Discriminación indirecta: comentario a la STC 147/1995, de 16 de octubre (Gomaytex)

Las declaraciones en el marco del movimiento internacional en favor de los derechos humanos han insistido profundamente desde hace décadas en el principio de igualdad. La vigente Declaración Universal de Derechos Humanos contiene en sus artículos 1º y 2º la regulación de este principio. También encontramos una amplia serie de convenios internacionales sobre aspectos específicos que hacen referencia a los concretos motivos de discriminación prohibidos expresamente por el artículo 14 de nuestra Constitución. Como vemos, no es una cuestión novedosa, pero en la actualidad, incluso a nivel comunitario se está dando mayor importancia a esta parte del derecho, a la que algunos autores se atreven a bautizar como derecho antidiscriminatorio, como si de una rama específica del derecho se tratara. La finalidad de la legislación contra la discriminación es ofrecer a todas las personas posibilidades equitativas y justas de acceder a las oportunidades sociales. Se distingue entre una discriminación directa e indirecta, y se llevan a cabo acciones positivas para luchar contra la discriminación. Hoy concretamente, voy a estudiar la discriminación indirecta a partir del análisis de la STC 147/1995, de 16 de octubre.

En una empresa vasca de fabricación de guantes de goma había varias secciones que integraban las distintas fases del proceso de producción. En la fase inicial de mezclas y en la fase intermedia de moldeadores y bombos de satinado los trabajadores eran prácticamente todos hombres, mientras que en las secciones dedicadas a la fase final del ciclo (control estadístico y envasado) se integraban exclusivamente por mujeres. La cuestión litigiosa vino derivada de que los hombres cobraban más que las mujeres que trabajaban en la fase final del ciclo productivo, lo que podía indicar un supuesto de desigualdad retributiva en función de sexo.

Las partes del litigio fueron, por un lado, el Sindicato Ezker Sindakalaren Kordinakundea (el “Sindicato”), como demandante el cual luego interpuso recurso de amparo. Este sindicato actuaba en representación de veinticinco de las cincuenta y una trabajadoras que trabajaban en la empresa. Como parte demandada y recurrida en amparo, la mercantil Gomaytex, S. A., tomando parte en fase de amparo también el Ministerio Fiscal.

En primera instancia el sindicato acudió al Juzgado de lo Social número 2 de Guipúzcoa, y consiguieron un fallo favorable. El Juez a quo dictaminó que el valor del trabajo realizado por los varones en las secciones de fase inicial e intermedia del proceso productivo y el desempeñado por las mujeres en la fase final, no guardaba relación con la diferencia retributiva, siendo la auténtica razón la simple condición de ser hombre o mujer.

El Juez de instancia, se mostró como vemos muy tajante al respecto y además realizó un juicio probatorio de lo más acertado. Analizó la prueba entrando a valorar múltiples factores, tales como el conocimiento, habilidad manual, esfuerzo mental, visual y físico. A partir de aquí, cada sección obtuvo una puntuación para dar un valor concreto a su trabajo, quedando la siguiente clasificación: los puestos existentes en mezclas, desmoldeado y control estadístico (13 puntos), siendo levemente inferior en los puestos de envasado (12 puntos) y ligeramente más bajo en los de bombos de satinado (11 puntos). Así pues, viendo el estrecho margen de valoración entre unas y otras posiciones laborales, esto le hizo llegar a la conclusión de que el trabajo entre los hombres y las mujeres era de igual valor.

Lógicamente, a Gomaytex, S. A. no le gustó dicha resolución y recurrió en suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Este tribunal revocó la Sentencia de Primera Instancia alegando una adecuada y justa retribución dispar, por el hecho de compensar las desigualdades de las funciones de cada sección, puesto que en las secciones de los hombres, las condiciones requerían mayor esfuerzo físico, condiciones más penosas y en algunos casos en horario nocturno. También justificándolo atendiendo al carácter paccionado de la norma.

Llegados a este punto, el Sindicato decidió acudir en amparo al Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 14 de la Constitución Española. Alegaron que aunque el trabajo de las mujeres era diferente, resultaba ser de igual valor que el de los varones, puesto que tener en cuenta exclusivamente el esfuerzo físico, resultaba per se discriminatorio y reflejaba infravaloraciones sociales y económicas del trabajo femenino. Hay que destacar que el Ministerio Fiscal suscribió dichos alegatos y además reforzó dicha tesis remitiéndose a varia jurisprudencia del constitucional (SSTC 145/1991 y 229/1992).

