El Control Difuso de la Constitucionalidad en Venezuela

Los métodos de control constitucional han funcionado para mantener uno de los principios fundamentales que rige en todo sistema democrático de gobierno, el cual es el respeto a la supremacía de la Constitución como expresión soberana de un pueblo. Por ello, en algunos países han aplicado el sistema difuso de la constitucionalidad y en otros un método de control concentrado, siendo éste último ejercido comúnmente por un Tribunal o Corte constitucional. En Venezuela son aplicados los dos métodos de control antes mencionados, es decir, el difuso y el concentrado al mismo tiempo, creándose un sistema mixto de control constitucional. En el presente trabajo haremos énfasis en el sistema de control difuso ejercido por todos los jueces de la República, coadyuvando a la protección de la supremacía constitucional en el país.

“El control judicial de constitucionalidad debe ser tenido más en cuenta ya que puede convertirse en uno de los instrumentos principales para promover una reconstrucción de la práctica constitucional en términos más democráticos”.

Paula Viturro

Como habíamos señalado en un artículo anterior (ver: http://derechoyperspectiva.es/el-control-concentrado-de-la-constitucionalidad-en-venezuela/), en Venezuela existe un sistema “mixto” de control constitucional de leyes, es decir; son aplicados el control concentrado de la constitucionalidad de normas de forma exclusiva por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual tiene un poder anulatorio sobre las leyes o actos ejercidos por los órganos del Poder Público, que violen o menoscaben el Texto Constitucional, esto con el fin de asegurar el principio de la supremacía constitucional; y un método de control difuso al estilo norteamericano, el cual es ejercido por todos los jueces de la República, con efectos particulares, en los cuales, el juez al momento de aplicar una ley, si en su revisión constate que viola o colida con el Texto Constitucional, podrá desaplicarla para el caso concreto, asegurando la vigencia y el pleno respeto a la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes o normas que integran el ordenamiento jurídico del país.

Siguiendo al autor Blanco-Uribe Quintero (2012, pág. 14) el nombre de “control difuso de la constitucionalidad de leyes” fue utilizado por primera vez por el jurista aleman Carl Schmitt en los años 30 y luego por el jurista italiano Piero Calamandrei en los años 50, el cual lo fundamentó más ampliamente, para terminar siendo utilizado para describir al modelo norteamericano de control de la constitucionalidad de leyes.

En Venezuela antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, ya existía en nuestro ordenamiento jurídico una norma que establece de forma clara y precisa el método de control difuso de la constitucionalidad, así lo vemos en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil del año 1990 donde establece que “Cuando la Ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia”.

En la Constitución de 1999 se viene a establecer en la primera parte del artículo 334 la obligación por parte de los jueces de aplicar las disposiciones constitucionales de forma preferente por encima de las disposiciones de cualquier ley, en caso de exista colisión entre ambas. Dicho artículo establece que:

“Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente”.

Visto lo anterior, el control difuso de la constitucionalidad es aquel procedimiento mediante el cual el juez ordinario en el curso de un proceso puede “desaplicar” cualquier disposición legal, por considerar que ésta contrarié de alguna manera alguna norma constitucional, por ello el método de control difuso de la constitucionalidad en Venezuela es de tipo indirecto, subjetivo, concreto, y con efectos particulares. Es necesario resaltar que se habla de “desaplicar” y no de “anular” ya que el único órgano que tiene el poder de anular leyes por vicios de inconstitucionalidad es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual como ya hemos mencionado, ejerce de forma exclusiva el control concentrado de la constitucionalidad en el país, tal como lo expresa la parte in fine del artículo 334 constitucional.

La Sala Constitucional en sentencia Nº 3126 del año 2004, haciendo una interpretación del artículo 334 del Texto Fundamental estableció que:

“En el modelo concentrado europeo, sin embargo, existe un acercamiento al modelo difuso: aparte de la acción indirecta y abstracta hay la posibilidad de que los jueces eleven una consulta ante el Tribunal Constitucional, con ocasión de los casos concretos de que conocen.

Los supuestos para esa cuestión incidental varían según el país, pero se presenta coincidencia en un aspecto: el juez no puede declarar, ni siquiera para desaplicar, la inconstitucionalidad de la norma; tan sólo puede considerar que esa inconstitucionalidad existe (caso alemán), tener duda al respecto (caso español) o estimar que la inconstitucionalidad planteada en el juicio no está desprovista de posibles fundamento (caso italiano); de ser así el asunto pasa a manos del único órgano que puede pronunciarse: el Tribunal Constitucional.

(…)

El caso venezolano, al contrario del alemán, el italiano o el español, no necesita de la intervención inmediata del órgano monopolizador del poder anulatorio, es decir, de esta Sala. No se requiere por cuanto cualquier tribunal puede desaplicar, sin consultas. En caso de desaplicar, el fallo estará sometido al control ordinario por los jueces que sean superiores, los cuales podrán bien confirmar, bien revocar la decisión.

De esta manera, el control de la constitucionalidad queda entregado, sin problemas, a los órganos judiciales ordinarios, siempre que la decisión sea sólo de desaplicación para el caso concreto. El sistema lo permite: los propios tribunales de instancia analizan el asunto de constitucionalidad y lo resuelven. Sólo en caso de que, superados todos los recursos, el fallo definitivamente firme contenga una desaplicación es que se justifica la intervención de la Sala. No es necesaria una intervención preventiva, como si los jueces de instancia no tuvieran poder suficiente para resolver el caso.

