Extensión del pago de prima de servicios a trabajadores domésticos. Avance en la protección de trabajadores socialmente discriminados

Derecho de Colombia.

La ley 1788 de 2016, que establece la obligación de pagar a los trabajadores domésticos la prima de servicios, supone el final de una lucha jurídica por parte del gremio de los trabajadores en Colombia para que les sean reconocidos, sin excepción, todos los derechos laborales, incluyendo el pago de la prima de servicios. 

Igualmente, la mencionada ley plantea una coyuntura en el debate que se ha llevado a cabo en los últimos años en el sector jurídico colombiano sobre la protección de los derechos de grupos de trabajadores históricamente discriminados, como es el caso los trabajadores domésticos.

En Colombia la normativa aplicable a las relaciones laborales prevé, como regla general, el pago a los trabajadores de unas prestaciones sociales consistentes en: (i) la prima de servicios, (ii) cesantías, e (iii) intereses sobre las cesantías. Antes de la expedición de la Ley 1788 del 7 de julio de 2016, de las mencionadas prestaciones sociales, los trabajadores domésticos únicamente tenían el derecho a recibir las cesantías y los intereses sobre las cesantías. Lo anterior toda vez que, tal como lo establecía el antiguo artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios únicamente debía ser pagada por empresas y, por lo tanto, aquellos trabajadores del servicio doméstico de casas de familia, incluyendo chóferes, jardineros, entre otros, no tenían derecho a percibir esta prestación social.

La restricción del pago de la prima de servicios respecto de los trabajadores domésticos tiene causa en el origen mismo de esta prestación social, la cual tenía por objeto o finalidad la repartición de las utilidades generadas por una unidad productiva entre sus trabajadores. Tan arraigada estaba ésta finalidad, que en legislación anterior se contemplaba una restricción mayor al pago de la prima, toda vez que ésta sólo debía ser pagada por las empresas que generaran algún tipo de utilidades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la normativa colombiana había generado una situación de desigualdad entre aquellos trabajadores que hacían parte de una empresa, como unidad productiva, y aquellos trabajadores que son denominados domésticos, y que su labor se caracteriza en ejecutar tareas que son propias del hogar. Al respecto, es importante mencionar que la legislación original establecía una serie de limitaciones adicionales al pago de la prima por razones de la temporalidad de la empresa, así como por razones de temporalidad de los trabajadores dentro de la misma. A través de sentencias de la Corte Constitucional dichas limitaciones fueron declaradas inexequibles, es decir, inaplicables por ser contrarias a la Constitución, en la medida en que las mismas violaban, entre otros, derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades entre trabajadores.

En este contexto, es importante destacar que la expedición de la Ley 1788 de 2016, responde a una exhortación hecha por la Corte Constitucional en la sentencia C – 871de 2014. En dicha sentencia, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo el cual establecía lo siguiente:

Toda empresa está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores, como prestación especial, una prima de servicios, así […] Esta prima de servicios sustituye la participación de utilidades y la prima de beneficios que estableció la legislación anterior.”(negrita fuera del texto original)

Por medio de la sentencia C – 871 de 2014 la Corte Constitucional analizó los argumentos de los demandantes, quienes argumentaron que el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo violaba los derechos a la igualdad y al trabajo, así como los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales, al excluir a los trabajadores del servicio doméstico del reconocimiento y pago de la prima legal de servicios.

Al respecto, si bien la Corte Constitucional reiteró que resultaba razonable que los trabajadores domésticos no recibieran esta prestación social, argumentando que el fundamento de la misma es el reparto de utilidades, y que en la medida en que los hogares no se constituyen como una unidad productiva no corresponde el pago de dicha contraprestación; también afirmó que en diferentes oportunidades, a través de análisis de constitucionalidad, declaro inexequibles muchos apartes de la norma estudiada que establecían un trato distinto entre diversos grupos de trabajadores argumentando la obligación de propiciar la igualdad de oportunidad entre trabajadores.

Como se puede observar, la Corte Constitucional sobre esta materia había desarrollado dos líneas jurídicas paralelas. La primera consistía en el análisis de la naturaleza jurídica de la prima, en la cual la Corporación había concluido que la diferenciación resultaba razonable teniendo en cuenta el fundamento histórico del pago de una prima de servicios. La segunda consistía en la declaración de inexequibilidad de apartes de la norma que permitía la exclusión de grupos de trabajadores que se encontraban vinculados a empresas, y en la protección de los trabajadores domésticos sobre el reconocimiento de determinados derechos laborales y prestacionales (jornada máxima legal y pago de auxilio de cesantías).

