El testimonio de referencia en el proceso penal: ¿tiene valor probatorio?

La práctica de la prueba es una de las actividades más importantes que tienen lugar durante el transcurso del proceso penal, dado que para dictar sentencia, no basta con que el Tribunal se ciña a lo afirmado por las partes, sino que se erige como necesario en orden a una buena Administración de Justicia, que ello quede fijado como verdadero. Para ello, podemos valernos de distintos medios de prueba, destacando que a diferencia de lo que sucede en el proceso civil, el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante “LECrim”) no establece una enumeración de los mismos, procediendo únicamente a regular ciertas disposiciones relativas a algunos de ellos, entre los que se encuentra la declaración testifical.

 Testigo, en el orden penal, es aquel sujeto ajeno al proceso que ha tenido conocimiento de algún aspecto del hecho delictivo, bien por haber sido percibido éste directamente por él a través de alguno de sus sentidos (testigo directo) o bien de manera indirecta gracias a lo que terceras personas le han narrado o confesado (testigo de referencia). 

Tenemos que tener presente, que en numerosas ocasiones, una determinada persona puede conocer determinados hechos de manera directa y otros indirectamente, pudiendo ser testigo directo en el primer supuesto, e indirecto, en el segundo.

El testigo de referencia es, en definitiva, y con palabras de Muñoz Cuesta, una persona “que no aporta al proceso datos derivados de una percepción sensorial inmediata de los acontecimientos, sino que lo que informa al Tribunal es una versión que de los mismos ha obtenido de manifestaciones o confidencias de terceros, sin que él haya presenciado lo que relata o incorpora al procedimiento”.

Precisamente por tratarse de un “testigo de oídas” en el proceso penal su valor probatorio, como veremos a continuación, tiene carácter complementario o subsidiario.

A pesar de la problemática ligada a la figura del testigo de referencia, pues no debemos perder de vista que está en juego, en especial, el principio de inmediación y el principio contradictorio, y por consiguiente, el derecho fundamental a la presunción de inocencia -necesidad de haber realizado un mínimo de actividad probatoria de cargo, que sea suficiente para determinar la culpabilidad de un sujeto y para poder condenarlo, motivándose todo ello en la sentencia que se dicte- y el derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE), ésta es totalmente conforme a derecho. 

Así lo ha corroborado nuestro Tribunal Constitucional, que entiende que es un medio de prueba perfectamente admisible (“no es una prueba ilícita o prohibida”) y que puede ser tomado en consideración por los Tribunales de la jurisdicción penal, si bien advierte que la prueba de referencia es poco recomendable, pues en muchos casos supone eludir el oportuno debate sobre la realidad misma de los hechos y el dar valor a los dichos de personas que no han comparecido en el proceso.

Doctrina que, dicho sea de paso, sigue la línea de los diversos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estima como contrario al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos la sustitución en el juicio oral del testigo directo por el indirecto cuando no medie causa legítima que lo justifique -véase en este sentido DELTA c. Francia, 19 diciembre 1990 o ISGRO c. Italia, 19 febrero 1991-.

Desde el punto de vista legal, la LECrim, refiere que “los testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiere comunicado” (artículo 710).

De la literalidad del precepto se deduce que para su admisión será necesario que el testigo identifique la persona de la que oyeron el relato de su experiencia. 

Como ya hemos enunciado, este medio de prueba tiene valor complementario e incluso subsidiario.

Complementario porque servirá para reforzar lo acreditado por otros elementos de prueba, como por ejemplo, la fiabilidad de la declaración de otro testigo. 

En mi opinión, ello parece razonable si tomamos en consideración el doble halo de desconfianza que presenta: por una parte, la incertidumbre acerca de si lo narrado ocurrió realmente y por otro, si lo expuesto ante el Tribunal se corresponde exactamente con lo contado.

Lo anterior no excluye, sin embargo, la incorporación al acervo probatorio  en contra del reo de la testifical de referencia, siempre que no sea la única prueba de cargo sobre el hecho enjuiciado, dejándolo a la libre valoración del órgano enjuiciador, conforme prevé el artículo 741 LECrim.

Subsidiario dado que sólo se admitirá cuando no sea posible traer a juicio al testigo o testigos directos. Este requisito explicaría el hecho de que su uso en la práctica quede reducido a supuestos en los que los testigos directos hayan fallecido o se encuentren ilocalizables. 

Es más, esa imposibilidad debe ser material, tal y como manifiesta el Tribunal Supremo, entre otras, en su STS 701/2004, de 21 de mayo, que refiere que “habiéndose constatado que la prueba testifical indirecta ha sustituido a la directa, con la imposibilidad de que el valor probatorio de esta última hubiere sido apreciado por el Tribunal, sin haberse acreditado la imposibilidad material de que compareciera en el juicio oral el testigo presencial, el recurso presentado por afectación del derecho constitucional a la celebración de un proceso con todas las garantías, utilizando los medios de prueba pertinentes, ha de ser estimado”, o más recientemente, la STS 129/2009, de 10 de febrero, precisando que “en todo caso esa imposibilidad de acudir al testigo directo, que justificaría atender, y con todas las reservas, los testimonios indirectos o de referencia ha de ser material”.

Para finalizar, simplemente un breve apunte acerca del valor del testimonio de los agentes de autoridad.

Lejos de lo que en un primer momento pudiésemos pensar, las declaraciones de los funcionarios de la Policía y de las Autoridades tienen el mismo valor que las de cualquier otro testigo, tal y como prescribe el artículo 717 LECrim, debiendo ser apreciadas según las reglas del criterio racional. 

No obstante, la STS 821/2009, de 26 de junio, que estima que es suficiente como prueba de cargo, en un caso de violencia de género, la declaración de los médicos y de los agentes de Policía a los que la víctima les había narrado lo sucedido, acogiéndose ella al derecho a no declarar contra su pareja en el juicio oral y anulándose consiguientemente las declaraciones realizadas anteriormente, fundamentando el Tribunal Supremo que el hecho de que esos relatos se llevasen a cabo de manera espontánea y voluntaria por parte de la víctima, no habiendo sido prestados en atestado policial (su estatuto procesal entonces no sería otro que el que le confiere el artículo 297 LECrim.), y habiendo comparecido los testigos de referencia en el juicio, impide que se considere vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del recurrente.

 

Firmado: Andrea García.
Colaboradora en Derecho & Perspectiva.

 


 

Fuentes:

– Constitución Española

– Ley de Enjuiciamiento Criminal

– Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal (3º edición). Julio Banacloche Palao y Jesús Zarzalejos Nieto. Editorial La Ley.

– Diario La Razón del día 4 de julio de 2002 (Tribunal Libre, pág. 22) – Manuel Cobo del Rosal: Catedrático de Derecho Penal UCM y Abogado. 

– Testigos de referencia: necesidad de un uso restrictivo por los Tribunales y posibilidad de su rechazo antes del juicio oral. Javier Muñoz Cuesta

– STS 429/2002, de 8 de marzo.

– STS 701/2004, de 21 de mayo.

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