La carga dinámica de la prueba en el proceso civil

Comparado: España – Hispanoamérica.

En la actualidad la teoría de la carga dinámica de la prueba ha venido conquistando terreno en el derecho procesal civil, la cual tiene como fin, ir flexibilizando las reglas que informan el onus probandi, en pro de la verdad y de la justicia. Esta teoría de la carga dinámica se traduce en imponer la carga de la prueba a aquella de las partes que se encuentra en una mejor posición de promoverla, admisible solo en casos muy particulares, donde por la complejidad del asunto sea necesario su aplicación. 

A continuación desarrollaremos brevemente esta teoría denominada también como “carga probatorias dinámicas” haciendo énfasis en el derecho comparado.

“…Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real sólo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes”

Milan Kundera

 

Sumario: Introducción. Noción de la carga dinámica probatoria. La carga dinámica en el derecho comparado: I. En España. II. En Argentina. III. En Venezuela. Conclusiones. 

Introducción

Según lo acostumbrado en la doctrina procesal la carga de la prueba o el Onus Probandi significa, cuál de las partes dentro de un proceso le corresponde probar o demostrar la veracidad o no de algún hecho controvertido. El actor le corresponde probar los hechos constitutivos que afirma y al demandado los hechos que impiden, que extingan o modifiquen la pretensión que contra él se reclama. 

Sin embargo, en muchas legislaciones viene cobrando fuerza una teoría diferente en virtud de la cual tendrá la carga de probar algún hecho, aquella de las partes que se encuentre en un situación más favorable con respecto a la prueba o a la situación que se desea comprobar. Esta teoría ha sido denominada de varias formas como “favor probationes”,  cargas probatorias dinámicas, carga dinámica de la prueba, entre otras.  El fin de esta teoría es romper con la rigidez del onus probandi para poder alcanzar la verdad y la justicia dentro de un proceso. 

A continuación, señalaremos brevemente el significado de la carga dinámica de la prueba y cuál es su tratamiento en diversos países. 

 

Noción de la carga dinámica probatoria

La teoría de la carga dinámica de la prueba viene dada por la real necesidad de poder conocer en un juicio la verdad de los hechos controvertidos, de que las partes colaboren al máximo con el juez para poder alcanzar una justicia verdadera. Por ello, esta teoría particular del derecho procesal, tiene como fin corregir el desequilibrio que se presenta en ocasiones por la aplicación de la regla rígida del onus probandi. 

Para el autor Urdaneta Sandoval (2006) la carga dinámica de la prueba consiste en “imponer el peso de la prueba en cabeza de aquella parte que por su situación se halla en mejores condiciones de acercar la prueba a la causa, sin importar si es actor o demandado” ( pág. 157). 

Para el autor Trujillo Juan (2006) la carga dinámica de la prueba se puede definir como “La carga que incumbe a las partes de probar los hechos que les resulten de más fácil demostración, en comparación con la extrema dificultad de su adversario en demostrarlos, conforme a la experiencia de cada proceso” (pág. 50). Dicho autor nos comenta también que al calificarse como “dinámica” lo que se desea indicar es que se trata de una teoría que entiende el desplazamiento de la carga de manera elástica, esto es, alejada de patrones rígidos y tecnicistas; sobreponiendo ante todo la efectividad del Derecho sustancial sobre el procesal.  

En fin, esta teoría de la carga dinámica supone la imposición de la carga probatoria (en casos muy particulares) a quien se encuentre en la posición más cómoda, la más fácil o en mejores condiciones de producir la prueba respectiva. 

 

La carga dinámica en el derecho comparado:

I. En España

Antes de la entrada en vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, la regla de la carga probatoria era muy rígida y simplista, la cual estaba contemplada en el artículo 1214 del Código Civil (publicado en el Real Decreto de 24 de julio de 1889) que señalaba: 

“Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone”.

El mencionado artículo del Código Civil quedo derogado entonces por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 07 de enero del año 2000 (Ley 1/2000)  el cual regula la carga de la prueba de la siguiente forma: 

“1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.

5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.

6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio”.

Como vemos, el legislador español intentó ser profundo y amplio al recoger todas las posibilidades en una sola norma, por lo que resulto ser bastante amplia y detallada. Lo importante en este caso es lo establecido en el numeral 6 del artículo 217, donde se señala que para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez debía tener presente “la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio”, adoptando como nos señala Trujillo Cabrera (2006) la doctrina del favor probationes o carga dinámica de la prueba. 

 

II. En Argentina

Esta idea sobre la carga dinámica de la prueba es bastante antigua ya en 1823 Jeremías Bentham sostenía (como nos comenta Urdaneta Sandoval) que en un régimen de justicia franca y simple, la carga de la prueba debe ser impuesta, en cada caso concreto, a aquella de las partes que la puede soportar con menos inconvenientes. 

En la actualidad, es en Argentina donde se retoma con bastante fuerza de la mano del jurista Jorge Peyrano la teoria de las cargas dinámicas. Este procesalista ha señalado en muchas ocasiones que esta teoria ha sido acogida por un nutrido grupo de adherentes y que ha sido tambien utilizada en varias ocasiones por la Corte Suprema de Justicia.   

No solo la teoría de la carga dinámica ha sido acogida por la doctrina y por la jurisprudencia sino que ha ido más allá, siendo consagrada por ejemplo, en el Código Procesal de la Provincia de la Pampa del 12 de marzo de 1999 en su artículo 360, el cual reza: 

“Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tengan el deber de conocer. 

Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. 

La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del tribunal ni a la apreciación de las omisiones, deficiencias de la prueba o ausencia de la colaboración debida, conforme al artículo 368. 

Sin perjuicio de ello, tendrá la carga de probar los hechos, aquel que por las circunstancias del caso, se encuentre en mejores condiciones de arrimar a conocimiento del tribunal, el esclarecimiento de los mismos”

La última parte del artículo anteriormente expuesto señala entonces que dependiendo de las circunstancias del caso, podrá tener la carga de probar algún hecho, aquella parte que se encuentre en mejores condiciones de probarlo, para el esclarecimiento del mismo.

 

III. En Venezuela

En Venezuela la carga de la prueba en el proceso civil ha sido regulada legalmente por normas muy claras y concisas establecidas en el Código Civil (CC) y  en el Código de Procedimiento Civil venezolano (CPC), de la siguiente forma: 

Art. 1354 CC. “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago el pago o el hecho que ha producido la extinción de la obligación”. 

Art. 506 CPC. “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hechos. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba”.

Como vemos, la regla sobre la carga probatoria sigue la doctrina clásica la cual establece que el demandante debe probar los hechos constitutivos y el demandado los hechos modificativos, extintivos, o impeditivos. 

Este criterio ha querido ser flexibilizado por un grupo importante de procesalistas que han querido implantar “solo para casos excepcionales”  la teoría de la carga dinámica en pro de la verdad y de la justicia. Así lo hemos podido verificar en el proyecto de reforma de la ley adjetiva civil, el cual ha quedado paralizado en su segunda discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela. 

En Vista, que a nivel legislativo no se ha podido implementar la teoría de la carga dinámica, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 292 de fecha 03/05/2016, expediente Nº 15-831, se ha visto en la necesidad de implementarla a nivel jurisprudencial, siendo un criterio novedoso en la doctrina procesal venezolana. Debido a la transcendencia de esta sentencia procedemos a citar sus puntos más importantes: 

“En orden aparte de ideas, la Sala con ocasión de las denuncias supra resueltas, reexaminó lo concerniente al establecimiento de los elementos correspondientes a la Carga de la Prueba u Onus Probandi de las partes y en tal sentido, busca armonizar para casos futuros dicha carga con la actividad del juez en la búsqueda de la verdad y con la finalidad del proceso, aspectos propios de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, tal como quedó diseñado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dando un enfoque mucho más amplio y justo al proceso civil en el hallazgo de la justicia. 

(…)

Así, nos alejamos de interpretaciones exegéticas y de normas pétrea procesales para adentrarnos en una interpretación pragmática y dinámica, a la luz de la moderna concepción del Estado Social de Derecho y de Justicia, como piedra angular y, desiderátum máximo del sistema Procesal Civil Venezolano.