Teniendo como marco esta contraposición argumentativa desarrollada por la Corte Constitucional, en la sentencia C – 871 de 2014 esta Corporación se inclinó por acoger y desarrollar la segunda corriente, que tenía por objeto reformular y reinterpretar la finalidad histórica del pago de la prima de servicios. Esta posición se sustentó en la interpretación de la Corte según la cual las dos premisas fundamentales que daban lugar a concluir que es razonable el trato diferenciado de los trabajadores domésticos respecto de la prima de servicios, resultaban ampliamente discutibles en su interpretación actual. La primera de estas premisas es aquella según la cual la prima de servicios tiene su propósito en repartir utilidades generadas por las empresas, y la segunda, es aquella según la cual las familias no son empresas y no generan utilidades.

De acuerdo con esto, en dicha sentencia la Corte Constitucional optó por matizar la interpretación de la siguiente forma: en primer lugar concluyó que la naturaleza jurídica de la prima no es inamovible y, por el contrario, si bien se inspiró y nació como una repartición de utilidades, hoy en día debe interpretarse de forma más amplia como “[…] un medio para compensar a los trabajadores por los beneficios generados de la prestación del servicio.”. Ahora bien, respecto de la segunda premisa, la Corte concluyó que es erróneo considerar que el trabajo doméstico no genera valor, y que, en la medida que la prima no corresponde únicamente al reparto de utilidades, el trabajo desarrollado por un trabajador doméstico supone un beneficio económico y social a favor de sus empleadores, que tienen la posibilidad de dedicar mayor tiempo a actividades más productivas en términos económicos. 

Teniendo en cuenta esta línea argumentativa, la Corte Constitucional en la sentencia C-871 de 2014 concluyó que existía un déficit de protección en materia de derechos laborales de los trabajadores domésticos, gremio constituido mayoritariamente por mujeres, una población históricamente discriminada en términos laborales. No obstante lo anterior, a pesar de éste déficit en materia de igualdad de los trabajadores, la Corte Constitucional también consideró que la declaración de inexequibilidad de la norma en cuestión podría suponer una imposición gravosa a cargo de familias que no se encuentran en la misma situación socio-económica que una empresa, y que al verse afectadas por realizar este tipo de pagos, generarían un mayor nivel de informalidad y de desprotección a los trabajadores domésticos.

Es por esto que en la sentencia mencionada la Corte Constitucional decidió exhortar al órgano legislativo para que regulara la materia bajo las siguientes tres premisas: (i) se asegure que los estratos socio-económicos más altos reconozcan y paguen prima de servicios a sus trabajadores domésticos, (ii) se amplíe progresivamente esta obligación a cargo de empleadores, y (iii) se diseñen mecanismos y políticas públicas para incentivar a las familias a realizar estos pagos.

Como resultado de esta sentencia el Congreso de la República expidió la mencionada Ley 1788 de 2016, por medio de la cual modificó el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, para en su lugar establecer que todo empleador, incluyendo familias, deben reconocer a sus empleados una prima de servicios, estableciendo de forma específica que dicha prestación social debe ser reconocida a trabajadores del servicio doméstico, choferes de servicio familiar, etc. 

Finalmente la mencionada ley estableció la creación de una mesa de seguimiento, la cual tiene por objeto promover condiciones óptimas para los trabajadores domésticos remunerados y verificar el cumplimiento e implementación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores domésticos.

La Ley 1788 de 2016, expedida como producto de una exhortación de la Corte Constitucional, supone un avance en la protección de los derechos de trabajadores históricamente discriminados, y un avance sobre la interpretación de las normas laborales, que en las condiciones socio-económicas actuales, deben proponer a una concepción amplia que otorgue una igualdad material en las oportunidades de todo tipo de trabajadores.

Firmado: Nicolás Fabián Angulo.
Colaborador Permanente en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– Código Sustantivo del Trabajo.

– Ley 1788 de 2016 expedida por el Congreso de la República de Colombia.

– Corte Constitucional. Sentencia C-871 de 2014.

– Servicio Doméstico. Guía Laboral. Ministerio del Trabajo de la República de Colombia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *