La mal llamada “Doctrina Botín” y otras cuestiones que la rodean

Con motivo del caso Nóos y del enjuiciamiento de las personas implicadas, concretamente en lo que a la Infanta Dña. Cristina se refiere, ha vuelto a estar de actualidad la “doctrina Botín”. Desde los medios de comunicación nos bombardean con todo tipo de información relacionada con el caso -no sin que previamente haya pasado por sus filtros-, por lo que a estas alturas es difícil no hacerse una ligera idea de qué es la “doctrina Botín”, mas allá de lo terriblemente injusta y favorecedora de los poderosos como nos quieren vender.

 Pero… ¿conocemos realmente dónde tiene su origen la decisión adoptada por el Tribunal en el caso Botín?, ¿sabemos en profundidad en que consiste y cuáles son sus fundamentos?, ¿acaso no hemos preocupado por contrastar ciertas informaciones e investigar si realmente se trata de una “doctrina” injusta o forzada?. Pues bien, sin entrar en controversias sobre los casos en los que ha sido aplicada o en los que su aflicción ha sido solicitada, intentaré dar respuesta a dichas preguntas de la forma mas clara posible y daré mi opinión al respecto.

Antes que nada, para aquellos que anden un poco despistados, mencionar que la doctrina Botín  consiste en admitir que el Juez o Tribunal debe dictar el sobreseimiento libre de todas las actuaciones respecto del acusado cuando la única parte que sostenga el ejercicio de la acción penal sea la acusación popular, y así lo solicite el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Dicha doctrina, tiene su origen en la Sentencia de Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre, relativa a la presunta comisión de un delito fiscal por parte de Don Emilio Botín. Como es de suponer, tanto el caso en sí como la decisión final adoptada por el Tribunal tuvo una enorme repercusión mediática por tratarse de quien se trataba, una persona sumamente influyente y poderosa.

Desde entonces aquella decisión adoptada por el Tribunal fue acuñada -Dios sabe por quién- como la Doctrina Botín, y hasta el día de hoy así se sigue conociendo. No obstante, he de discrepar con esta denominación, y no por el nombre de “Botín” que personalmente no tengo nada en su contra, sino por calificar a tal decisión como una “doctrina”. Debemos tener en cuenta que, siempre desde mi punto de vista, una doctrina se trata de una interpretación o una aplicación de la Ley que va más allá de lo que la propia Ley establece, apartándose de la misma, que añade, resta o, en todo caso, modifica, lo que debería resultar de la aplicación de la Ley pura y llanamente.

Y entonces… ¿qué sucede con la decisión adoptada en el caso Botín? Pues resulta que curiosamente no es ni más ni menos que el resultado de aplicar el tenor literal de la Ley. Dicha decisión encuentra su fundamentación en el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo en cuestión viene a establecer que “si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el Juez, excepto en los supuestos de los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º del artículo 20 del Código Penal, en que devolverá las actuaciones a las acusaciones para calificación, continuando el juicio hasta sentencia, a los efectos de la imposición de medidas de seguridad y del enjuicia-miento de la acción civil, en los supuestos previstos en el Código Penal”.

Por otra parte, como podemos observar en el artículo expuesto, aún pudiendo hacerlo, no se hace referencia a la acusación popular, y la actuación del juez no está sujeta a su propio arbitrio, sino que, tal y como aparece redactado el precepto, queda obligado a sobreseer la causa cuando así lo solicite el Ministerio Fiscal y la acusación particular, con independencia de lo que manifieste la acusación popular.

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Dicho esto, independientemente de mis convicciones personales y de que considere que la doctrina Botín no merezca la consideración de “doctrina” como tal, continuaré refiriéndome a ella del mismo modo por motivos prácticos.

Así las cosas ¿a que se debe tanto revuelo y tanta controversia en torno a la doctrina Botín? Pues bien, partiendo de la base de que no todo es negro o blanco, considero que uno de los principales problemas que tiene es que le pesa el nombre; es decir, el hecho de que la decisión del Tribunal sea respecto de un personaje poderoso alimenta la idea popular de que los ricos tienen mas privilegios y siempre se salen con la suya, lo que da pié a juicios de valor y todo tipo de comentarios contrarios a la doctrina Botín que a bien seguro no tendrían lugar si, en vez de tratarse de Don. Emilio Botín, se tratara de Don. Fulanito Mengano. Por si esto fuera poco, su aplicación a vuelto a plantearse en torno a la imputación a la Infanta Doña Cristina, aunque finalmente el Tribunal ha rehusado aplicarla y ha mantenido la imputación a la Infanta.

Otro de los problemas, este de carácter más jurídico, es que, a penas tres meses después de la Sentencia del caso Botín que establecía lo que hemos visto hasta el momento, el 8 de abril de 2008 se dictaba por el Tribunal Supremo la Sentencia 54/2008 en sentido contrario, admitiendo así la apertura del juicio oral contra lo interesado por el Ministerio Fiscal y con la única petición de la acusación popular.

En concreto esta última Sentencia citada, que resolvía el caso de Juan María Atutxa (expresidente del Parlamento vasco) vino a establecer en definitiva la excepción de que “en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos por el delito, no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio Fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral”. En este caso sí que cabría considerar que esta-mos ante una doctrina, la “doctrina Atutxa”, puesto que se hace una interpretación contra legem del art. 782.1 LECrim y, si se me permite, incluso en malam partem, puesto que perjudica al acusado.

No obstante lo expuesto, la doctrina Atutxa no desacredita por completo de doctrina Botín, puesto que se refiere a situaciones en las que existe una afectación de bienes jurídicos colectivos o supraindividuales en los cuales no existe y no se puede delimitar un único particular ofendido por el delito. Sin embargo, la doctrina Botín se construye en torno al delito fiscal y, si bien es cierto que Hacienda somos todos, no podemos dejar de lado el hecho de que es un organismo bien definido que cuenta con un importante cuerpo de profesionales a su disposición -como son los abogados del estado- para ejercer su derecho de defensa.

En conclusión considero que la -mal llamada- doctrina Botín no ha tenido suerte en su “vida” pero que en todo caso no es tan injusta o improcedente como muchos piensan o como muchos quieren hacernos ver. El hecho de que la acusación particular y el Ministerio Fiscal interesen el sobreseimiento  de un determinado acusado y los motivos que les llevan a ello podrán  ser unos u otros y podrán gustarnos mas o menos pero eso ya es otra historia, pese a todo debemos mantener la confianza en nuestras instituciones.

A título personal, independientemente de que me pueda parecer mejor o peor el hecho de que se dicte un sobreseimiento libre respecto de un determinado acusado, creo que la doctrina Botín no solo es una aplicación de la Ley perfectamente válida, sino que además creo que es la que mas se ajusta a derecho. La Ley está para cumplirla y si no nos gusta no queda otra que cambiarla.

Firmado: Pablo Lightowler – Stalhberg.
Redactor en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– Ley de Enjuiciamiento Criminal.

– Auto Audiencia Provincial Palma de Mallorca de 29 de Enero de 2016

Imagen:

Botín.

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