El debido proceso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

El debido proceso es un derecho humano reconocido por las mayorías de las Constituciones del mundo, pero también es importante señalar su protección por los órganos internacionales de protección de los DDHH, en concreto en el Sistema Interamericano de protección.

En las siguientes líneas procedemos a explicar de forma general como se encuentra conformado el debido proceso en la Convención Americana de DDHH y su tratamiento por la Corte Interamericana.  

Las garantías judiciales vienen cobrando cada día más importancia en el plano del Derecho, lo cual es motivado a que no se puede obtener justicia cuando en un proceso judicial o en un procedimiento en sede administrativa, se les son violadas a los justiciables o administrados, según sea el caso, las garantías procesales, como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho de ser asistido, entre otras. Por ello, es necesario que los órganos del Estado competentes para dirimir los conflictos que se susciten entre particulares, o entre estos y el Estado, apliquen el conjunto de garantías judiciales que conforman el llamado “debido proceso legal” el cual no es más que un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales.

En el continente Americano, el derecho al debido proceso aparece reflejado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 1969), donde se reconoce el derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,  y al derecho a un proceso debido (conformado a su vez por un conjunto amplio de garantías).

El debido proceso ha sido definido por la Corte Interamericana de Derecho Humanos (en adelante CIDH) como “El conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos” (ver opinión consultiva OC-9/87; caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, y caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251, párr. 156).

Según la Corte la aplicación de las garantías judiciales (también llamadas procesales) no se debe limitar solo a los procesos judiciales, sino también aplicarse a todo procedimiento distinto en pro de la protección de las personas, para que éstos puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que afecte sus derechos.imagen-1

Estas garantías judiciales o procesales contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos son las siguientes:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Hay que destacar que la CIDH ha establecido en diversos informes y sentencias que el artículo 8 de la Convención ha sido violado en más del 95% de los casos sujetos a su conocimiento, y se ha hecho especial referencia al contenido y exigencias del mismo en más del 50% de sus opiniones consultivas, quedando así demostrado que el tema del debido proceso legal “ha sido y siguen siendo uno de presencia permanente en los casos que se presentan ante la Corte Interamericana” (ver caso:  Barbani Duarte y otros vs. Uruguay. Voto concurrente del juez Diego García-Sayán, párr. 3. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234).

La Corte ha destacado que el artículo 8 de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia, el cual debe ser entendido como el derecho que tiene toda persona de acceder a los órganos de justicia para hacer valer sus derechos e interés, sin trabas ni obstáculos, solo cumpliendo con los postulados legalmente establecidos. El acceso a la justicia como menciona la Corte es un derecho imperativo que debe ser supremamente protegido y reconocido por los Estados, y que dicho derecho no se agota allí, sino también debe ser reconocido por los órganos internacionales de justicia de protección de los DDHH. En consecuencia, señala la corte que cualquier norma o medida del ordenamiento interno de un Estado que imponga costos o dificulte de cualquier forma el acceso de los individuos a los órganos de justicia, debe entenderse contraria al artículo 8 de la Convención. En el mismo sentido, nos señala la autora Ibáñez Juana que “…el Estado tiene la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de estas”.

En definitiva, el debido proceso es un derecho humano que debe ser reconocido y garantizado por los Estados, ya que si partimos de la premisa que el proceso es una herramienta fundamental para alcanzar la justicia, dicho proceso debe estar revestido de una serie de garantías judiciales que eviten la indefensión de los justiciables, y les posibilite el acceso (sin ningún tipo de obstáculos) a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos.

Firmado: William Correa.
Colaborador Permanente en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– http://www.corteidh.or.cr/

– Ibáñez, J. (2014). Artículo 8. Garantías Judiciales. En K. A. STIFTUNG, Convención Americana Sobre Derechos Humanos Comentada (págs. 207-254). Distrito Federal, México: KONRAD ADENAUER STIFTUNG.

Imagen

– Opinión Digital.

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