EL DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS

La reciente reforma del Código Penal ha introducido importantes modificaciones en el tratamiento penal de los delitos relativos a la intromisión en la intimidad y descubrimiento y revelación de secretos, descritos en el Capítulo I del Título X. Principalmente se dirige a fortalecer la protección de la intimidad y prevenir nuevas conductas que las nuevas tecnologías de la información y comunicación han posibilitado, solucionando de esta forma la falta de tipicidad de algunas de ellas. Es mediante este artículo como pretendo exponer todo este tipo penal que tanto afecta a la esfera privada de una persona y nadie tiene ni debe que soportar, de ahí su tipicidad como delito.

Los supuestos a los que ahora se ofrece respuesta son aquellos en los que las imágenes o grabaciones de otra persona se obtienen con su consentimiento, pero son luego divulgados contra su voluntad, cuando dicha imagen o grabación se haya producido en un ámbito personal y su difusión, insistimos, sin el consentimiento de la persona afectada, lesione gravemente su intimidad.

Podemos definir los delitos de descubrimiento y revelación de secretos como aquellos tipos penales que protegen el derecho a la intimidad y secretos de una persona mediante los artículos 197 hasta el 201 del Código Penal (CP).

Concretamente y desde el punto de vista jurídico, un secreto es un hecho que solamente es conocido por una persona o un número limitado de personas, y que el texto punitivo busca que no sea conocido sin la voluntad de esta/s. Por otra parte, el derecho a la intimidad hace posible que una persona pueda proteger su derecho sobre toda información o hechos que pertenecen a su vida privada, desde su dimensión negativa de excluir el conocimiento o presencia de terceros en aquellas parcelas de la vida privada que quieren mantenerse reservadas al sujeto mismo, o en su dimensión positiva en cuanto a que determinados aspectos de la vida privada se reservan a un determinado círculo de personas.

Es por ello, que el bien jurídico protegido en estos delitos sea la intimidad reconocido por nuestra Constitución Española (CE) como un derecho fundamental en su artículo 18 “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Más concretamente a la intimidad en su esfera personal, al ámbito que éstas siempre preservan de las miradas ajenas, aquél que desea mantenerse oculto a los demás por pertenecer a su esfera más privada (SSTC 151/1997, de 29 de septiembre), vinculada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), que no sólo se reconoce al individuo aisladamente considerado, sino también a las personas más expuestas al público y al núcleo familiar.

 Por ello reiterada jurisprudencia señala que la protección penal al derecho de la intimidad es una manifestación más del Derecho Penal Moderno de un Estado Democrático como es el nuestro, haciéndose más necesario con la actual sociedad de la técnica, del dominio de la opinión pública y de los medios de comunicación. Insisto, que la derivación de la dignidad de la persona implica “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana”. (Sentencias del Tribunal Constitucional números 231/1988, 197/1991, 20/1992, 219/1992, 142/1993, 117/1994 y 143/1994).

En concreto, el delito de descubrimiento y revelación de secreto mantiene como tipos penales básicos:

  1. Delito de descubrimiento de secretos documentales.

El primer tipo básico se encuentra regulado en el art. 197.1 CP, que castiga a quien se apodere de los papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales de otro, quien no otorga su consentimiento, con la finalidad de descubrir sus secretos o vulnerar la intimidad. Las penas previstas son las de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Se debe obrar, pues, de forma claramente maliciosa para conocer él mismo los secretos o intimidad del otro y/o para transmitir esos datos a terceros.

Los datos en este supuesto están contenidos en un soporte material, admitiendo cualquier tipo de documento de los mencionados u otros, pues hay una cláusula abierta para tal efecto. Sin embargo, lo que es imprescindible es que el sujeto activo obre sin el consentimiento del titular, sin exigir ningún requisito especial para ser autor de este delito.

  1. Delito de interceptación de comunicaciones

El art. 197.1 CP en su inciso final, castiga el delito de interceptación de comunicaciones de manera que es autor del mismo quien con la finalidad anteriormente descrita (descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro) intercepte las telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación. No se castiga oír personalmente una conversación sino utilizar medios técnicos de captación o almacenaje de información para captar los datos protegidos. A modo de ejemplo, quien grabe una conversación que mantienen unas personas en una habitación estaría cometiendo este tipo delictivo y como consecuencia se aplicarían las mismas penas que en el apartado anterior.

Igualmente, se exige la ausencia de consentimiento del otro, pues de lo contrario haría los hechos atípicos como grabar una conversación en el que participa, o cuando la conversación es grabada por decisión judicial al amparo de las normas sobre interceptación de las comunicaciones previstas en el artículo 18.3 CE y 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) como diligencias de investigación del delito en la instrucción penal.

  1. Delito de descubrimiento de secretos en soporte electrónico

Se prevé en el art. 197.2 CP el delito de descubrimiento y revelación de secretos cuando sin estar autorizado y en perjuicio de tercero o titular de los datos se apodera, transforma o modifica los datos personales o familiares de otro que se encuentran en un soporte electrónico: registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. La norma castiga también, al que acceda por cualquier medio a estos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. En ambos casos, se impone la misma pena que en los supuestos anteriormente citados.

