El secreto profesional del abogado

El secreto profesional es un pilar básico en la relación abogado-cliente. Una relación basada en la confianza es fundamental para un correcto desempeño de la labor encomendada al letrado. Como se verá, el secreto profesional se puede concebir como un derecho o como un deber, dependiendo de si lo vemos desde la perspectiva del cliente o el abogado. 

Debe entenderse el secreto profesional como el deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como los médicos, los abogados, los notarios, etc, de no revelar a terceros los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión.

Centrándonos en el secreto profesional del abogado, es lógico pensar que este debe ser un deber esencial en su profesión de cara al cliente, a terceros y a las otras partes en cualquier procedimiento judicial. En toda relación abogado-cliente, el fundamento para un correcto desempeño profesional por parte del letrado, es tener un profundo conocimiento sobre todos los hechos que pueden ser relevantes para la resolución del pleito en cuestión. En muchas ocasiones, esa información puede ser considerada personal, delicada e íntima, lo que puede suponer algo embarazoso de contar para el cliente. Ahí radica la importancia del secreto, todo lo que se cuente a un letrado para la defensa de los intereses del cliente, ha de trascender a terceras personas. Sólo así, mediando el secreto profesional, la relación abogado-cliente puede estar basada en la confianza y ser fructífera para ambas partes.

Si se estudia con detenimiento el secreto profesional, los bienes jurídicos que se protegen con el mismo, son el derecho a la intimidad y el derecho de defensa, consagrados en los artículos 18.1 y 24.2 de la Constitución Española, respectivamente.

AUGUSTO SANTALÓ RÍOS parte de la base que “si el elenco de derechos reconocidos en el artículo 24 CE, permite al cliente no declararse culpable y no aportar pruebas contra sí, imponiéndole la obligación de valerse para su defensa de profesionales del derecho, no podrá el letrado actuar en contra de aquellos derechos, desvelando lo que el Ordenamiento jurídico permite guardar a su titular. Sin secreto profesional del letrado, no existe derecho de defensa, pues si el Estado pudiese obligar al abogado a desvelar lo manifestado por el cliente, éste nunca revelaría datos esenciales que le pudiesen perjudicar, con lo que el derecho de defensa quedaría seriamente limitado o directamente anulado”.

El secreto profesional, en consecuencia, debe entenderse como un derecho y un deber. Desde la perspectiva del cliente, es un derecho para la protección de su intimidad y del derecho de defensa, teniendo por tanto “derecho a que no se divulguen hechos o noticias que pudiesen comprometerle”; mientras que desde el punto de vista del abogado, constituye tanto un derecho como un deber. Por un lado, tiene “el deber de no divulgar los hechos o noticias de los que haya tenido conocimiento en su ejercicio profesional, es decir, el deber de salvaguardar el secreto profesional, de no vulnerarlo”, mientras que también constituye un derecho en cuanto que “puede oponer su derecho al secreto profesional cuando, por el motivo que sea, alguien lo exija que comunique o revele datos o informaciones que haya conocido en el desenvolvimiento de sus cometidos”.

Otro de los elementos de discusión es la naturaleza privada o pública que tiene el secreto profesional. Puede entenderse que tiene naturaleza privada en cuanto que “el titular de los bienes jurídicos que protege otorga su consentimiento para que el depositario de los datos o informaciones que están amparados por aquel para revelarlos”, esto permitiría entenderlo como una relación privada o contractual. Pero también puede entenderse como de naturaleza pública dado que el “el secreto profesional puede ceder, aún en contra de la voluntad del titular de los bienes jurídicos que ampara, cuando hay otros bienes jurídicos en juego que, desde el punto de vista público, social, se consideran más dignos de protección”. En consecuencia, se puede entender que al no poder considerarse enteramente ni de naturaleza pública ni de naturaleza privada, es de naturaleza mixta.

secret

El secreto profesional ha sido regulado ampliamente en distintos textos legales. En el Estatuto General de la Abogacía, se regula en el artículo 32.1 “los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos”.

No solamente se regula en el artículo 32, también se hace mención al mismo, al prohibir a los abogados compartir despacho con otros profesionales si ello puede suponer una afectación para la salvaguarda del secreto profesional (artículos 21-b y 28.2); se considera contrario a las normas deontológicas, hacer publicidad de forma directa o indirecta sobre hechos, datos o situaciones que estén amparados por el secreto profesional (artículo 25.2.a); así como la obligación que tienen todos los miembros de un despacho colectivo de mantener el secreto profesional (artículo 28.6).

