¿Es realmente la mediación penal una alternativa al proceso judicial?

La mediación es un medio alternativo de resolución de conflictos por el cual las partes con la ayuda y orientaciones del mediador intentan llegar a encontrar la solución a un conflicto, en el caso de la mediación en el ámbito penal por la comisión de un delito, el objetivo de la aplicación de este medio alternativo de resolución de conflictos es la reparación del daño causado a la víctima además de intentar reducir los niveles de reincidencia.

Mediante la aplicación de este sistema de resolución de conflictos en lugar de imponer un castigo al autor del hecho, el cual no siempre tiene una función reparadora para la víctima como sucede en el vigente sistema de justicia penal, se intenta que el acusado o investigado reflexione sobre los efectos del delito y la manera de lograr la reparación del daño causado.

La mediación es un medio alternativo de resolución de conflictos, de carácter voluntario en el que dos o más partes involucradas en un conflicto trabajan con un profesional imparcial, denominado mediador, el cual ayuda a las partes a generar sus propias soluciones para resolver sus diferencias.

La mediación penal, a diferencia de la mediación en el ámbito civil o incluso el laboral, carecía de regulación especial hasta ahora, la mediación en el ámbito penal sólo se encontraba regulada en el ámbito juvenil, a través de la Ley Orgánica de la responsabilidad penal de los menores, donde se recogía la posibilidad del sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima.

Con la última reforma del Código Penal, se encuentra regulada por primera vez este tipo de mediación, mediante la modificación del artículo 84.1, por el que queda establecido que el juez o tribunal podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.

Es importante aclarar que existen dos medios de aplicación de la mediación en el ordenamiento jurídico, el primero se produce cuando la mediación se ofrece como una alternativa real al proceso penal, apartando el asunto de la vía procesal e impidiendo que se abra de nuevo el proceso judicial en el caso de que el proceso mediación haya concluido con éxito.

En nuestro ordenamiento jurídico, dentro del ámbito penal se está aplicando la mediación mediante la segunda modalidad, la diferencia principal con el primero medio de aplicación es que en este caso se ofrece como parte integrante del sistema procesal, teniendo control judicial, respeto por las normas sustantivas y por el sistema de garantías procesales que definen el proceso.

La mediación va a poder tener lugar en cualquier momento o estado del proceso, y el asunto es desviado a un mediador con la finalidad de lograr el diálogo hacia un acuerdo entre las partes.

Mediante la mediación intrajudicial el juez tiene un papel inicial, donde da la posibilidad de derivar la resolución del conflicto a la mediación, y otro final donde otorga a las partes la capacidad de homologar el acuerdo generado en la mediación y compatibilizarlo con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico.

En el caso de que la mediación tenga éxito, la solución alcanzada podrá tener impacto en el proceso judicial como acabamos de comentar pero, debemos aclarar que, aunque la mediación se haya resuelto con éxito esto no va a impedir que el asunto sea posteriormente judicializado.

imagen-1Los Tribunales van a ser los encargados de determinar, tras valorar el tipo de controversia o conflicto, si va a poder alcanzarse mediante la aplicación de la mediación una solución y en el caso de que se estime que la derivación del asunto a mediación va a tener un fin positivo deberán proceder a conferir el asunto a los servicios de mediación.

El problema que existe actualmente es que no hay conexión entre los tribunales y los servicios de mediación por ello se están planteando dos alternativas para la implementación efectiva de los servicios de mediación conectados con el Tribunal.

La primera alternativa planteada es una unidad judicial gestionada desde los servicios comunes de los Tribunales, o bien desde el Decanato o Presidencia del Tribunal, al frente de la cual estuviera un Letrado de la Administración de Justicia o Gestor, con formación específica de mediación.

El objetivo de esta unidad sería el de gestionar a la terna de mediadores que se configure o bien la relación de Centros de mediación acreditados.

La segunda alternativa consistiría en establecer un listado o panel de mediadores, para ello, los mediadores deberán cumplir los requisitos de formación y experiencia que en cada caso se determinen y se distribuirán entre ellos las mediaciones que se deriven desde los Juzgados, debiendo comunicar el Decanato o Secretaria de Presidencia el mediador asignado en cada caso al Juzgado solicitante.

En este caso se trataría de una relación directa entre el Tribunal y el mediador, correspondiéndole a éste realizar la información completa a las partes y dar información acerca del desarrollo del proceso.

Para que un Juzgado o tribunal derive un asunto a mediación deberá mediante una resolución motivada explicar además de los motivos por los que ese asunto puede derivarse a mediación, en qué consiste este medio alternativo de resolución de conflictos, el Juzgado o tribunal podrá enviar el asunto de a la Institución de Mediación o al mediador que acuerden las partes o, a un mediador o panel de mediadores determinado en el caso de que exista convenio de colaboración o acuerdo gubernativo comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Si se aprecia que el asunto podría resolverse mediante mediación, el Letrado de la Administración de Justicia va a encargarse de entregar al servicio de mediación la documentación conveniente, de esta manera, el servicio de mediación va a contactar con la víctima y con el acusado, los citará para que acudan a una reunión informativa sobre el proceso de mediación penal, preferiblemente acompañados de abogado. Tras la sesión informativa, donde se explica de manera simple y clara en qué consiste la mediación, ambas partes deberán mostrar de manera libre y voluntaria su conformidad a participar de este proceso mediante la firma del acta constitutiva de mediación, en el caso de que una de las partes no quiera continuar con el proceso de mediación, la mediación concluiría y la causa retornaría al cauce jurisdiccional original, sin consecuencia para la parte que no haya querido continuar con este medio alternativo de resolución de conflictos.

Con el objetivo de buscar la mayor implicación del personal al servicio de la Administración de Justicia se está procediendo a informar sobre la mediación a los mismos, el funcionamiento y fases de la misma y de la manera en la que deben transmitir la información recibida sobre este medio alternativo de resolución de conflictos a las partes o a los abogados.

Las víctimas especialmente vulnerables por razones personales o contextuales, las cuales no están excluidas de la derivación a este medio alternativo de resolución de conflictos deberán ser protegidas. Estas víctimas van a precisar de una tutela reforzada, lo que se traduce en una especial ponderación por el juez o tribunal de cada caso concreto para evitar que la edad, la discapacidad o la asimetría de poder puedan limitar su capacidad para consentir libre y voluntariamente o puedan favorecer situaciones de conflicto.

Es importante destacar que no todos los procesos pueden someterse a mediación y la misma no va a poder realizarse en todos los momentos procesales por ello para derivar un procedimiento a mediación, el tribunal deberá tener en cuenta, el tipo de proceso, las cuestiones sobre las que versa el litigio y el momento procesal en el que está la causa y, en su caso, la fecha del siguiente señalamiento o acto.

Ana García Nieto

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva


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