El Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso,  a los de legalidad e imparcialidad. 

La norma básica que regula el Ministerio Fiscal español es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/81 de 30 de diciembre y  modificado por la Ley  24/2007, de 9 de octubre, que refuerza su autonomía y moderniza su organización territorial. 

Podemos definir el Ministerio Fiscal como “un órgano público creado por el Estado para colaborar en la función de Justicia con el órgano jurisdiccional, pero independiente de éste”.

La Constitución no define la institución del Ministerio Fiscal, pero sí señala sus atribuciones diciendo que: “El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social” (artículo 124.1).

También dispone la Constitución que: “La Ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal” (artículo 124.3). En desarrollo de este precepto se dictó la Ley de 30 de diciembre de 1981 que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante Estatuto), que ha sido objeto de múltiples modificaciones.

El Estatuto Orgánico señala en su art. 1 que: “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.”

Podemos definir el Ministerio Fiscal como “un órgano público creado por el Estado para colaborar en la función de Justicia con el órgano jurisdiccional, pero independiente de éste”.

La Constitución no define la institución del Ministerio Fiscal, pero sí señala sus atribuciones diciendo que: “El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social” (artículo 124.1).

También dispone la Constitución que: “La Ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal” (artículo 124.3). En desarrollo de este precepto se dictó la Ley de 30 de diciembre de 1981 que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante Estatuto), que ha sido objeto de múltiples modificaciones.

El Estatuto Orgánico señala en su art. 1 que: “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.”

El artículo 3 del Estatuto de Ministerio Fiscal define en dieciséis apartados las funciones del Ministerio Fiscal que son, entre otras, las siguientes:

  • Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
  • Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
  • Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
  • Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.
  • Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.
  • Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.
  • Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.
  • En materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.
  • Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.

El Estatuto del Ministerio Fiscal, por su parte, define al Ministerio Fiscal en su artículo 2 diciendo que: “El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad” 

Los principios configuradores son los siguientes:

 

1.     Principio de legalidad

El principio de legalidad implica la sumisión del Ministerio Fiscal en su actuación al ordenamiento jurídico (artículo 6 del Estatuto).

Al Ministerio Fiscal le corresponde “defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la Ley, así como procurar la satisfacción del interés social”, pero no mediante actuaciones propias directamente encaminadas a esos fines, sino actuando ante los Tribunales para que sean éstos los que dicten resoluciones ajustadas a la legalidad, que tutelen los derechos de los ciudadanos, que protejan adecuadamente el interés público y que, en fin, satisfagan el interés social.

 

2.    Principio de imparcialidad

El principio de imparcialidad significa que el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados (artículo 7 del Estatuto).

Si bien se mira, la sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad es común a la actuación de todos los poderes públicos (artículos 9, 103 y 117.1 de la Constitución). Ahora bien, poniendo en relación el significado general de estos principios con las funciones que específicamente corresponden al Ministerio Fiscal cabe deducir algunas consecuencias de interés.

Así, dado que la función del Ministerio Fiscal consiste precisamente en defender la legalidad ante los Tribunales, el principio de legalidad impone que esta defensa sea promovida siempre, en cuanto se ponga de manifiesto al Ministerio Fiscal una situación de posible infracción de  la Ley en aquellos ámbitos en que, por estar presente un interés público o social, su intervención está prevista legalmente.

Por tanto, el principio de legalidad se opone a que el Ministerio Fiscal pueda decidir, con arreglo a criterios de conveniencia u oportunidad, si actúa o no actúa ante situaciones de posible infracción de la Ley. La única discrecionalidad admisible en la actuación del Ministerio Fiscal es la llamada discrecionalidad técnica, que consiste en valorar, aplicando exclusivamente criterios de técnica jurídica, si una determinada situación puede comportar o no infracción de la Ley. Cuando este juicio técnico conduzca a la apreciación de que, efectivamente, ha podido producirse un ataque a la legalidad, el Ministerio Fiscal está obligado a actuar ante los Tribunales en defensa de la Ley, sin que pueda renunciar a hacerlo por consideraciones de conveniencia u oportunidad (escasa entidad de la infracción, reparación del daño u otros similares, salvo en los casos en que la Ley permita expresamente tener en cuenta estas circunstancias).

En cuanto a la imparcialidad del Ministerio Fiscal, conviene subrayar que no es una característica incompatible con su condición de parte en los procesos en que interviene, ni sitúa al funcionario del Ministerio Fiscal que en cada caso actúe en un nivel distinto y superior al de las demás partes. Lo único que comporta la exigencia de imparcialidad es que el Ministerio Fiscal, a la hora de fijar la posición que vaya a adoptar en cada proceso en que intervenga, debe hacerlo atendiendo exclusivamente a lo que estime procedente para defender mejor la legalidad y el interés publico o social que está en juego y sin tener en cuenta las circunstancias que para ellos puedan derivarse de que el Fiscal se sitúe en una u otra posición procesal. Por lo demás, una vez decidida la línea de actuación a seguir en el proceso, el Ministerio Fiscal es una parte más, que entrará en el debate procesal junto a las demás partes, en condiciones de igualdad, sin que el órgano jurisdiccional deba concederle más protagonismo, ni atribuir a priori más autoridad o fuerza a sus alegaciones que a las de los otros sujetos que intervengan como parte en el proceso de que se trate.

