La competencia desleal en los negocios internacionales: ¿Ante que tribunales demando y que ley aplico?

La competencia sólo es verdadera competencia su cumple los requisitos de libertad y de lealtad. La lealtad implica que las empresas logren atraer a su clientela a través de la “competencia basada en las propias prestaciones”, o dicho de otro modo, no haciéndolo mediante actuaciones contrarias a la buena fe, como puede ser usando el engaño o aprovechándose de las inversiones y creaciones de los competidores.

En un primer momento de la regulación, la represión de la competencia desleal se basaba en el “modelo profesional”, conforme al cual era desleal lo opuesto a las normas de corrección y los buenos usos mercantiles, mientras que actualmente la mayoría de los países optan por el “modelo social”, cuyo parámetro es la buena fe objetiva. Esto se explica porque la competencia se concibe como el eje de la vida económica de la sociedad, correspondiendo al Derecho de la competencia desleal la protección no sólo de los empresarios y consumidores, sino del buen funcionamiento del mercado en su generalidad.

Como punto de partida de la unificación de las normas sobre competencia desleal podemos citar el Convenio de la Unión de Paris (de aquí en adelante CUP), adoptado en 1883, que en su artículo 10 bis párrafo primero impone a los Estados miembros la obligación de asegurar a los nacionales de los países firmantes una protección eficaz contra la competencia desleal, pasando a establecer, en su párrafo segundo, una definición, si bien en términos amplios, de qué se entiende por actos de competencia desleal, no siendo otros que aquellos “contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial”. Finalmente, enumera, a modo de numerus apertus, tres tipos de actos de esta naturaleza, a saber: los actos de confusión, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar a un competidor y las indicaciones que puedan inducir al público a error sobre los productos. A su vez, el artículo 10 ter CUP obliga a los Estados miembros a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales para reprimir eficazmente todos estos actos, aunque realmente, la amplitud y falta de concreción de esos mecanismos, unido a la imposibilidad de invocación directa de este instrumento ante las autoridades nacionales, hacen que este sistema no sea todo lo eficaz que desearíamos.

Como complemento de lo anterior, también podemos mencionar el Acuerdo ADPIC, cuyo artículo 2 preceptúa la obligación de los Estados miembros de cumplir ciertas disposiciones del CUP, entre las que se encuentran los artículos 10 bis y 10 ter arriba mencionados.

A su vez, ciertas organizaciones empresariales también han contribuido en la elaboración de este soft law, en especial, la Cámara de Comercio Internacional, con su Código Consolidado de Prácticas Publicitarias y Mercadotecnia de 2011, que busca lograr una publicidad honesta, legal, decente y veraz.

¿Ante qué tribunales demando?

Los litigios civiles en materia de competencia desleal constituyen un ilícito extracontractual, por lo que en materia de competencia judicial internacional, junto al fuero general del domicilio del demandado y la eventual aplicación de las reglas sobre sumisión, los fueros relevantes son los de los artículos 7.2 Reglamento Bruselas I bis (RBI bis), 5.3º y 5.4º Convenio de Lugano (CL) o el artículo 22 quinquies Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Eso sí, cuando se pretendan solicitar medidas provisionales podremos acudir al fuero de los artículos 35 RBI bis, 31 CL o 22 sexies LOPJ.

Por lugar del daño entendemos el mercado en el que entran en conflicto los intereses comerciales de los implicados, pero dicha concreción puede resultar compleja en los casos de disociación entre el lugar de origen del mismo y el de manifestación.

Otro obstáculo aparejado en este ámbito es la propia determinación de si las pretensiones de responsabilidad civil que debemos formular deben ser consideradas a efectos del RBI bis como “materia contractual” (7.1) o extracontractual (7.2), refiriendo el TJUE, en su sentencia de 13 de marzo de 2014, Brogsitter, que la circunstancia de que se trate de una acción interpuesta entre las partes de un contrato no basta para considerar que está comprendida en la materia contractual a los efectos del artículo 7 RBI bis, sino que habrá que estar al objeto del contrato.

¿Qué ley aplico?

Para determinar la ley aplicable a los actos de competencia y a la responsabilidad extracontractual derivada de los mismos , se ha impuesto el “criterio de los efectos”, que ha derivado, en el marco del Reglamento Roma II, en la aparición del artículo 6.1, que determina que la ley aplicable a una obligación extracontracual derivada de un acto de competencia desleal es la del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados, que es lo que se conoce como “lex mercatorus protectionis”, y que tiene que puede dar lugar a la aplicación distributiva de una pluralidad de ordenamientos cuando la actividad se localice en varios países o mercados.

Debemos destacar, por la relevancia que ha adquirido este medio debido a la revolución digital, que respecto al uso de internet, el criterio de los efectos conduce a la aplicación de aquellos ordenamientos en los que la actividad tienen un efecto comercial significativo, debiéndose rechazar que esa situación concurra en cualquier país en el que resulta accesible la información contenida en un sitio web.

El artículo 6.2 introduce asimismo un tratamiento especifico respecto a la ley aplicable a actos de competencia desleal que afectan exclusivamente a los intereses de un consumidor (típicamente los actos de violación de secretos y de inducción a la infracción contractual), señalando que se aplicará la ley del lugar del daño, si bien cuando responsable y víctima tengan su residencia en el mismo país, la ley aplicable será la de la residencia habitual común o la ley de otro país con el que la situación se encuentre manifiestamente más conectada.

Concretamente, la competencia desleal está regulada en España en una ley específica denominada con el mismo nombre, Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Algunas de las prácticas susceptibles de dicha calificación, son las siguientes:

  • Actos de engaño: cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico.
  • Dumping de precios: vender a un precio inferior al coste final del producto.
  • Actos de denigración: realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes, no siéndolo las que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.
  • Actos de confusión: todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, siendo suficiente el riesgo de asociación.
  • Prácticas agresivas de competencia: comportamientos susceptibles de mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza o influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario en relación al bien o servicio.
  • Prácticas de venta piramidal: el consumidor o usuario realice una contraprestación a cambio de la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores o usuarios en el plan, y no de la venta o suministro de bienes o servicios.
  • Explotación de la reputación ajena: el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Para finalizar, únicamente citar, a modo de ejemplo, el “caso Funciona”, que llegó a nuestro Tribunal Supremo, en el cual el Grupo Leche Pascual como comercializadora de una bebida de leche y frutas bajo la denominación “Pascual Funciona” demandó a la empresa García Carrión porque ésta había empezado a comercializar una bebida de zumo y leche bajo la denominación “Don Simón Funciona” y “Don Simón Funciona Max”, con una representación gráfica similar, entendiendo que se trataba de un acto de competencia desleal.

Andrea García González

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva


Fuentes:

  • Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
  • Reglamento (UE) No 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
  • Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.
  • Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
  • Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Lugano el 3o de octubre de 2007.
  • Derecho mercantil I. J.M. DE LA CUESTA RUTE. Editorial Huygens, 3º edición.
  • Derecho de los negocios internacional. J.C. FERNÁNDEZ ROZAS, R. ARENAS GARCÍA, P.A. DE MIGUEL ASENSIO. Editorial Iustel, 5º edición.

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