La postulación de los funcionarios públicos en el procedimiento contencioso-administrativo

La postulación de las partes se define como aquel presupuesto procesal por el que las partes deben acudir e intervenir ante el órgano jurisdiccional competente representadas por un procurador y asistidas por un abogado. En la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 se recogen algunas reglas que difieren de las que se establecen con carácter general en la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo interesante la norma relativa a la postulación de los funcionarios públicos en el proceso contencioso-administrativo, que ha sufrido dos reformas en un período muy reducido y que han provocado que el contenido del precepto que regula esa materia tenga, en la actualidad, su redacción original.

Antes de definir la postulación, hay que destacar que Víctor Moreno Catena indica que “las actuaciones procesales, como vía para resolver conflictos jurídicos, exigen determinados conocimientos especializados con la finalidad de plantear adecuadamente al órgano judicial la posición de cada una de las partes en el proceso”. Ese hecho implica que es necesario recibir el asesoramiento de especialistas que desarrollan labores en los distintos ámbitos vinculados con el Derecho. Según Marina Cedeño Hernán, el ordenamiento jurídico español “ha asumido la necesidad de que exista el personal técnico, que auxilie a las partes y colabore con el órgano judicial, y ha dividido las funciones propias de este personal entre dos profesionales: los procuradores y los abogados”.

La capacidad de postulación se define como aquel presupuesto procesal que, debiendo concurrir en todo caso para que se pueda iniciar un proceso correctamente, consiste en la necesidad de acudir e intervenir ante el órgano jurisdiccional competente representado por un procurador y defendido por un abogado. Son fuertes los argumentos que justifican la postulación y se basan en la defensa de los ciudadanos. 

Es cierto que el artículo 24 de la Constitución Española establece en su primer apartado que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Como dice Inmaculada López-Barajas Perea, la postulación “tiene por finalidad última evitar situaciones materiales de indefensión”. Además, hay que destacar que Víctor Moreno Catena señala claramente que “en la base de esta exigencia legal se encuentra la consideración de que, si la parte no se hace asistir por profesionales del derecho, las actuaciones judiciales podrían carecer del más elemental sentido jurídico, y la oficina judicial se llegaría a convertir en una suerte de consultorio o de oficina de ayuda jurídica, dedicado a aconsejar o ilustrar a los ciudadanos acerca del modo de plantear sus demandas, debiendo el Juzgado suplir las deficiencias de conocimientos jurídicos y de exposición en derecho de las respectivas posiciones y actuaciones de las partes”.

La postulación en el proceso contencioso-administrativo se recoge en el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Este precepto contiene, además de una regla especial, que después será analizada, unas reglas generales, por las que: 

  • En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas, en todo caso, por abogado.
  • En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas por abogado.

La Ley 29/1998 dice en su Exposición de Motivos que “Los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles”. Lógicamente, el artículo 23.3 de la norma recogía una regla especial y decía en su redacción original que “Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles”. El fundamento de esta regla es la idea relativa a los conocimientos jurídicos que deben poseer todos los funcionarios públicos, que, habiéndose obtenido en la preparación de las pruebas realizadas conforme al artículo 103.3 de la Constitución, deben ser suficientes para poder defender sus derechos en el proceso contencioso-administrativo, siendo posible que los funcionarios soliciten la asistencia de un abogado cuando lo requieran y en los casos en los que sea obligatorio acudir con un letrado.

Posteriormente, se produjo una supresión del tercer apartado del artículo 23 de la Ley 29/1998 con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El Preámbulo de la norma señala que “La presente Ley deroga también el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cuanto que la excepción de postulación para los funcionarios públicos en las cuestiones de personal que no impliquen su separación carece ya de sentido” y que “La práctica demuestra como esa falta de representación técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimiento del proceso más ágil y eficaz”. Las razones presentadas no eran muy contundentes y la forma de realizar la reforma fue cuestionable, pues se utilizó la Ley de Tasas Judiciales para modificar una regla con una importancia incidencia procesal.

Finalmente, se recuperó la regla de la postulación de los funcionarios públicos que fue eliminada por la Ley 10/2012 con la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuyo Preámbulo indica que “También se acomete la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para permitir que los funcionarios públicos, que no tienen reconocido el derecho de justicia gratuita con independencia de sus recursos, puedan comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles, con lo que se recupera la regulación ya existente con anterioridad a la Ley 10/2012”, de modo que, actualmente, el artículo 23.3 de la Ley 29/1998 establece que “Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles”, como se determinó originalmente en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998. 

Lo que ha estado sucediendo con el tercer apartado del artículo 23 de la Ley 29/1998 no tiene mucho sentido. Pocas han sido las ocasiones en las que se ha realizado una reforma impulsada por un Gobierno que, posteriormente, ha decidido rectificar, impulsando la eliminación de la modificación como si nada hubiera sucedido. 

Es posible que los motivos de la conducta que se manifestó con la última alteración del artículo 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa tuvieran carácter electoralista. Sin embargo, las causas de lo ocurrido nunca se sabrán con exactitud.

Firmado: Diego Fierro Rodríguez.
Redactor en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– La Constitución Española de 1978.

– La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

– La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

– La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

– CEDEÑO HERNÁN, MARINA: “Algunas consideraciones sobre la postulación y la tutela de los derechos económicos de los procuradores y abogados en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil”, Anuario jurídico de La Rioja, Nº 5, 1999, págs. 67-92.

– LÓPEZ-BARAJAS PEREA, INMACULADA: “La postulación y los derechos a la tutela y de defensa: La confidencialidad de las relaciones con el abogado defensor y sus límites”, Revista de derecho político, Nº 79, 2010, págs. 115-141.

– MORENO CATENA, VÍCTOR MANUEL: “Comentarios prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil: La postulación procesal: Arts. 23 a 30 LEC”, Indret: Revista para el Análisis del Derecho, Nº 4, 2005.

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