Intervenciones policiales y base de datos policial ADNIC

Las intervenciones constituyen uno de los medios más idóneos para el descubrimiento de la comisión de hechos delictivos. Si bien es cierto que pueden llegar a resultar lesivas para los derechos fundamentales, por lo que se requiere de un estudio pormenorizado de las mismas para determinar con exactitud los límites legales en los que han de desarrollarse.  

Las intervenciones corporales podrían ser definidas como la utilización del cuerpo humano de una persona viva (el imputado o el de un tercero) como fuente de prueba en el proceso penal. Es posible esencialmente cuando en el interior del mismo se oculte el cuerpo o los efectos del delito así como para obtener a partir del mismo pruebas biológicas o de otro tipo que permitan identificar al imputado y determinar su participación presunta en el hecho delictivo. Ello puede afectar a los derechos fundamentales previstos en los artículos 10, 15, 18, y 24.4 todos ellos de la Carta Magna. Por ello, se plantean situaciones de conflicto entre los derechos individuales y el interés público en la averiguación y persecución de delitos. 

Como nos encontramos ante medidas restrictivas de derechos fundamentales, para que la diligencia sea lícita y desprenda toda su validez probatoria, es necesario que se respete el principio de proporcionalidad tanto a la hora de adoptar la diligencia como en el modo de su ejecución. 

Es destacable la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 207/1996, de 16 de diciembre, que realiza un examen pormenorizado de las actuaciones procesales sobre el cuerpo del imputado, orientadas a obtener información relevante para la instrucción criminal, susceptible de violentar derechos fundamentales. El Tribunal distingue lo que denomina “inspecciones y registros corporales”, que consiste en la realización de cualquier género de reconocimientos, cuando en principio no se afecta al derecho a la integridad física, al no producirse, por lo general, lesión o menoscabo en el cuerpo. No obstante en estos casos sí puede verse afectado el derecho a la intimidad corporal si recaen sobre partes íntimas del cuerpo o inciden en la privacidad. 

La STS núm. 204/2011, de 23 de marzo, considera que para proteger al máximo los derechos inherentes al imputado o acusado que va a ser objeto de investigación, es necesario que la diligencia se practique con el consentimiento del individuo sometido a la medida, que en el momento de prestar dicho consentimiento esté asistido de Letrado (aunque no siempre es necesario; lo importante es que haya sido debidamente informado de sus posibles consecuencias), y que el mismo se preste en presencia del Juez de Instrucción y del Secretario Judicial, quien levantará acta de dicho consentimiento. 

Se completó con lo dispuesto en la STS núm. 199/2013 de 5 de diciembre, que establece lo siguiente: 

 “El marco normativo se completó con la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, cuya disposición adicional tercera, bajo la rúbrica «Obtención de muestras biológicas», dispone que en la investigación de los delitos a los que la ley se refiere, «la policía judicial procederá a la toma de muestras y fluidos del sospechoso, detenido o imputado, así como del lugar del delito. La toma de muestras que requieran inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales, sin consentimiento del afectado, requerirá en todo caso autorización judicial mediante auto motivado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Los requisitos exigidos por la jurisprudencia, en concreto por el Tribunal Constitucional, para justificar objetiva y razonablemente una injerencia en el derecho a la intimidad son los siguientes: 

  • La existencia de un fin constitucionalmente legítimo: el interés público propio de la investigación de un delito, y, más en concreto, la determinación de los hechos relevantes para el proceso penal. 
  • Que exista una previsión legal específica de la medida limitativa del derecho, no pudiendo ser autorizada la misma sólo por la vía reglamentaria.
  • Que se acuerde mediante una resolución judicial motivada (aunque también se puede autorizar a la Policía judicial para disponer, por razones de urgencia y necesidad, la práctica de inspecciones, reconocimientos e incluso intervenciones corporales leves, siempre respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad). 
  • La estricta observancia del principio de proporcionalidad, que se concreta en:

– Idoneidad de la medida para alcanzar el fin constitucionalmente legitimo perseguido; 

– Que no exista una medida menos gravosa y que sea igualmente apta para dicho fin;

– Que el sacrificio impuesto al derecho fundamental no resulte desmedido en relación con la gravedad de los hechos y las sospechas existentes. 

Es muy importante determinar la función del consentimiento en este tipo de diligencias, en la medida en que el consentimiento puede actuar como fuente legitimadora del acto de la injerencia. Dicho en palabras de la jurisprudencia constitucional, debe recordarse que el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto, sino que puede ceder ante intereses constitucionalmente relevantes siempre que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (STC 83/2002, de 22 de abril, F.5).

El art. 18.1 impide, por tanto, según la STC núm. 110/1984, de 26 de noviembre, las injerencias en la intimidad «arbitrarias o ilegales». De lo que se concluye que se vulnerará el derecho a la intimidad personal cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde con la Ley, no sea eficazmente consentida o, aún autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida. 