Así, dentro de éste cambio paradigmático, el “Derecho y la Carga de Probar” se traducen en defenderse probando, formando parte de la cabal y plena caracterización de la defensa y del fin del proceso (Justicia y Verdad), pues si ello se impide, -aún con normas adjetivas en plena vigencia-, se afectarían las Garantías mismas de Rango Constitucional, generándose una limitación al equilibrio y acceso de los medios al proceso; vale decir, que en la edad de la Garantías Adjetivas Constitucionales, una Carga Probatoria Pétrea o Rígida, sería tanto como crear, procesalmente un: “estado de sitio” de los Derechos Fundamentales.

El litigio civil, de ninguna manera puede estar divorciado del proceso justo, cuyos lineamientos otorgan las Garantías Jurisdiccionales. Tampoco es correcto, -sostenía VAN REEPINCHEN, en la reforma procesal Belga-, que el juez expida una decisión que se sepa alejada de la verdad simplemente porque una parte o un tercero, -quienes tienen el verdadero acceso a las pruebas-, no hayan querido desposeerse o asumir la carga de una pieza esencial para la búsqueda de la “verdad”.

(…)

Así, en muchas ocasiones la normativa adjetiva y sustantiva civil de la carga de la prueba u onus probandi, establecida en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, constituyen insuficientes reglas del reparto de la carga en búsqueda de la verdad…

(…)

Inevitablemente, nos atrevemos a decir, que el principio de la carga probatoria civil, heredada del sistema romano -canónico-, se asemeja, en determinadas situaciones específicas, más a un rito, a un procedimiento mágico, cuasi litúrgico, de los cuales está excluida la razón…. 

Ese es en realidad el dilema de nuestro tiempo, especialmente en la República Bolivariana de Venezuela, donde el Derecho Procesal Civil de la Democracia debe eliminar las bases del individualismo generándose un Juez que, siendo imparcial, no puede ignorar lo que sucede en la realidad, y que el contexto es determinante en el proceso.

(…)

La rígida carga de la prueba civil, cuyo más cercano símil correspondería a un viejo chasis de carro que no puede ser desdoblado, impidiendo el acceso a la Prueba y a la Verdad del proceso, nuestro actual sistema de cargas probatorias, con su finalidad residual, lejana a la realidad de las cosas, se refiere más a la individualidad del interés de probar, principio éste que atenta, en determinadas situaciones, contra los principios constitucionales, pues en criterio de Sala de Casación Civil, la plena posibilidad de descubrir, proponer y producir la prueba, está en la base constitucional de acceso a la justicia (artículo 26); de debido proceso (artículo 49.1) y del entendimiento del proceso como un instrumento para la búsqueda de la justicia (artículo 257) y de cualquier exigencia humana como centro del proceso, por eso: ¡Prueba quien está llamado a hacerlo siempre que pueda hacerlo!

(…)

Es necesario que bajo la visión constitucional se solidarice el concepto de carga de la prueba y se proceda a invertir ésta por desaplicación a través del control difuso que otorga la Ley Fundamental a todos los Jueces de la República.

Se debe asumir quien tiene la mejor posibilidad de acreditar la verdad de los hechos, lo que, a pesar de la existencia de las normas de carga probatoria, que deben desaplicarse al caso en concreto, obligan a desplegar la actividad procesal necesaria para probar el hecho en cuestión, por lo que cobra importancia el principio del equilibrio procesal de las partes (artículo 15 del Código Adjetivo Procesal) que involucra el deber de probar a quien mejor puede hacerlo, “favor probationis” o Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas, que hace recaer la carga de la prueba en quien se halla en mejor condición de aportarla, a los fines de obtener la verdad objetiva.

En este sentido, se comprende, que existe una complejísima variedad de factores que intervienen en determinadas relaciones para desaplicar en cada caso concreto una norma como la de la carga de la prueba, por ello el constituyente atribuyó el control difuso (artículo 334 constitucional) en cada uno de los jueces, para que, ante cada situación conjugue con los elementos de ésta principios constitucionales y obtenga la solución justa en un Estado Social de Derecho y Justicia.

