La responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea

El Derecho de la Unión Europea está compuesto por diversas normas que tienen una gran incidencia para la vida de los ciudadanos en los Estados miembros. En muchas ocasiones, se producen incumplimientos del Derecho de la Unión Europea que perjudican a los sujetos que desarrollan sus actividades en el tráfico jurídico y que generan responsabilidad patrimonial. Resulta necesario conocer los casos concretos y los requisitos que deben concurrir para que pueda nacer el derecho a una indemnización.

El Derecho de la Unión Europea se puede definir como un conjunto de normas que son creadas por la organización internacional y que tienen la finalidad de cumplir determinados objetivos que afectan a diversos ámbitos. La aplicación de ese ordenamiento jurídico, que incide en la propia organización y en los Estados miembros, busca garantizar un espacio de libertad, seguridad y justicia, conforme al artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se pueda proteger la libre circulación de personas, bienes y servicios sin perjudicar a determinados sujetos, como los consumidores o los trabajadores.

Hay una serie de principios de aplicación del Derecho de la Unión Europea. Destaca por su relevancia el principio de primacía, expuesto por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de julio de 1964, que indica que el Derecho procedente de las instituciones de la organización internacional se integra en los sistemas jurídicos de los Estados miembros que están obligados a respetarlo, existiendo la primacía. 

El principio de primacía ha sido desarrollado posteriormente con bastante acierto. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero de 2013 dice que “En efecto, según jurisprudencia asentada, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, que es una característica esencial del ordenamiento jurídico de la Unión (véanse los dictámenes 1/91, de 14 de diciembre de 1991, Rec. p. I-6079, apartado 21, y 1/09, de 8 de marzo de 2011, Rec. p. I-1137, apartado 65), la invocación por un Estado miembro de las disposiciones del Derecho nacional, aun si son de rango constitucional, no puede afectar a la eficacia del Derecho de la Unión en el territorio de ese Estado (véanse, en especial, las sentencias de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, apartado 3, y de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten, C-409/06, Rec. p. I-8015, apartado 61)”. El contenido de esta resolución significa, según Juan Añón Calvete, la inaplicación de la norma nacional si contradice evidentemente la de la Unión Europea.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre de 2015 dice que “los Jueces y Tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tienen la obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma de Derecho de la Unión” y que la “obligación, cuya existencia es inherente al principio de primacía antes enunciado, recae sobre los Jueces y Tribunales de los Estados miembros con independencia del rango de la norma nacional, permitiendo así un control desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la conformidad del Derecho interno con el Derecho de la Unión Europea”. También hay que destacar un informe del Consejo de Estado sobre este tema, que indica que “Los Estados miembros están obligados a aplicar el Derecho de la Unión Europea –que goza de primacía frente a los ordenamientos internos- de acuerdo con el principio de colaboración leal” y que “Se ha dicho que este principio de colaboración leal constituye la auténtica garantía estructural del sistema europeo, en la medida en que el ordenamiento comunitario requiere una amplia colaboración por parte de los Estados miembros para que se produzca su cabal incorporación y aplicación en los ordenamientos internos”. 

En relación con el tema analizado, hay que tener presente que el artículo 4 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introducido por la Ley Orgánica 7/2015, recoge dos reglas: 

  • “Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
  • “Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes”.

Habiéndose expuesto ya todo lo relativo a la obligatoriedad del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, hay que analizar lo relativo a nacimiento e la responsabilidad del Estado por la vulneración del ordenamiento jurídico de la organización internacional. Diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizan el asunto.

El Estado de Derecho en España se sostiene sobre varios principios. Uno de ellos es el principio de responsabilidad de los poderes públicos, que se encuentra en diversos preceptos de la Constitución Española de 1978, aunque es cierto que hay que destacar, esencialmente, el artículo 9.3 de la norma, reconociéndose el debe del Estado de indemnizar a los ciudadanos de aquellos actos que no deben ser soportados conforme al ordenamiento jurídico. Reglas similares son las que se aplican en la Unión Europea.

Debe saberse que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de julio de 2016 establece que “Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión que le son imputables es inherente al sistema de los Tratados en los que ésta se funda(véanse las sentencias de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C-6/90 y C-9/90, EU:C:1991:428, apartado 35; de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C-46/93 y C-48/93, EU:C:1996:79, apartado 31, y de 14 de marzo de 2013, Leth, C-420/11, EU:C:2013:166, apartado 40). La resolución también dice que “Este principio rige en cualquier supuesto de violación del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro, independientemente de cuál sea la autoridad pública responsable de esta violación (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C-46/93 y C-48/93, EU:C:1996:79, apartado 32; de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, apartado 31; de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, EU:C:2006:391, apartado 30, y de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, apartado 46)”.

Como indica Miguel Ángel Díaz Herrera, los particulares afectados por un acto normativo contrario al Derecho de la Unión Europea tienen derecho a una indemnización por los daños causados siempre que concurran tres requisitos: 

  • La norma jurídica vulnerada debe tener por objeto conferir derechos a los particulares.
  • La violación debe estar suficientemente caracterizada.
  • Debe existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las personas hayan sido los perjudicados.

Ha existido una evolución en lo que a la aplicación de los medios para reclamar la indemnización por daños extracontractuales se refiere. La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha ido consolidando en el sentido favorable al reconocimiento de la responsabilidad sin que sea necesario agotar todas las vías, aunque, anteriormente, era otra la postura del órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.

La normativa española aplicable en la actualidad se encuentra, principalmente, en el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Esta norma tiene por objeto regular el procedimiento y los criterios para la determinación y repercusión de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, determinando su ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, así como los mecanismos para hacer efectiva la repercusión.

El Preámbulo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que se pretende “asegurar, mediante una acción común, el progreso económico y social de sus respectivos Estados, eliminando las barreras que dividen Europa”. El reconocimiento de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea es un mecanismo jurídico muy adecuado para lograr ese fin, en la medida en que se podrán repararse los daños causados por la realización de actos públicos que no respeten las diversas normas que vinculan a los Estados miembros.

Firmado: Diego Fierro Rodríguez.
Colaborador Permanente en Derecho & Perspectiva.


 

Fuentes:

– La Constitución Española de 1978.

– El Tratado de la Unión Europea.

– El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

– La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

– La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

– El Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

– La Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de noviembre de 2015.

– La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de julio de 1964.

– La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de julio de 2016.

– El Informe del Consejo de Estado sobre las garantías del cumplimiento del Derecho Comunitario.

– AÑÓN CALVETE, JUAN: “Primacía del Derecho de la Unión Europea (a propósito de la STC 232/2015, de 5 de noviembre)”, noticias.juridicas.com, 23 de febrero de 2016. http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/10895-primacia-del-derecho-de-la-union-europea-a-proposito-de-la-stc-232-2015-de-5-de-noviembre/.

– DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, EVANGELINA VERÓNICA; HERRERA MOLINA, PEDRO MANUEL: “La responsabilidad patrimonial del estado legislador en el derecho español”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Vol. 47. Núm. 141. Septiembre-Diciembre de 2014. http://www.elsevier.es/es-revista-boletin-mexicano-derecho-comparado-77-articulo-la-responsabilidad-patrimonial-del-estado-S004186331471186X.

– DÍAZ HERRERA, MIGUEL ÁNGEL: “Reclamación por responsabilidad del Estado para devolución del céntimo sanitario tras la STJUE C-82/12, de 27/02/14”, Elderecho.com, 8 de mayo de 2014. http://www.elderecho.com/tribuna/fiscal/centimo_sanitario-sentencia_2014-14900-devolucion_centimo_sanitario-IVMDH_11_675805001.html.

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