Pueden ocurrir cuando el acusado se hace con la clave secreta de su pareja o novio, y accede a sus correos electrónicos y al contenido de los mismos sin su consentimiento, así como a sus perfiles de otras aplicaciones de redes sociales como Facebook, Twitter o Tuenti, y haciéndose pasar por él, entabla conversaciones con familiares y amigos por chats e incluso envía correos electrónicos.

Cabe señalar que los verbos empleados, y en concreto la esencia de la acción no es el mero apoderamiento, acceso, modificación o alteración, sino la utilización de los datos de carácter personal o familiar. De manera que el autor comete los hechos sin autorización, para ello habrá que estar a la regulación de acceso a los datos según el supuesto y soporte de que se trate, debiéndose tener en cuenta en todo caso la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  Se excluyen del tipo penal básico los datos especialmente sensibles, pues serán objeto de tratamiento en posteriores tipos agravados.

Este capítulo prevé también una serie de tipos cualificados, para los que el legislador establece una serie de castigos aún más graves, como consecuencia de la importancia de las circunstancias que estos presentan.

  1. Agravaciones por la cualidad del sujeto activo

Hasta ahora hemos visto el tipo penal básico cometido por cualquier persona con una pena de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Sin embargo, cuando los hechos son cometidos por personas con una posición privilegiada de posesión y acceso a los datos la conducta es más grave al ser más reprochable, y por consiguiente la pena aumenta.

El artículo 197 CP en su apartado 4 castiga con una pena de prisión de tres a cinco años a las personas que comenten los hechos descritos en el apartado 1 y 2 del mismo precepto, utilizando los datos personales de la víctima sin su consentimiento, y a su vez son encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros

Por otro lado, el artículo 198 CP castiga con las penas que corresponda al autor pero en su mitad superior a la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, y sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realzara cualquiera de las conductas recogidas anteriormente, es decir, caso por ejemplo en el que un Juez o un policía, al margen de un procedimiento judicial el primero y sin una orden judicial, en el segundo, procedan a una escucha telefónica.

El último supuesto contemplado como agravante por la condición del sujeto activo, es el art. 199 CP, en él se castiga con pena de uno a tres años y multa de seis a doce meses a quien revele secretos ajenos de los que se tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales. Continúa en su apartado 2 señalando una pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años, al profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona. Pensemos en un profesional como pueda ser un psicólogo que revele información de uno de sus pacientes.

  1. Agravación por la revelación del secreto

Las tres conductas a las que hace referencia este agravante las regula el art. 197 en sus apartados 3 y 4:

En primer lugar, la del que captó los datos, hechos o imágenes por las modalidades estudiadas anteriormente y además las difunde, revela o cede a terceros. La pena en este caso es de prisión de dos a cinco años.

Quien, sin haber participado en la captación, pero conociendo su origen ilícito, las difunde, revela o cede a terceros. La pena en este caso es de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

Finalmente, el encargado o responsable del fichero que además de la conducta de captación de la información, la difunde, revela o cede a terceros, incurre en la pena de prisión de cuatro a cinco años.

  1. Agravación por la especial naturaleza de los datos sobre los que recae la acción

Cuando los datos sobre los que recae la acción son datos especialmente sensibles, es decir, aquellos que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal denomina “especialmente protegidos” en su art. 7, la acción alcanza una mayor gravedad punitiva.

Se prevé en el art. 197 CP, apartado 5, al establecer que cuando los hechos descritos en dicho precepto afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.

  1. Agravación por el desvalor especial de la finalidad perseguida

El artículo 197.6 CP, en atención a la especial reprochabilidad de los hechos, castiga más gravemente cuando se realizan con fines lucrativos. Si recae sobre datos de protección ordinaria se impondrán las penas en su mitad superior, si afecta a los datos especialmente protegidos que vimos en el apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años.

Para finalizar cabe destacar, que la novedad de este tipo delictivo obedece a que se otorga una mejor tutela al derecho a la intimidad, la cual  cada vez se ve más afectada ante las nuevas tecnologías dado que posibilitan  multitud de ataques a la intimidad personal. Todos estos cambios hacen necesaria la actualización del derecho penal, con especial relevancia de  los llamados delitos informáticos teniendo en cuenta que, en la sociedad actual de la información y la comunicación gran parte de nuestra información más privada y personal se encuentra automatizada y almacenada en bases de datos.

Marina Manzanares

Colaboradora permanente en Derecho & Perspectiva


“Descubrimiento y revelación de secretos”. Wolters Kluwer.

–  Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

– Constitución Española, 1978

“La nueva regulación penal de los delitos relativos a la intromisión en la intimidad y descubrimiento y revelación de secretos.” ENATIC, Abogacía Digital.

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