El control de contenido en las Condiciones Generales de Contratación

Retomando el tema del mes pasado referente al “comentario del art. 8 de la LCGC”. 

En este artículo vamos a centrarnos brevemente en el “Control de Contenido” de las CC.GG., por ello, debemos tener presente que, al tratar con un contrato con condiciones generales hablamos de un acto en el que participan dos sujetos de manera diversa. 

El Ordenamiento Jurídico ha admitido que uno de ellos elabore  con carácter previo y general e imponga al otro una regla contractual con tal de que éste la acepte y para ello es preciso el control de contenido.

La generalidad de la cláusula prevista para una pluralidad indeterminada de contratos lleva consigo una extensa pretensión de validez en el tráfico jurídico que hace necesaria una intervención especial de la Ley. 

Esta somera descripción expresa la asimetría en la formación de la regla contractual y la importancia del fenómeno que justifica un control de esa regla diferente de los controles generales en un doble sentido: 

  1. Se somete a un específico control de validez. No se admite que el predisponente establezca como regla cualquier regla, aunque respete los límites generales de la autonomía privada, porque además de respetar esos límites generales, debe establecer una regla equilibrada en la que se consideren los intereses de la otra parte y no sólo los suyos.
  2. Se sanciona la invalidez con una regla de ineficacia de pleno derecho relativa.

Se trata por consiguiente de un específico control de validez distinto de los que podríamos denominar como generales que debe su existencia al procedimiento especial por el que la regla contractual ha sido elaborada y a la condición de consumidor del adherente. 

En nuestra Ley además del procedimiento se toman en cuenta las condiciones de empresario del predisponente y de consumidor del adherente. 

Por el procedimiento empleado para establecer la regla contractual es posible que una aparente norma de conducta como la buena fe se transforme en una regla de competencia o de validez.  

El control de contenido de las condiciones generales y cláusulas predispuestas, es un control específico. Un control de contenido de las condiciones generales precisamente por ser tales significaría un control específico por razón del procedimiento contractual, pero general por referido a cualquier contenido contractual, excepto los elementos esenciales. 

Respecto al control de contenido de las condiciones generales y cláusulas predispuestas es un control jurídico, no económico, y no es propiamente judicial, sino normativo y legal. Es propiamente un control de legalidad, porque se trata de aplicar la Ley y más concretamente, aunque también en algunos casos algo idealmente, someter a las cláusulas contractuales a normas preexistentes mediante la subsunción. Es cierto que algunas normas aún deben ser concretadas y formuladas, pero no por eso son inexistentes. 

Los Jueces deben aplicar ese control y son los que principalmente están llamados a realizarlo. 

Otros funcionarios pueden y deben apreciar también la nulidad de las condiciones generales o de las cláusulas predispuestas. 

Hay que diferenciar entre el control del art. 8.1 (condiciones generales en contratos entre empresarios) y otro el del art. 8.2 y de la LGDCU (condiciones generales  o cláusulas predispuestas en contratos de empresarios con consumidores). La nulidad a la que se refiere el art. 8.1 se produce básicamente por la violación de normas generales aplicables a todos los contratos sin ninguna especialidad por tratarse de condiciones generales.

Es necesario  insistir en que existe un grave equívoco. El control de contenido contractual, de condiciones generales  o no, no es un control judicial. Es, por el contrario, un control legal, como sin duda  expresa la frase “nulidad de pleno derecho”.

La autonomía privada está sometida a un control general y  a otros especiales. Es un control especial el que controla por razón del procedimiento y de las personas de los contratantes.  

Una cláusula general legal como la de los arts. 10 1 c y 10 bis LGDCU es una disposición de la Ley, si bien tiene un significado muy diferente a una norma en sentido técnico caracterizada por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica.  

Por eso, por ser la  cláusula general de la buena fe y equilibrio de derechos y obligaciones una disposición de la ley, su aplicación es también aplicación de la Ley y el control, que con ella se verifica, es un control legal, esto es, de la Ley. 