Si al final la norma no es desaplicada por el juez cuya decisión se convierte en firme –que es la que importa en definitiva para cada caso concreto- habrá quedado inalterado el ordenamiento legal. Debe recordarse que, aunque la Constitución esté en la cúspide del ordenamiento jurídico, las leyes se presumen válidas. Por ello, la aplicación de la norma legal (o sublegal) a casos concretos o tiene que ser preocupante, sino que la inquietud debe surgir cuando no se aplique por reputarse violatoria de la Carta Magna. Ello no impide, claro está, que cualquier persona (en virtud de la acción popular existente en nuestro país) impugne directamente la norma ante la Sala, por vía de acción abstracta. En este último supuesto, el caso concreto pierde importancia, siendo sustituido por un recurso objetivo”.

Como vemos, la Sala Constitucional luego de hacer un análisis comparativo entre el control difuso y otros medios indirectos de control constitucional aplicados en Europa, establece de forma clara, que los jueces de la República Bolivariana de Venezuela pueden desaplicar una disposición legal o sublegal (reglamento, acto administrativo) cuando ésta colide con el Texto Constitucional, de forma concreta y con efectos particulares, sin la necesidad de la intervención de ningún órgano, ni siquiera la propia Sala Constitucional.

Ahora para mantener la uniformidad de la jurisprudencia constitucional, y a su vez controlar la constitucionalidad de las leyes a posteriori, se le confiere a la Sala Constitucional como máximo guardián de nuestra Ley Fundamental, la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada, en las cuales se haya desaplicado una norma en el ejercicio del control difuso. Dicha competencia creada por la Constitución de 1999 siendo una verdadera innovación es la establecida en el artículo 336 (referente a las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia) numeral decimo (de la revisión de sentencias de amparo y control de leyes o normas dictadas por tribunales), el cual dispone la facultad de:

Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva” (destacado nuestro).

El fin que persigue la Sala Constitucional con esta potestad de revisión, es resolver con carácter definitivo las dudas que puedan surgir sobre la constitucionalidad de una ley en particular, que fue objeto de desaplicación judicial. Finalidad meramente objetiva, ya que lo que se trata es de evitar la posible coexistencia de criterios dispares en torno a la constitucionalidad de un texto legal. Entonces puede el juez que haya desaplicado alguna norma, y una vez el proceso haya alcanzado los efectos de la cosa juzgada que se traduce en tres aspectos: 1. De inimpugnabilidad, significando que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada no podrá ser sujeta a revisión por ningún juez, cuando ya se han agotado todos los recursos y demás medios de impugnación que confiera la ley; 2. Inmutabilidad, según la cual la decisión no es atacable indirectamente, por cuanto no es posible la apertura de un nuevo proceso sobre el mismo tema; y 3. Coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de actos decisorios de condena. Podrá remitir a la Sala Constitucional para que ésta haga un examen sobre la sentencia y pueda establecer si la desaplicación fue efectivamente ajustada a Derecho y de serlo pasaría la Sala Constitucional a realizar un examen abstracto de la norma desaplicada para que en caso de que sea inconstitucional proceda a anularla con efectos erga omnes  y de forma definitiva, ejerciendo entonces el control concentrado directo de la constitucionalidad de leyes.

Vale decir que con respecto a la revisión de sentencias definitivamente firmes donde se haya efectuado alguna desaplicación en el ejercicio del control difuso, además de la consulta que puede realizar el juez según lo explicado anteriormente, podrá también la Sala Constitucional de oficio o a instancia de parte interesada (legitimada para ello) realizar un examen de la sentencia, ya que en caso de que la desaplicación de una ley no sea conforme a Derecho u ocasione algún perjuicio a los derechos de algún justiciable, la Sala Constitucional podría anular la decisión, reabrir el caso y ordenar nuevamente a decidir o dictar incluso la decisión de fondo con la finalidad de evitar dilaciones indebidas que puedan ocurrir con el reenvió de la causa.

William Correa

Colaborador Permanente en Derecho & Perspectiva

Fuentes: 

Blanco-Uribe Quintero, A. (2012). El control indirecto de la constitucionalidad en España y Venezuela. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.

Casal, J. M. (2012). La protección de la Constitución frente a las omisiones legislativas: tendencias jurisprudenciales. En Varios, La Justicia Constitucional en el Estado Social de Derecho. En Homenaje a Néstor Pedro Sagüés (págs. 169-196). Caracas: Universidad Monteávila .

Kiriakidis, J. (2012). El control concentrado a la venezolana de la inconstitucionalidad de los actos de ejecución directa de la Constitución por vía principal o de acción en Venezuela. En Varios, La Justicia Constitucional en el Estado Social de Derecho. En Homenaje a Néstor Pedro Sagüés (págs. 473-501). Caracas: Universidad Monteávila.

Sagüés, N. P. (2012). Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. La “Constitución Convencionalizada”. En Varios, La Justicia Constitucional en el Estado Social de Derecho. En Homenaje a Néstor Pedro Sagüés (págs. 387-398). Caracas: Universidad Monteávila.

Urosa Maggi, Daniela. (2015). Fundamentos constitucionales del control jurisdiccional de los poderes públicos en Venezuela. Vínculos y diferencias entre la justicia constitucional y la justicia administrativa. En Varios, LIBRO HOMENAJE A LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES EN EL CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN (Vol. I, págs. 321 – 345). Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Viturro, P. (2002). Sobre el origen y el fundamento de los sistemas de control de constitucionalidad. Buenos Aires: AD-HOC.

Imagen: El vitral del Tribunal Supremo de Justicia realizado por el artista Alirio Rodríguez. Fuente: tsj.gob.ve

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