 

3.     El principio de unidad

El principio de unidad lo consagra el Estatuto cuando dispone que: “El Ministerio Fiscal es único para todo el Estado” (artículo 22.1); y que: “El Fiscal General ostenta la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español” (artículo 22.2).

 

4.     El principio de dependencia jerárquica

El principio de dependencia jerárquica es el mecanismo imprescindible para mantener la unidad de actuación.

La unidad de actuación se consigue, fundamentalmente, sujetando la actuación del Ministerio Fiscal al principio de dependencia jerárquica, que somete la actuación de cada Fiscal en los asuntos en que intervenga al criterio del Fiscal Jefe de su Fiscalía y las órdenes e instrucciones que los Fiscales Jefes den a sus subordinados al superior criterio del Fiscal General del Estado. De esta forma, el Fiscal General del Estado, con la asistencia de la Junta de Fiscales de Sala, fija los criterios que han de guiar la actuación de todos los órganos y funcionarios del Ministerio Fiscal, asegurando la unidad de actuación mediante mandatos de carácter general (circulares e instrucciones) o mediante órdenes dirigidas a sus subordinados con referencia a asuntos específicos (artículos 25 y 27 del Estatuto).

Es mencionable que la Ley 24/2007, de 9 de octubre, que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, señala que uno de los objetivos que se pretende alcanzar con la reforma es dotar al Ministerio Fiscal de una mayor autonomía en el desempeño de sus funciones, que contribuya a reforzar de cara a la sociedad el principio de imparcialidad, que preside su actuación de conformidad con el artículo 124.1 de la Constitución.

Para ello, se modifica el régimen de nombramiento y cese del Fiscal General del Estado, estableciendo nuevas garantías adicionales en su regulación, y respetando en todo caso el sistema de designación que se regula en el artículo 124 de la Constitución. En este sentido, el candidato a Fiscal General propuesto por el Gobierno, tras la preceptiva audiencia del Consejo General del Poder Judicial, deberá someterse a una comparecencia ante una Comisión del Congreso de los Diputados antes de ser nombrado por el Rey. Al tiempo, la introducción de causas objetivas de cese constituye una garantía del margen de autonomía del Fiscal General al desaparecer la libre decisión de cese sin causa por parte del Ejecutivo.

El Ministerio Fiscal actúa por medio de un conjunto de órganos jerárquicamente estructurado, a cuyo servicio se encuentra un cuerpo especializado de funcionarios que integra la llamada Carrera Fiscal.

La cúspide de la jerarquía la ocupa el Fiscal General del Estado, a quien asisten en sus funciones la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica y dos órganos colegiados de carácter consultivo: el Consejo Fiscal, que asesora al Fiscal General en materia de gobierno interno de la organización, y la Junta de Fiscales de Sala, que asiste al Fiscal General en materia doctrinal y técnica.

Cada Fiscalía se organiza también jerárquicamente, con un Fiscal Jefe, un Teniente Fiscal y un número variable de Fiscales, en función de las necesidades del servicio. 

En referencia a los Órganos del Mº Fiscal, debemos tener presente;

Según su Estatuto Orgánico son:

–  El Fiscal General del Estado.

–  El Consejo Fiscal.

–  La Junta de Fiscales de Sala.

–  La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.

–  La Fiscalía del Tribunal Supremo.

–  La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

–  La Fiscalía de la Audiencia Nacional.

–  Las Fiscalías Especiales.

–  La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de dicho Tribunal.

–  La Fiscalía Jurídico Militar.

–  Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.

–  Las Fiscalías Provinciales.

–  Las Fiscalías de Área 

Dentro de la organización del Ministerio Fiscal cabe distinguir entre las Fiscalías de ámbito nacional, las Fiscalías Especiales, los Fiscales especializados, y la Secciones especializadas.

Breve referencia a la figura del Fiscal General del Estado

El Fiscal General del Estado será nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.

Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo (artículo 29. 1 ,2 y 3 del Estatuto).

El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos: a) A petición propia; b) Por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley; c) En caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo; d) Por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones; e) Cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.

El mandato no podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que el titular hubiera ostentado el cargo durante un período inferior a do» años. La existencia de las causas antes mencionadas, salvo la relativa a que fuera el Gobierno el que hubiera acordado el cese, serán apreciadas por el Consejo de Ministros (artículo 31.1,2 y 3 del Estatuto).

Las atribuciones del Fiscal General del Estado aparecen diseminadas a lo largo de todo el Estatuto Orgánico. Sin ánimo de exhaustividad podemos señalar las siguientes:

1)    Dirigir la Fiscalía General del Estado (artículo 13.1, párrafo 1°).

2)   Presidir el Consejo Fiscal (artículo 14.1); la Junta de Fiscales de Sala (artículo 15); y la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas (artículo 16).

3) Ostentar la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal Supremo (artículo 17). 

4)    Presidir la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo (artículo 24.2, párrafo 3°).

5)    Designar y relevar directamente al Fiscal Jefe, el Teniente Fiscal y los Fiscales de la Secretaría Técnica, así como a los Fiscales de la Unidad de Apoyo y a los Fiscales adscritos a las Fiscalías de Sala integrados en la Fiscalía General del Estado (artículo 36.3).

Firmado: Pablo Padilla.
Colaborador Permanente en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley 50/81 de 30 de diciembre y  modificado por la Ley  24/2007.

– Notas de Jurisprudencia

– Fiscal.es y Ed. Carperi

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