La pena privativa de libertad: un análisis del art. 25.2 CE

“Dentro de la evolución histórica del derecho penitenciario, uno de los acontecimientos más relevantes para nuestros ordenamientos jurídicos ha sido, sin ninguna duda, la progresiva positivización y aceptación de la pena privativa de libertad como instrumento eficaz para alcanzar un doble objetivo: la retribución del daño causado y la resocialización y reeducación del penado. El articulado de nuestro texto constitucional hace una mención expresa al asunto, por lo que en el presente artículo abordaremos, aunque sea someramente, qué fines persiguieron nuestros padres constitucionales a la hora de regular la pena consistente en la privación de uno de los bienes jurídicos más importantes de la persona, la libertad.”

Cada cierto tiempo, suele aparecer en el debate público la conveniencia o no de aumentar la dureza de las penas privativas de libertad e incluso se discute cuales tienen que ser las finalidades de las mismas, si se debe apostar por una mayor retribución o mantener unas directrices basadas en la reeducación y la resocialización del penado. Por ese motivo conviene, antes de entrar al debate, conocer y analizar, aunque sea someramente, qué es lo que nos dice al respecto nuestro texto constitucional. Para ello, vamos a detenernos en el artículo 25.2 de la Constitución Española, que afirma lo siguiente:

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.”

De la lectura del artículo podemos diferenciar tres partes y cuyo análisis de manera separada nos permitirá una mejor compresión del asunto.

  • “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”

Aunque pudiera parecer que de las líneas anteriores se desprende el fundamento de las penas, esto es, la reeducación y la reinserción social, la doctrina actual dominante sostiene que no sería este el caso, sino que se trata de un criterio de ejecución penal dirigido al ámbito penitenciario. De hecho, es numerosa la doctrina Constitucional (Auto TC 985/1986 de 9 de noviembre, STC 19/1988 de 16 de febrero) que se manifiesta en este sentido, es decir, que los fines reeducadores y resocializadores no son las únicas pretensiones factibles dentro de las penas privativas de libertad, pudiendo ser constitucional aquella pena que no respondiera exclusivamente a este punto de vista.

  • “El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.”

No son pocas las críticas que ha recibido el párrafo anterior por parte de diversos autores, puesto que parece dejar fuera del ámbito subjetivo de aplicabilidad a los presos y detenidos, así como a aquellos internos en virtud de una medida de seguridad. Para superar esto, se ha optado por que el término de “prisión” sea equivalente a “privación de libertad”, lo que consigue, aparte de incluir las categorías antes descritas, abarcar también a quienes cumplan pena de arresto sustitutorio y preventivos. Para terminar, nos enumera sucintamente los límites al disfrute de los Derechos Fundamentales a los que se hace alusión al comenzar.

  • “En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.”

Las últimas líneas del precepto constitucional que estamos analizando también has levantado cierta polémica, al considerar cierta posición doctrinal que no encontramos ante una extralimitación en la protección de este derecho. Cabe recordar que en este caso en concreto nos encontraríamos ante un artículo comprendido dentro de aquellos que merecen una especial y reforzada protección constitucional (del 14 al 29 CE). Sin embargo, el mismo derecho, el del trabajo, cuando es aplicable al conjunto de los ciudadanos no reclusos, sería el del artículo 35 CE, el cual no tiene ese grado de protección.

La opinión mayoritaria se ha manifestado al respecto arguyendo que de lo que se trata aquí es de poner en valor y destacar el derecho al trabajo y a la seguridad social, impidiendo que pueda tener ningún tipo de restricción. Especialmente clarificadora es la STC 1/1993 de 18 de enero que al respecto nos dice:

“La naturaleza y contenido del indicado derecho al trabajo penitenciario ya los beneficios de la Seguridad Social que establece el art. 25 CE ha sido ya objeto de examen por este Tribunal, que ha afirmado que dicho reconocimiento constitucional no supone su configuración como un verdadero derecho subjetivo perfecto del interno frente a la Administración, pero tampoco como una mera declaración dirigida a destacar la obligación positiva de la Administración Penitenciaria de procurar al interno el efecto disfrute de ese derecho pues también aquí hay una exigencia complementaria de la garantía fundamental dela participación en esa actividad”

Y ahondando sobre el tema la misma sentencia:

son derechos de aplicación progresiva, cuya efectividad se encuentra en función de los medios que la Administración Penitenciaria tenga en cada momento, no pudiendo ser exigidos en su totalidad de forma inmediata en el caso de que realmente exista imposibilidad material de satisfacerlos.”

Con todo lo dicho hasta el momento, podemos extraer algunas conclusiones acerca de los pilares en los que se va a asentar nuestra regulación sobre la pena privativa de libertad. En primer lugar, que los fines reeducadores y resocializadores, aunque altamente deseables, no tienen por qué ser los únicos objetivos admisibles dentro de este tipo de pena y que, además, en puridad, son un mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria. Además, como hemos visto, debemos entender el término “prisión” del artículo de manera extensiva, abarcando por ello a presos preventivos o quienes estén cumpliendo medidas de seguridad privativas de libertad.

Por último, aunque el derecho al trabajo de los penados está dentro del conjunto de artículo de protección constitucional reforzada, solo es posible acudir al recurso de amparo en aquellas ocasiones en que exista un puesto de trabajo disponible en el establecimiento penitenciario, se tuviera derecho al mismo en virtud del orden de prelación establecido y sin embargo la Administración correspondiente no lo adjudica y esto porque estamos ante un derecho de aplicación progresiva.

Santiago Campos Ruiz

Colaborador en Derecho & Perspectiva


Fuentes:

  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 1/1993 de 18 de enero.
  • Auto del Tribunal Constitucional 985/1986 de 9 de noviembre.
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1988 de 16 de febrero.
  • CERVELLÓ DONDERIS, V (2006): “DERECHO PENITENCIARIO” TIRANT LO BLANCH

Santiago Campos Ruiz

Colaborador en Derecho & Perspectiva

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