Los funcionarios a quienes incumbe calificar los contratos y ejercer un control de legalidad, dentro de su competencia, deben aplicar la ley, si bien en caso de duda deban partir de la validez de la condición general, lo que fácilmente pude ocurrir si han de aplicar  la  cláusula general de la buena fe y equilibrio de derechos y obligaciones. 

También es importante afirmar que el control de contenido es un control de legalidad  para despejar las dudas de algunos  sobre la ausencia de control sobre los elementos esenciales (precio, relación de equivalencia de las prestaciones), porque los Tribunales no están llamados más que a aplicar la Ley y las demás fuentes del Ordenamiento jurídico y no a  aplicar un juicio de mera equidad

El art. 10.6 LGDCU no admite una interpretación a contrario. No puede entenderse que los Notarios y Registradores solamente deban tener en cuenta la nulidad declarada por sentencia inscrita en el Registro de condiciones generales. Cuando se trata de la nulidad derivada del art. 8.1 LCGC esto sería grotesco. La absurda técnica de la LCGC lleva el precepto a la LGDCU y  con ello da lugar a un resultado aún más inadmisible,  si se sigue la que para mí es una extraña tesis: los Registradores no pueden controlar las condiciones generales.

A pesar de estar situado en el ámbito de las cláusulas abusivas (LGDCU)  el art. 10.6 parece exigir el registro de una sentencia que declare la nulidad de condiciones generales  (LCGC, porque sólo estas sentencias son registrables) para que el Registrador pueda apreciar su nulidad. Ahora bien, bajo la interpretación las cláusulas predispuestas que no sean condiciones generales declaradas abusivas por sentencia firme no podrían ser rechazadas por el Registrador de la Propiedad, a pesar de ser nulas de pleno derecho y existir además esa declaración judicial. Es evidente que es un resultado absurdo  procedente seguramente  de haber querido dotar de algún otro efecto al Registro de condiciones generales y de evitar algunas críticas al proyecto que eran infundadas en cuanto se dirigieron a la función calificadora del Registrador. 

La DGRN otorga una interpretación restrictiva y a contrario al art. 258.2 LH, pero esa es una lectura improcedente. Un argumento a contrario requiere para prosperar algo más que la mera formulación de base, de la misma manera que la analogía requiere algo más que la mera semejanza. La lectura de la DGRN provoca un choque con el art.  18 LH y los arts. 8 LCGC y 10 bis LGDCU, ya que cláusulas nulas de pleno derecho podrán acceder al Registro  de la Propiedad, saltando así, no se sabe muy bien por qué, el principio de legalidad cuando se trata de la protección de los adherentes y consumidores.  No debería ignorarse que al Registro de la Propiedad no deben acceder contenidos nulos y que la inscripción no los convalida, por lo que además de la protección de los consumidores pueden estar en juego la de los terceros. 

El art. 258.2 debe leerse en el sentido de que las cláusulas declaradas nulas deberán ser rechazadas por el registrador, que podrá incurrir en responsabilidad clara si las inscribe, pero no en el sentido de que sólo pueda y deba rechazar esas condiciones generales. Las que no hayan sido declaradas nulas por sentencia y no sean claramente nulas bien por no contravenir la lista, bien por no contravenir claramente la cláusula general de la buena fe y equilibrio de derechos y obligaciones, las podrá calificar con mayor libertad, pero también debe rechazarlas si considera que son nulas. 

La idea de que el control de contenido de las condiciones generales es un control judicial es nefasta, porque ignora que el control es legal y compete a todos los funcionarios dentro de su competencia apreciar la nulidad, siendo una nulidad de pleno derecho. 

La Dirección General en esta resolución parece seguir esa infundada, por exagerada, crítica de las facultades de los Registradores, que no ha sabido detenerse ante competencias indudables de estos funcionarios. 

Firmado: Pablo Padilla.
Redactor en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– Ley 7/1998, 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.

– LH, CC y C.Com.

– Sistema de Derecho Civil (Diez Picazo).

– Resoluciones DGRN.

 

 

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