Por otro lado, en el Código Deontológico de la Abogacía Española se regula ampliamente en el artículo 5, donde sus principales manifestaciones son:

– El deber y derecho de secreto comprende las confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

– No podrá aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo.

– Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o sus abogados, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y en todo caso quedarán amparadas por el secreto profesional.

– En los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada preservación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias, el Decano del Colegio aconsejará al Abogado con la finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos alternativos de solución del problema planteado ponderando los bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, no sujeto al secreto profesional, pero cuyo consentimiento por sí solo no excusa al Abogado de la preservación del mismo.

De igual forma, en este artículo se establece el deber de secreto en despacho colectivo, respecto de todo el personal, y frente a cualquier persona que colabore con el despacho. La duración del secreto permanece incluso después de haber cesado en la prestación de servicios al cliente, por lo que no está limitado en el tiempo.

Otro de los fundamentos básicos con los que hay que relacionar el derecho al secreto profesional es la independencia del abogado (artículo 13 del Código Deontológico). El letrado tiene plena libertad para aceptar o rechazar un asunto, sin tener obligación de fundamentar su decisión. De igual manera, la independencia permite al abogado cesar en su asesoramiento en cuando surjan discrepancias con el cliente y “siempre que concurran circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la defensa o a la obligación de secreto profesional”.

Además, estipula en su apartado quinto que “el Abogado no podrá aceptar encargos profesionales que impliquen actuaciones contra un anterior cliente, cuando exista riesgo de que el secreto de las informaciones obtenidas en la relación con el antiguo cliente pueda ser violado, o que de ellas pudiera resultar beneficio para el nuevo cliente”.

Por último, el abogado en su relación con el cliente puede verse sometido a un conflicto de intereses, en la medida en que durante su asesoramiento, detecte indicios de comisión de delitos, en cuyo caso, “debe sacrificar” su secreto profesional, por su obligación de notificación a las autoridades competentes.

En consecuencia, la obligación de notificación prevista en el artículo 18 supone una excepción al deber de secreto profesional. De la combinación de éste con el artículo 22 se puede concluir que en los casos en los que un abogado analice una posición jurídica de su cliente, lo defienda en un proceso judicial o lo asesore sobre la forma de incoar o evitar un procedimiento, prima el secreto profesional. Por otro lado, en los casos en los que se solicite la actuación del abogado (realización de transacciones, gestión de fondos, creación de empresas, etc) no opera el secreto profesional si el propio letrado observa indicios de blanqueo.

Aunque sin duda, el momento en el que hay una mayor confusión sobre si prevalece o no el secreto, viene en la labor de asesoramiento del abogado. Se puede resolver según el momento en que se presta. Si el asesoramiento es posterior a la ejecución de cualquiera de las actividades que lo constituyen en sujeto obligado para determinar sus consecuencias jurídicas, todo lo que conozca está sujeto al secreto profesional. Si, por el contrario, su actuación es previa y al asesoramiento se une la gestión, no puede alegarse el secreto profesional. Hay que tener en cuenta que éste no es un beneficio o privilegio para el abogado, sino una garantía del derecho de defensa y de la intimidad del cliente.

En conclusión, el secreto profesional es un pilar fundamental para el ejercicio de la abogacía, así como un elemento indispensable para la tutela del derecho a la intimidad y a la defensa del cliente, configurándose en consecuencia como un derecho y un deber que no puede ceder ante la autoridad, salvo en caso de ponderación de otros bienes jurídicos más dignos de protección, lo que supone una salvaguarda para el Estado de Derecho.

Firmado: Rocío Santiago Resola.
Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– Constitución Española

– Estatuto General de la Abogacía

– Código Deontológico

– ABEIGÓN VIDAL, Juan C., Obligación de declarar de los abocados

– ARRIBAS LÓPEZ, Eugenio, Sobre los límites del secreto profesional del abogado, Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, 2009.

– CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, “Comisión especial para la prevención del blanqueo de capitales: medidas y recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, 25 de mayo de 2011, págs. 9 y 10.

Rocío Santiago Resola

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva

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