Para la toma de ADN de una colilla abandonada no se requiere de autorización judicial ni del consentimiento del acusado, ya que la policía está cumpliendo con sus obligaciones. Cosa distinta es que el fluido biológico deba obtenerse de su propio cuerpo o invadiendo otros derechos fundamentales, lo que haría precisa la autorización judicial. Sería necesaria bajo pena de nulidad radical, cuando la materia biológica de contraste se ha de extraer del cuerpo del acusado y éste se opone a ello. 

El abandono de una colilla supone una toma subrepticia derivada de un acto voluntario de expulsión de materia orgánica realizada por el sujeto objeto de investigación, sin intervención de métodos o prácticas incisivas sobre la integridad corporal, apuntando que en estos casos no entra en juego la doctrina consolidada de la necesaria intervención judicial para autorizar, en determinados casos, una posible intervención banal y no agresiva.

Hay que señalar que la saliva por sí misma no contiene células nucleadas susceptibles de obtención de ADN, pero sí las células de descamación del epitelio bucal que están presentes en la misma. Si se trata de cigarrillos, chicles, cepillos de dientes, sobres o sellos, se recogerán meticulosamente, evitando la contaminación con pinzas, separando cada muestra. 

La STC núm. 23/2014, de 13 de febrero, establece la justificación al respeto del principio de proporcionalidad cuando se realiza esta práctica, indicando que: 

“La aplicación de la doctrina expuesta conduce a afirmar el respeto al principio de proporcionalidad en la realización de los análisis de ADN de los demandantes de amparo toda vez que: i) su comparación con el obtenido a partir de los restos biológicos hallados resultaba un medio adecuado para revelar la identidad de estos últimos (idoneidad); ii) no existía un medio alternativo para comprobar si los demandantes habían participado o no en los hechos delictivos enjuiciados (necesidad); y, iii) finalmente, el modo en el que los análisis del ADN se practicaron fue el menos invasivo de la intimidad personal en cuanto sólo afectó a las regiones no codificantes del ADN, esto es, a aquellas que tan sólo proporcionan datos identificativos mediante un análisis comparativo con el ADN obtenido a partir de otra muestra, excluyéndose por ello la revelación o puesta de manifiesto de toda característica que afectase a la intimidad personal.” 

También hay que tener presente que, desde el análisis de muestras de ADN, se realiza por parte de la Policía una base de datos denominada ADNIC (ADN de interés criminal), y que en la STC núm. 199/2013, de 5 de diciembre, establece que: 

“Por tanto, esta Sala señala que efectivamente, el acusado puede impugnar o negar la validez del acceso a esa base de datos de esa reseña genética indubitada, el cual, como acabamos de señalar, con arreglo a la LO. 10/2007, 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, solo puede tener lugar previo consentimiento del imputado con la correspondiente asistencia letrada o a falta de éste y previa información en todo caso de sus derechos, previa autorización judicial. Puede en consecuencia la defensa del imputado solicitar se traiga al proceso el expediente de incorporación de su reseña genética a esa Base de Datos de ADN de interés criminal (ADNIC). La presunción de veracidad existe, pero es una presunción “iuris tantum”, de forma que el imputado puede acreditar en el procedimiento la ilicitud del acceso de esa reseña genética indubitada a la indicada Base de datos -por ejemplo por no existir asistencia letrada en el consentimiento del imputado o por no existir, en su defecto, autorización judicial- (STS 709/2013, 10 de octubre). Y, en este momento debemos añadir que la prueba derivada del contraste de los vestigios hallados en una causa criminal con los datos obrantes en el Registro procedentes de tomas de muestras realizadas en otras causas, es suficiente para la investigación inicial, y puede ser suficiente también como prueba de cargo bastante en el juicio, cuando el acusado se niegue a practicar otra prueba en el proceso enjuiciado, o cuando no cuestione la toma de muestras realizada en otra causa anterior, ni el resultado incriminatorio del contraste realizado entre los vestigios hallados en la causa enjuiciada y las muestras procedentes de la causa anterior”. 

 

Firmado: Rocío Santiago Resola.
Redactora en Derecho & Perspectiva.

 


Fuentes:

– Ley de Enjuiciamiento Criminal

– CERRADA MORENO, Manuel, Las intervenciones corporales, Noticias Jurídicas, noviembre de 2010. 

– MAGRO SERVET, Vicente¸ Las intervenciones corporales por los agentes de la autoridad: ¿intervención judicial permanente y en cualquier caso?, La Ley Penal nº 89, enero de 2012. 

– Brigada Provincial de la Policía Científica de Valladolid, Curso de recogida de muestras: conocimientos generales, Centro Universitario Villanueva, Madrid, 2013.  

 

Imagen:

– Emol. 

Rocío Santiago Resola

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva

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