EL CONFLICTO DE LA ESTIBA

“Como cada mañana suena el despertador y casi sin moverme de la cama, me pongo la radio. Un día de comienzo de semana hace poco menos de un mes, escucho: “Muy buenos días son las 8:00 horas de la mañana, las 7:00 horas en las Islas Canarias y como primera noticia del día de hoy: “Los estibadores amenazan con hacer una huelga” – ¿los estibadores? ¿por qué? ¿qué ocurre?- “Europa sancionará a España con una multa de más de 100.000 euros diarios si no se llega a un acuerdo” – ¿pero qué acuerdo? ¿qué pasa? ¿cuál es el conflicto? 

Puertos de España

  1.  CONCEPTOS PARA SITUARNOS.

Hasta hace apenas un mes nadie había oído hablar de estos trabajadores. Algunos ni siguieran sabían su función, les suena a puerto, a barcos… ¿Pero quiénes son y qué hacen?¿qué es la estiba? Si acudimos a la RAE, de ella se desprende lo siguiente:

  • Estibar

Del lat. stipāre.

  1. tr. Apretar, recalcar materiales o cosas sueltas para que ocupen el menor espacio posible.
  2. tr. Distribuir convenientemente la carga en un vehículo.
  3. tr. Mar. Cargar o descargar un buque.
  4. tr. Mar. Distribuir convenientemente en un buque los pesos.

Es decir, estibar es la técnica de colocar la carga a bordo para ser transportada con un máximo de seguridad para el buque y su tripulación, ocupando el mínimo espacio posible, evitando averías en la misma y reduciendo al mínimo las demoras en el puerto de descarga.

  • Estibador

De estibar.

  1. m. y f. Trabajador que se ocupa en la carga y descarga de un buque u otro medio de transporte y distribuye convenientemente los pesos en él.
  2. m. Obrero que aprieta o recalca materiales o cosas sueltas.

2. LA IMPORTANCIA DE LA ESTIBA EN ESPAÑA

España es el país con mayor longitud de costa, unos 8.000 km.,  de la Unión Europea (en adelante “UE“). Además su situación geográfica, próxima al eje de una de las rutas marítimas más importantes del mundo, le beneficia de un mayor afianzamiento como área estratégica en el transporte marítimo internacional y como plataforma logística del sur de Europa.

El Sistema Portuario español, de titularidad estatal, está integrado por cuarenta y seis (46) puertos, gestionados por veintiocho (28) Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno.

La importancia de los puertos como eslabones de las cadenas logísticas y de transporte es máxima. Estamos hablando de un sector fundamental para la economía española.

Por nuestros puertos pasan cerca del sesenta por ciento (60%) de las exportaciones y el ochenta y cinco por ciento (85%) de las importaciones, lo que representa el cincuenta y tres por ciento (53%) del comercio exterior español con la Unión Europea y el noventa y seis por ciento (96%) con terceros países, lo que a su vez supone estar hablando de unos doscientos millones de Euros (€ 200.000.000) al año (lo que representa el 20% del PIB). Así que es muy probable que el móvil que lleva en el bolsillo o la tableta o el ordenador que usa en casa haya llegado a España en barco. Es solo un minúsculo ejemplo de la inmensa montaña de productos que cada año se cargan y descargan en alguno de nuestros puertos y que requieren trabajos de estiba.

Con la recuperación económica, todos los expertos coinciden en los pronósticos, de los que ya se han hecho eco, la inmensa mayoría de prensa, y es en poder hablar de máximos históricos en el tráfico de mercancías y personas en los puertos españoles.

3. ¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL CONFLICTO?

Para entender el conflicto hay que saber cómo funciona el sistema particular de contratación del sector, pues es el único en España en el que no se aplica la libertad de contratación, es decir, las empresas que operan en los cuarenta y seis (46) puertos españoles, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Puertos, están condicionadas a contratar personal que pertenezca a las Sociedades Anónimas de Gestión de los Trabajadores Portuarios (“SAGEP“) de forma prioritaria, siendo obligatorio para cubrir un mínimo del veinticinco por ciento (25%) de la actividad.

Dichas empresas, las SAGEP, se dedican exclusivamente a la selección, formación y gestión de los trabajadores portuarios que realizan labores de estiba, esto es, las SAGEP son las únicas que ceden sus trabajadores a los operadores portuarios que prestan el servicio de estiba.  Dicho en otras palabras, las empresas que operan en los puertos, no pueden contratar a los trabajadores que quieran, sino que deben contratar a los trabajadores que formen parte de las SAGEP y además, tienen la obligación de ser accionistas de las mismas.

Estas condiciones atípicas de contratación se fijan en acuerdos marco y convenios pactados con el sindicato mayoritario, “Coordinadora de Trabajadores del Mar”. Los trabajadores se agrupan en torno a un registro de estibadores, una especie de colegiación.

Conocida esta peculiaridad por parte de la Comisión Europea manifiesta que el régimen portuario español impone a las empresas estibadoras obligaciones que son contrarias al artículo 49 el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE“).

Artículo 49 TFUE: En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro.

 La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal como se definen en el párrafo segundo del artículo 54, en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo a los capitales.

Ante esta situación, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (“TJUE“) dictó Sentencia de fecha 11 de diciembre de 2014, condenando a España a modificar la legislación portuaria que regula la prestación del servicio de manipulación de mercancías de los puertos nacionales, de forma que las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores, por considerar que el régimen legal en que se desenvuelve el servicio portuario de manipulación de mercancías contraviene el artículo 49 TFUE,  así como a establecer la entrada al resto de estibadores de la UE  en el mercado español.

4. ¿QUE OCURRE SI ESPAÑA DESOYE LA SENTENCIA EUROPEA?

La aplicación de la Sentencia es de obligado cumplimiento y el retraso en la aplicación de la misma conlleva una sanción económica que se dice que asciende a cerca de veintitrés millones de Euros (€ 23.000.000,00). Sin embargo, en este momento, el Gobierno, perdón, los españoles, nos enfrentamos a una multa adicional de ciento treinta y cuatro mil Euros (€ 134.000,00) diarios por el lapso de tiempo que ha transcurrido hasta la efectiva aprobación de la reforma en el Congreso.

Pero cuidado, que existen otros costes mayores de carácter indirecto, pues el monopolio sindical que ejercen los estibadores ha dañado la competitividad de los puertos españoles, de cuyo buen funcionamiento depende la inmensa mayoría de productos que entran y salen del país. Este gremio, compuesto por poco más de seis mil (6.000,00) trabajadores, ha logrado una serie de privilegios y sueldos desorbitados gracias a dicho monopolio. El alto coste, sumado a las amenazas de huelga que han lanzado los estibadores para paralizar la reforma, se han traducido en una pérdida de clientes para los puertos españoles.

5. ¿QUÉ PROPONE EL GOBIERNO DE ESPAÑA? Y ¿QUE SUPONE LA MODIFICACIÓN LEGAL QUE PIDE EUROPA?

El Gobierno adquirió un compromiso con Bruselas para tramitar el cambio legal con urgencia, para ello se ha preparado un Real Decreto Ley (Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), que como su nombre indica, adapta la Ley de Puertos a las exigencias comunitarias que aprecian que el régimen español de la estiba es contrario al artículo 49 del Tratado de la Unión Europea.

La modificación legislativa supone suprimir, en su mayor parte, el actual régimen de gestión de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías que se recoge en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, es decir, se podrán crear libremente empresas de servicios de estiba con un régimen similar al de una empresa de trabajo temporal, de este modo, se garantiza la libertad de contratación y la no obligación de las empresas de estiba de formar parte de una sociedad que suministra los trabajadores.

Ahora bien, aunque se consagra el principio de libertad de contratación en el ámbito del servicio portuario de manipulación de mercancías, es preciso el establecimiento de un proceso transitorio de tres (3) años que permita un tránsito ordenado, facilitando que los trabajadores de las SAGEP conserven sus derechos laborales preexistentes en el nuevo escenario de libertad competitiva.

Durante el periodo transitorio, podrán subsistir las SAGEP y a fin de que puedan financiarse en la medida necesaria en cada caso y momento, se establece asimismo la obligación para las empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías de requerir el concurso de los trabajadores procedentes de aquellas en un porcentaje decreciente con el transcurso del tiempo, que comienza con un setenta y cinco por ciento (75%), para las actividades que hasta el momento se venían realizando con dicho personal.

Concluido el periodo transitorio, las SAGEP podrán continuar desarrollando su actividad, en régimen de libre competencia, siempre que cumplan los requisitos establecidos con carácter general para las empresas de trabajo temporal.

 

 

Salomé Prego-Villaverde López

Colaboradora permanente en Derecho & Perspectiva


Bibliografía:

  • Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
  • Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (Sala Sexta) de 11 de diciembre de 2014.

Mas Información:

www.puertos.es Ministerio de Fomento – Gobierno de España.

Salomé Prego-Villaverde López

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva

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