Sin entrar a fondo en la conceptualización del principio de igualdad, hay que destacar que el hecho de entender la igualdad ante la ley como consecuencia de la generalidad propia de la norma legal, supone que todos se sometan igualitariamente al ordenamiento y todos tengan igual derecho a recibir la protección jurídica de los derechos que ese ordenamiento reconozca. De hecho, el principio de no discriminación tiene rango de derecho fundamental y abundante jurisprudencia se ha pronunciado sobre el mismo para concretar su carácter y su alcance. Merece ser destacada la STC 8/1986, de 21 de enero de 1986, la cual define el derecho a la igualdad en los siguientes términos: “El derecho a la igualdad constituye, por imperativo constitucional, un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna, esto es, a no ser tratada jurídicamente de manera diferente a quienes se encuentren en su misma situación, sin que exista una justificación objetiva y razonable de esa desigualdad de trato”.

Hecho este breve paréntesis y volviéndonos a centrar en la Sentencia analizada, decir que la empimagen-1resa, por su parte, vino a verter en amparo la misma fundamentación jurídica del TSJ del País Vasco, asegurando que había una inexistencia del requisito de identidad de trabajo que justifique la identidad salarial, por el tema que en las secciones de los hombres existía mayor esfuerzo físico, turnos rotativos de noche y condiciones de mayor penosidad; además de asegurar que la política retributiva era de aplicación desde hacía años por cumplimiento del convenio laboral.

Acudiendo ya a la fundamentación jurídica del Tribunal Constitucional, decir que estamos ante una sentencia muy bien razonada y muy didáctica a nivel conceptual. Señalar que a pesar de que este tipo de discriminación es más difícil de identificar que la directa, esta Sentencia nos la conceptualiza con una claridad abismal. Esta expone que la discriminación indirecta es “la vertiente más sutil y común, la que tiene lugar bajo la apariencia de tratamientos formalmente no discriminatorios, pero que encubren consecuencias perjudiciales para un grupo social determinado, generalmente femenino”.

Obviamente mantiene la línea de que la carga de la prueba corresponde al empresario, quien tendrá la carga de probar que su práctica salarial no perjudica sistemáticamente a la categoría salarialmente infravalorada.

Así pues, el TC centra su objeto de análisis en determinar si el diferente valor atribuido al trabajo prestado en las secciones en las que, de hecho, sólo trabajaban varones frente al desempeñado en las secciones en las que sólo trabajaban mujeres respondía a circunstancias objetivamente acreditadas no vinculadas directa o indirectamente al sexo de los trabajadores. Para que no se vulnere el principio de no discriminación, se tendrá que concluir tanto que el sistema retributivo es transparente, como que los criterios de valoración del trabajo son neutros.

En cuanto al segundo elemento, no pueden ser considerados neutros aquellos factores o cualidades predominantes poseídos por el género masculino, salvo que por la naturaleza del trabajo se requieran tales factores y dicho trabajo tenga un valor específico diferenciado. Se debe tener también en consideración otras características del trabajo como: la atención, cuidado, asiduidad, responsabilidad, etc. Por lo tanto, vemos que el alto tribunal se adhiere al método probatorio que se siguió por el juez a quo de Guipúzcoa. A partir de aquí, entra a resolver el conflicto sin tapujos quitando cualquier tipo de trascendencia al factor de la nocturnidad, por estarse retribuyendo ya de forma específica este plus.

A lo que se refiere a los pactos convencionales, obviamente este argumento no se sostenía por ningún lado. Un convenio colectivo está obligado a respetar el orden público, la ley y más aún si cabe, los derechos fundamentales. Por lo tanto, aunque llevaran años aplicando una retribución marcada en un convenio concreto, dicho argumento no puede ser invocable frente a una discriminación.

Y por último, respecto a un supuesto mayor esfuerzo y penosidad de los trabajos en las secciones masculinas, el TC determinó que estos dos factores no habían sido probados y los otros factores no habían sido tenidos en cuenta ni ponderados, por lo que no se utilizó una categoría neutral. Además, de forma muy acertada estipula que ni el mayor esfuerzo requiere, de suyo, una fuerza física masculina, ni la penosidad del trabajo ha de ser, en principio, mejor tolerada por los hombres que por las mujeres, porque no exige, en todo caso, mayor resistencia muscular ni fuerza física.

Como podéis imaginar, el fallo sostuvo que la valoración no había sido objetiva y transparente y originaba una discriminación por razón de sexo ex art. 14 CE, por lo que dictó la nulidad de la STSJ del País Vasco.

Firmado: Gerard Rincón Andreu
Colaborador Permanente en Derecho & Perspectiva


Fuentes:

  • SUAREZ, G y AMERIGO, F (2016). Artículo 14: Igualdad ante la ley. 2016, de vLex Sitio web: http://vlex.com
  • STC 147/1995, de 16 de octubre

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