercializar el como producto el agua del río del cual Chile también tiene derechos, siendo totalmente inaceptable su actuar. Por lo tanto, Bolivia tomó una decisión equivocada al no tomar en cuenta el uso equitativo y razonable. Es más, uno de los factores que debía analizar era la satisfacción de las necesidades humanas y vitales, que, traducidas en otro idioma, serían las necesidades domésticas y sanitarias, principalmente de la población más cercana que son alrededor de 1.200 aproximadamente (chilena) y que se abastece de estas aguas. Hasta podríamos decir que existe una violación a los derechos humanos, ya que mediante la resolución A/64/292, del 28 de julio de 2010, Naciones Unidas reconoció que el agua potable limpia y saneamientos son esenciales para la realización de este derecho humano. La pregunta es ¿Realmente sería limpia esta agua?

E) La futura utilización, a través de distintas declaraciones, no pueden dejar indiferente a nadie. Ya que no es culpa de Chile que Bolivia no aprovechen el agua. Es más, es obligación de Bolivia velar porque esta utilización sea equitativa y razonable porque son ellos los que mantienen en la altura el río y es Chile quién, después de la frontera, capta esas aguas. Y tal como declara el Art. VII de las reglas de Helsinki: “No se puede negar a un Estado el actual uso razonable de las aguas de una cuenca internacional con el fin de reservar para un Estado co-ribereño un uso de tales aguas”.

F) A pesar de la intencionalidad del preacuerdo, derivado de la agenda de los 13 puntos, Bolivia no tendría por qué pedirle a Chile una indemnización; primero, porque es un río internacional, y, segundo, no es culpa de Chile que Bolivia no haya ocupado las aguas del río, en base al procedimiento de la Convención de 1997. Es más, es Bolivia quién tiene la obligación de procurar el uso razonable y equitativo. Es Bolivia quién capta las aguas primero y Chile después.

G) En la Corte Internacional de Justicia, y a la luz de los antecedentes, sería un buen punto demostrar que no existe un uso equitativo y razonable de las aguas desde que Bolivia no reconoce al Río Silala como un Curso de Agua Internacional. Por lo mismo, sería un punto a favor que la premisa “equidad” que siempre ocupa la Corte, al no existir tratado, pueda ayudarnos a ganar este juicio. Además, no creo que exista un tribunal, que, a pesar de la equidad, tape y cegue sus ojos creyendo que este río no es internacional.

Firmado: Miguel Silva Bustos.
Colaborador en Derecho & Perspectiva.
Comité Editorial de Nuevo Derecho.


Demanda chilena en contra de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia: caso del Río Silala
Documento íntegro con notas al pie y fuentes empleadas para su realización.
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