El Crowdfunding y su regulación en el Ordenamiento Jurídico español

Una de las consecuencias directas del estallido de la crisis del 2008 fue la drástica reducción del acceso por parte de numerosas familias y empresas a fuentes de financiación. En el lapso de un año se había pasado de la política de “créditos para todos” a “créditos para nadie”. Sin embargo, y como suele decirse, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, y este hecho, el de la dificultad para poder obtener financiación por la vía tradicional, coincidió en el tiempo con el auge del micromecenazgo o “crowdfunding”.

El “crowdfunding” es un instrumento de financiación especialmente útil para poner en marcha nuevos proyectos que consiste, tal y como pone de manifiesto Lula Gómez, en “lanzar una idea desde una plataforma online que debe captar socios en un tiempo limitado (entre 30 y 40 días), por la que se pagará un precio micro, ofreciéndose una recompensa para motivar al potencial colaborador”. De esta manera, si la campaña logra captar al número suficiente de socios, la idea inicial conseguirá salir adelante sin haber tenido que pasar por un banco u otros prestamistas que conformaban, hasta hoy, los canales tradicionales de financiación.

Como es habitual, este fenómeno le tomó la delantera nuestro ordenamiento jurídico y no fue hasta el año 2015 que se reguló el mismo a través de la Ley 5/2017, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. Dentro del ámbito de ésta encontraríamos regulados dos de los tres tipos que comúnmente conforman el crowdfunding. El primero de ellos sería el crowdlending, por el cual la empresa recibe una serie de préstamos de diferentes inversores particulares. El segundo sería el conocido como equity crowdfunding (cuyo capital social ascenderá a un mínimo de 60000 euros), en el que nuevamente una empresa o emprendedor conseguiría recaudar una cantidad de dinero proveniente de pequeños inversores, si bien en este caso los mismos inversores pasarían a formar parte de la masa accionarial de la empresa principal. El último de los tipos, y que no se ve afectado por la Ley, es el más conocido por todos y es con el que hemos empezado esta entrada.

El mero hecho de unificar en una ley diferentes tipos de micromecenazgo ya es significativo, por cuanto supone una importante diferencia con los países de nuestro entorno como son Reino Unido, Francia o Italia, quienes cuentan con regulaciones distintas en función de que nos encontremos con sistemas de financiación colectiva basadas bien en préstamos bien en participaciones en el capital.

Otra cuestión a tener en cuenta de esta ley es la búsqueda de la protección del inversor a través de su clasificación en dos grupos: acreditados y no acreditados.  Los primeros serán tanto los inversores institucionales y empresas o fondos con activos por valor de un millón de euros, negocio que ascienda a dos millones o recursos propios de 300000 euros, así como las personas físicas con rentas anuales por encima de 50000 euros o patrimonio de más de 100000 euros.

En cuanto a los inversores no acreditados, quedarían definidos de manera negativa, esto es, todo lo que no entre en la categoría de acreditado será no acreditado. Además, el artículo 82 nos informa respecto de éstos que:

“1. Las plataformas de financiación participativa se asegurarán de que ningún inversor no acreditado:

a) Se comprometa a invertir o invierta a través de ella más de 3.000 euros en el mismo proyecto publicado por una misma plataforma de financiación participativa.

b) Se comprometa a invertir o invierta a través de ella más de 10.000 euros en un período de doce meses, en proyectos publicados por una misma plataforma de financiación participativa.

2. Asimismo, las plataformas de financiación participativa deberán requerir de los inversores no acreditados la manifestación a la que se refiere el artículo 84.2.b) para evitar que los inversores no acreditados inviertan en un periodo de 12 meses más de 10.000 euros en proyectos publicados en el conjunto de plataformas.”

A través de esta limitación se ha buscado proteger a aquellos ciudadanos más vulnerables y con menos experiencia que pudieran poner en riesgo su patrimonio. Otro aspecto importante relacionado con la protección del particular y con el aseguramiento del buen hacer radica en el hecho de que las plataformas de equity crowdfunding estén bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La CNMV es quien se hace cargo del proceso de autorización en exclusiva, sin perjuicio de que existe necesidad de informe preceptivo por parte del Banco de España en el caso que el proyecto se instrumentalice a través de la solicitud de préstamos. También es quien gestiona el registro y la posterior supervisión de ese tipo de plataformas.

Cifras como las presentadas por Verkami, una de las principales plataformas de crowdfunding de nuestro país, con más de medio millón de mecenas y 24 millones de euros invertidos en los últimos 5 años, lo confirman. No obstante, este volumen de capital aún se encuentra lejos de, por ejemplo, los 113 millones de Francia, 117 de Alemania o los sorprendentes 2000 millones de Reino Unido, según cifras del año 2014. Estas variaciones, unido a lo que hacíamos referencia justo al principio a propósito de una falta de armonización en las leyes que rigen el crowdfunding a nivel europeo, nos hacen ver que todavía tenemos un largo camino que recorrer por delante.

Douglass North, ganador del Premio Nobel de Economía en 1993 por su aportación en el campo de la investigación en historia económica, sostenía que una de las principales funciones de las instituciones formales y tradicionales que conocemos era rebajar el nivel de incertidumbre que rodea nuestras vidas e intercambios. Sin embargo, estamos entrando en una fase en la que, por primera vez, existen medios alternativos originados al albur de la explosión tecnológica, que permiten que el desarrollo económico no encuentre su sustento en las instituciones sino en el mundo digital.

Santiago Campos Ruiz

Colaborador en Derecho & Perspectiva


Fuentes:

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