(…)

Por supuesto, existen quienes temen a este imponderable de establecer la carga en forma distinta por motivos de poder buscar la verdad, lo cual hace recordar, cuando se le preguntó a MICHELE TARUFFO: ¿Y, quién controla al Juez Civil? Y éste muy tranquilo respondió: ¡El juez se controla por la legalidad y constitucionalidad de su ponderación!, agregando -: “Dobbiamo confiar negli guidice”: “Debemos confiar en los Jueces”.

Restringiéndose las facultades del Juez, éste no se equivoca menos, por ello la Constitución y la Ley, le permiten en situaciones como ésta dúctilizar la carga probatoria.

Hacer dúctil la carga en determinados supuestos es la culminación de un pensamiento que comenzó por LASCANO, pasando por los clásicos trabajos de MICHELE y ROSEMBERG, iluminados por SENTÍS MELENDO, llegando a EISNER, ARANZI; TARUFFO; MORELLO; PEIRANO hasta culminar con MARCELO MIDÓN.

Toda reflexión anterior se inscribe en la necesidad de que la carga de la prueba no puede estar bajo los viejos esquemas del romano canónico, en cabeza de “quien tenga la carga legalmente determinada”, sino de aquél que se encuentre en mejores condiciones, siendo ésta de carácter excepcional (no se aplica a todos los casos a resolver).

De manera que las Cargas Probatorias Dinámicas ó Solidarias también llamadas de cooperación, sólo provocan, un desplazamiento parcial de la carga probatoria.

Finalmente, es necesario puntualizar que el criterio hoy asentado no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se planteen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos. Así se decide”.

Según lo anterior, la Sala de Casación Civil como máximo órgano o cúspide de la jurisdicción civil en Venezuela, abre la posibilidad (con efecto ex nunc) que para casos muy particulares, donde se vea gravemente comprometida la verdad y la justicia por la falta de producción de pruebas, pueda el juez flexibilizar las normas que regulan la carga probatoria o sencillamente desaplicarlas a través del control difuso constitucional (artículo 334 constitucional), asignándole a la parte que se encuentre en una condición más favorable, aportar los medios probatorias que para la otra parte le son imposibles o de difícil acceso. Todo esto fundamentado en los artículos 2 (sobre el Estado Social, de Derecho y de Justicia) y 257 (señala que el proceso es un instrumento fundamental para alcanzar la justicia) de la Constitución venezolana. Primera vez que el Máximo Tribunal establece el criterio de la carga probatoria dinámica o también denominado favor probationes en el área del proceso civil. 

 

Conclusiones.

La teoría de la carga dinámica es de difícil tratamiento, ya que solo los jueces experimentados y de gran prudencia podrían llegar a aplicar con éxito esta regla para casos que realmente sean necesarios, de lo contrario pudiera generar grave daños a cualquiera de las partes. Por ello, pensamos que se debe mantener en los casos ordinarios la vieja regla del onus probandi, es decir, la cual establece que tendrá la carga de probar aquella de las partes que afirme la veracidad o no de algún hecho. 

Para que el juez pueda aplicar la teoría de la carga dinámica de la prueba es necesario que haga un juicio a fondo, conocer bien los hechos que se desean probar, para que a través de un juicio a posteriori, pueda llegar a la convicción de señalar cuál de los hechos necesita ser probado y cuál de las partes se encuentra en un mejor posición de demostrarlo. Esta flexibilidad de la carga dinámica no debe premiar a la parte que se pueda beneficiar de su aplicación, sino que el juez debe también exigir todo el esfuerzo para que esta parte demuestre realmente que se encuentra en extrema dificultad probatoria en comparación con su contraparte.  

 

Firmado: William Correa.
Colaborador Permanente en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– Fernández Héctor (2010). Dinámica de la prueba. (en linea) disponible en: http://www.perezcalzadilla.com/publicaciones/2014-08-21-dinamica-de-la-prueba.aspx

– Trujillo Cabrera, J. (2006). La carga dinámica de la prueba. Bogotá, Colombia: Leyer.

– Urdaneta Sandoval, C. (2006). Nuevos horizontes de la carga de la prueba en el proceso laboral. Las doctrinas de las “cargas probatorias dinámicas” y de la “visión solidarista de la prueba”. Revista de Derecho , 125-168.

 

Imagen:

– ajudicuba.wordpress.com

One thought on “La carga dinámica de la prueba en el proceso civil

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *