La nueva reforma de la LOPJ

La  novísima LO 15/2015 de 16 de Octubre, que fue publicada el pasado Sábado 17 en el BOE y que entró en vigor el mismo día de sus publicación, viene a reformar la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de Octubre del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del dicho órgano como garantía del Estado de Derecho.

Su promulgación no ha estado exenta de polémicas. Se le ha tachado de ser una Ley ad casum, express y de emergencia que se ha promulgado por meras razones políticas y ya desde su tramitación parlamentaria se la conocía como “reforma express del Tribunal Constitucional”.

Al margen de estas discusiones y antes de hacer una análisis crítico sobre la cuestión, pasaremos a analizar dicha Ley y sus modificaciones en el la LOTC.

Recuerda su Preámbulo que uno de los principales componentes del ejercicio de cualquier función jurisdiccional es la existencia de instrumentos suficientes para garantizar la efectividad de las resoluciones dictadas en el ejercicio de dicha función y la garantía de dicha efectividad es un elemento esencial para la existencia un Estado de Derecho.

La reforma básicamente se centra en dotar al TC (supremo intérprete y garante de la CE) de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Y aunque la propia norma admite que ya la actual regulación del TC contiene principios generales para garantizar la efectividad de las mismas,“ la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones (….) obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real”

Por tanto el Tribunal podrá acometer la le ejecución de sus resoluciones  bien directamente o a través de cualquier poder público, y atribuye el carácter de título ejecutivo a las resoluciones de dicho Tribunal, estableciendo en sede de ejecución la aplicación supletoria de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Para el caso de incumplimiento de sus resoluciones, la norma establece un sistema específico, de manera que se solicitará un informe a la personal que vulnere o incumpla dicha resolución, y una vez recabado el informe o vencido el plazo para la presentación del mismo, el TC podrá:

.-imponer multas coercitivas

.-acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento

.-o encomendar al Gobierno de la Nación, aún en funciones, la ejecución sustitutoria.

Y todo ello sin perjuicio de que se puedan exigir las responsabilidades penales que correspondan.

También contempla la Ley el supuesto de que ocurran circunstancias de especial transcendencia constitucional (como por ejemplo incumplimiento notorio de sus resoluciones) en cuyo caso, el Tribunal pueda adoptar las medidas de ejecución necesarias “inaudita parte”. Esto último se matiza después puesto que en la resolución que las acuerde , dará audiencia a las partes y al MF y decidirá sobre su mantenimiento, revocación o modificación de las medidas en ella adoptadas inicialmente.

tribunal_constitucional

La Ley modifica los artículos de la LOTC, y en concreto el  80,87 y 92, que de manera muy sucinta viene a regular específicamente algunas de las cuestiones ya adelantábamos:

.- En materia de comparecencia en juicio, recusación, abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación  votación, caducidad, renuncia y desistimiento, legua oficial y policía de estados, se aplicará con carácter supletorio de la LOTC, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

.- En materia de ejecución de resoluciones (como ya lo adelantábamos antes) se aplicará con carácter supletorio de la LOTC , la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

.- Las resoluciones y sentencias del TC tendrán la consideración de títulos ejecutivos.

.-El TC podrá acordar  la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que considere necesario.

.- Todos los poderes públicos estarán sujetos a lo que el TC resuelva

.-Los Juzgados y Tribunales prestarán al TC el auxilio judicial que éste solicite con carácter urgente y preferente.

.- El TC podrá disponer en la sentencia o resolución o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y en su caso resolver las incidencias de su ejecución.

.-El TC podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos.

.- En caso de advertirse que una resolución del TC sea  incumplida , el Tribunal de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso, en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto.

.- Como ya lo adelantábamos anteriormente, si recibido dicho informe o vencido el plazo para el mismo, el TC podrá acordar, si estima incumplimiento total o parcial de sus resolución, alguna de las medidas anteriormente citadas :

.multas coercitivas (pudiendo incluso reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado)

.acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento  

.ejecución sustitutoria de la misma

.deducir el correspondiente testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Concluiremos con una breve reflexión jurídica sobre la materia. Con dicha nueva regulación, el TC tendrá unas prerrogativas hasta ahora inauditas. Recordemos que se declara con carácter expreso que “todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el TC resuelva”. Algunos lo tachan ya de excesivo, sobre todo si tenemos en cuenta que al supremo intérprete de la CE se le han adjudicado medidas altamente disuasorias para el cumplimiento efectivo de sus resoluciones y para la ejecución de las mismas. Al margen de las críticas que supone su inminente entrada en vigor para una norma de este calado ( la Disposición Adicional Única, como ya adelantábamos señala que entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, es decir el 17 de Octubre de este mismo año -sin vacatio legis que permita al ciudadano concienciación de una norma de esta transcendencia-) debemos hacer otras reflexiones no menos preocupantes: la politización  (y no de la ya tradicional crítica de la elección de sus miembros), sino de modificaciones legislativas oportunistas que responden más a razones puramente “políticas” que a verdaderas necesidades sociales, jurídicas y legislativas.

Firmado: Miriam Guardiola
Redactora en Derecho & Perspectiva


Fuentes:

-Elaboración Propia.

-Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *