La prevención del terrorismo yihadista desde el primer paso: el adoctrinamiento

A raíz de los sucesos en Barcelona todos los focos nacionales e internacionales apuntan a la prevención de la amenaza terrorista, concretamente yihadista. Con la entrada en vigor de la LO 2/2015 y reforma del CP se esperaba dar respuesta punitiva definitiva a este problema pero lo cierto es que la controversia no ha hecho más que comenzar, surgiendo desde los distintos sectores jurídicos, políticos y sociales nuevas ideas y propuestas que podrían ser interesantes, entre las que están la conveniencia de un censo para controlar a los imanes de las mezquitas musulmanas ubicadas en España.

Las nuevas amenazas del terrorismo internacional socavan el Estado de Derecho y la convivencia de las democracias de cualquier país, y en especial es el terrorismo yihadista el que actúa con nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el odio, con la finalidad de aniquilar a quien no comparta sus ideas, calificándolos como enemigos. Ello con el firme propósito de expandirse por cualquier territorio que le sea posible a nivel mundial, lo cual es imperdonable y tenemos que combatir.

Tras la desgracia del pasado mes en Barcelona, la lucha contra el yihadismo se ha convertido en una de las grandes preocupaciones en nuestro País. Al igual que hubo una respuesta social por parte de los dependientes en las Ramblas, servicios médicos, donantes, policía y ciudadanos, también se espera lo mismo de la Justicia para conseguir prevenir estos actos, lo cual no hizo más que comenzar con la  reforma del Código Penal (“CP“) mediante la entrada en vigor de LO 2/2015 que introduce una amplia modificación del capítulo VII del título XXII del libro II del CP (“De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo“).

Con dicha reforma se comienza a condenar no sólo a quienes adoctrinan, sino también a los que aceptan ser adoctrinados o se adoctrinan a sí mismos, como recoge el art. 575 CP. La conducta consiste en recibir adoctrinamiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, u otras de poder destructivo, con la finalidad de perpetrar delitos de terrorismo. La diferencia a como estaba previsto anteriormente es principalmente su amplitud, pues antes únicamente se castigaba el acto de colaboración al terrorismo por la asistencia a prácticas de entrenamiento, la cual se mantiene actualmente como acto de colaboración en el art. 577.1 CP.

Pero lo que resulta evidente es que ya no es suficiente con penalizar a los que realizan labores de capacitación de terceros, sino que es necesario perseguir a los que se están preparando para en su momento ejecutar acciones terroristas. A mi juicio su control es imprescindible para alcanzar la finalidad preventiva, por ello me parece acertada y a la vez llamativa la inclusión de la auto-capacitación con fines terroristas mediante el acceso habitual a servicios de comunicación abiertos al público como es Internet, y más aún hoy en día con el uso de las redes sociales que los contenidos son más accesibles y resultan idóneos para incitar a la incorporación a una organización terrorista, o a colaborar con ella o en sus fines. Al respecto cabe señalar que dichos hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español, como indica el mismo precepto del CP.

En la misma línea de evitar la acción material que pueda causar los resultados que se prevén como delitos terroristas, en el apartado 3º del art. 575 CP, se adelantan igualmente las barreas de protección tipificando la conducta de quien, con el fin de colaborar con una organización o grupo terrorista, o cometen cualquiera de los delitos de esa clase, se traslade o establezca en un territorio extranjero controlado por una organización terrorista.

Así es como el ordenamiento jurídico pretende dar cobertura a todo fenómeno terrorista yihadista, puesto que el hecho material de salir del territorio español o intentar hacerlo, con la determinación de llevar a cabo actos de colaboración con una organización terrorista o para cometer esos delitos, también será suficiente para afirmar que estamos ante este delito, la que también concurrirá cuando el sujeto se establezca en un lugar controlado por una organización de tal naturaleza, siempre que tenga las finalidades antes mencionadas. Por tanto, el adoctrinamiento o entrar en webs de captación supondrá una pena de hasta cinco años.

La contribución de los países occidentales en la lucha contra el terrorismo yihadista, que cada día lleva a efecto asesinatos o exterminio de grupos étnicos o religiosos por motivos de odio visceral, con el fin de imponer un Estado en el que se excluyan a todos los que no profesen sus ideas o creencias, además de por otros medios que pudieran resultar efectivos, puede hacerse con la criminalización de las conductas antes citadas, lo que sin duda contribuiría a que en concreto en España no se adoctrinen o lo hagan por si mismos quienes quieren participar en esa forma de terrorismo.

Pero debemos tener en cuenta que el Tribunal Supremo (“TS“) recientemente distingue el adoctrinamiento de la mera formación ideológica, de manera que para obtener respuesta penal es necesario que sea de especial intensidad, sin que baste el mero acercamiento ideológico. Así es como ocurrió en el caso del marroquí Mohamed Akaarir, que finalmente fue absuelto en el TS puesto que publicó en Facebook material yihadista pero se consideró que no había quedado probado a cuál de los delitos terroristas iba dirigido su autoadoctrinamiento, algo que exige el nuevo delito, “No se precisa ni acredita cuál de las actividades delictivas relacionadas con organizaciones y grupos terroristas o con delitos de terrorismo era la destinataria de la capacitación autodidacta relatada”. A su juicio, sólo quedó probada “una asunción de ideales” con el Estado Islámico, que no es suficiente para condenar.

Puestos todos los focos hacia la prevención, debemos considerar que los hechos sucedidos en Barcelona han ocurrido posteriormente a la entrada en vigor de la LO 2/2015, lo cual nos hace replantearnos que nuestro ordenamiento jurídico debe seguir avanzando, incluso el Presidente del Gobierno lo comparte, “En España hemos revisado nuestro Código Penal en dos ocasiones para combatir las nuevas formas del terrorismo yihadista, y si es necesario volveremos a hacerlo en el futuro”. Con ello nos surge un gran abanico de interrogantes y de posibles métodos para combatir este fenómeno criminal, concretamente, se habla de un control a los imanes puesto que la única obligación de las mezquitas es inscribirse en el Registro General de Entidades Religiosas, pero nada más. La comunicación de la persona que ocupa el rol de imán en cada centro no es obligatoria sino simplemente “potestativa”.

Otra de las cuestiones que se están actualmente debatiendo es la conveniencia de controlar mediante un censo al máximo órgano musulmán ante la Administración, la Comisión Islámica en España, puesto que el papel de los ministros del culto islámico en la radicalización de jóvenes musulmanes en Europa, en el entorno de las mezquitas y en determinadas prisiones, han puesto sobre la mesa el control de las personas que dirigen el culto islámico en las comunidades españolas. No hay más que ver el papel que desempeñó el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, en los atentados de Barcelona y Cambrils.

De ello que nos preguntemos ¿Cuántos hay? ¿Quién los controla? ¿Cómo llegan a sus puestos? ¿Qué formación tienen?   El debate es difuso porque la legislación al respecto lo es, y porque la política de confesiones religiosas en España no obliga a un control exhaustivo sobre estos líderes espirituales, como tampoco lo hace con párrocos, rabinos, pastores o monjes budistas.

No obstante, si en algo coinciden las sociedades que agrupan al colectivo musulmán en España es que el problema con los imanes en nuestro país parte de una base sencilla: hay pocos y falta formación y recursos para contratar imanes, pues es algo que se lleva denunciando desde hace años, con escasos resultados. En nuestro país, las mezquitas pueden elegir a cualquier persona para dirigir la oración; no hace falta cumplir ningún requisito ni acreditar algún tipo de formación oficial. Tampoco la hay. No existen estudios reglados en teología islámica ni certificados oficiales que legitimen para difundir la religión de Mahoma. Ni siquiera existe un equivalente a las diócesis que se encargue de colocar, controlar o destituir si hace falta a algún religioso.

Incluso el presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri) advierte que, “Un imán mal formado es un problema para la comunidad, porque puede mandar un discurso equivocado que no se corresponde con la realidad española. Siempre hemos intentado alertar al Gobierno español sobre este problema”. Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana de España (FEME), también coincide: “Hace falta una institución superior que regule quiénes ejercen en las mezquitas para que se controle lo que se dice”.

Sin embargo, debemos considerar los diversos factores que dificultan que las palabras se conviertan en hechos pues el Islam, a diferencia del cristianismo, no tiene una estructura tan jerárquica ni tiene una cadena de mandos tan definida. Cada comunidad elige a su imán, que puede venir de diversas escuelas de pensamiento.

Sin duda alguna, a la vista de las circunstancias debemos seguir avanzando en la lucha por la erradicación completa del peligro que nos ocupa y para ello el legislador debe continuar abordando los mecanismos jurídicos para acabar con ello, empezando por las nuevas formas de adiestramiento y adoctrinamiento, que constituye el primer paso de acceso. 

Como dice Umberto Eco, “El fin del terrorismo no es solamente matar ciegamente, sino lanzar un mensaje para desestabilizar al enemigo”, y este es el mío.

Marina Manzanares

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva


FUENTES:

– Noticias jurídicas. “Contenido y novedades de la Ley Orgánica 2/2015, de reforma del Código Penal en materia de terrorismo”.

– ENRIQUE AGUDO FERNÁNDEZ – MANUEL JAÉN VALLEJO – ÁNGEL LUIS PERRINO PÉREZ. “Adoctrinamiento y adiestramiento”. Vlex.es

– Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

– El Confidencial. “Nadie controla a los imanes en España: Cualquiera puede dirigir la oración”.

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