La tutela jurisdiccional efectiva como garantía constitucional del proceso

Comparado: España y Venezuela.

El cumplimiento de la tutela jurisdiccional efectiva es de vital importancia para que pueda haber un proceso donde impere la justicia como valor fundamental de la humanidad. Ha de darle la oportunidad al justiciable de acceder al órgano jurisdiccional para la protección de sus derechos e interés legítimos, y que además, pueda llevarse a cabo un proceso expedito, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, que finalice con una sentencia congruente, debidamente motivada, susceptible de ejecución y dictada en un tiempo racional. En el presente artículo estudiaremos la tutela judicial efectiva como derecho-garantía constitucional del proceso judicial en el Derecho comparado, finalizando con un breve análisis de su contenido esencial. 

“La tutela judicial o jurisdiccional efectiva constituye un derecho-garantía (entiéndase, un derecho junto a su correlativa garantía) base, de suma importancia, que ha de surtir sus efectos antes, durante y después de culminado el proceso, y que está constituido a su vez por otros derechos-garantías, algunos de los cuales también se disgregan en otros tantos.” Francisco Carrasquero, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

La tutela judicial efectiva como derecho fundamental tomó gran importancia en el derecho europeo, debido a la tragedia que experimento Europa en la época de la dictadura nacional-socialista de la Alemania nazi (descritas detalladamente en libro “Los Juristas del Horror” de Ingo Müller) donde las graves injusticias cometidas en los procesos judiciales durante ese periodo, motivaron a muchos países europeos a reorganizar sus sistemas jurídicos con el fin de brindar mayor protección a los ciudadanos y evitar posibles abusos del Estado hacia los particulares. Nos comenta la autora Araújo Oñate (2011) que la primera de las manifestaciones constitucionales que consagró el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra en la Constitución italiana del año 1947, donde en su artículo 24 establece el derecho a la tutela “giurisdizionale”, en la cual se le brinda la oportunidad al individuo de acceder a los órganos de administración de justicia para solicitar la protección de sus derechos e intereses.

En Alemania se consagra este derecho en la Ley Fundamental de 1949, en su artículo 19 (IV), que establece “Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente para conocer el recurso, la vía será la de los tribunales ordinarios”. La tutela judicial efectiva en Alemania, se va a fundamentar como un elemento o valor del Estado de derecho, donde tendrá como finalidad la protección de los ciudadanos frente a las lesiones que puedan ser cometidas por la administración pública, siendo el caso de que llegase a existir el menoscabo de los derechos subjetivos de las personas, estas puedan activar el órgano jurisdiccional para solicitar el restablecimiento de sus derechos. Esta protección jurídica que ahora brinda el Estado alemán es motivada también en no volver a incurrir en aquellos errores y violaciones al derecho de las personas cometidas en el pasado durante la dictadura del régimen nazi.

En España, la Constitución de 1978 (en delante “CE”) consagra este derecho a la tutela judicial efectiva en su artículo 24.1, el cual establece: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Vemos como la CE nos establece esos grandes derechos que son: el derecho de acceso a la justicia para la protección judicial de los derechos e intereses de las personas, y el derecho a la defensa en todas las etapas del proceso. Además, el numeral segundo del artículo 24 contiene una serie de derechos que vinculados con el derecho a la tutela judicial efectiva, sirven de base para la realización de un proceso donde se pueda materializar la justicia, el cual establece: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.

Visto lo anterior, partimos de la premisa que si el proceso es el camino, la vía, o la herramienta indispensable para lograr la materialización de la justicia, entonces el artículo 24 de la CE recoge una serie de derechos-garantías que sirven de base para lograr un proceso justo, entre ellos tenemos, el de acceso a la justicia, el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado por un juez natural e independiente, a tener acceso a los medios probatorios, a ser notificado del asunto por el cual se le acusa, el derecho de abstenerse a declarar contra sí mismo o contra un tercero por razones de parentesco o secreto profesional.   

La Unión Europea incorpora este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en su Carta de “Derechos Fundamentales” publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº C 364/1 de 18/12/2000, en su artículo 47, el cual establece:  

“Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.

Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia”.

Además, dicha carta también consagra los derechos de presunción de inocencia y derecho a la defensa (art. 48), el principio de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (art. 49), y sobre el derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por la comisión del mismo delito (art. 50), todos estos derechos íntimamente relacionados con la tutela judicial efectiva como garantía del proceso en general.

En el caso del continente Americano, el derecho a la tutela judicial efectiva aparece reflejado en los artículos 8 y 25 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 1969), donde se reconoce el derecho a ser oído, con las debidas garantías y de dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,  y al derecho a un proceso debido (conformado a su vez por un conjunto amplio de garantías). También, se reconoce el derecho de las personas a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o por la misma convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de funciones oficiales. La presente convención ha sido suscrita por 34 países, en los cuales se ha vuelto costumbre optar por la constitucionalización de los derechos humanos, de allí se verifica su gran importancia.

En América, este derecho se encuentra reconocido en las Constituciones de Bolivia (Art. 16, segunda sección), Brasil (Art. 5, parágrafo XXXIV), Colombia (Arts. 23, 29, 86 y 87), Costa Rica (Art. 27), Chile (Art. 19), Ecuador (Art. 23), El Salvador (Art. 18), EEUU (en la 5ta y 6ta enmienda), Guatemala (Arts. 2, 12 y 29), Honduras (Art. 82), México (Art.17), Nicaragua (Arts. 34, 36 y 160), Panamá (Arts. 41, 212 y 214), Perú (Arts. 2, 23, 24 y 139), Puerto Rico (Art. 2 séptima sección), Republica Dominicana (Art. 8), Uruguay (Art. 7), y Venezuela (Art. 27).

Antes de entrar en su contenido es bueno precisar que se entiende como tutela judicial efectiva, donde la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia C-279/13, la ha definido como: “La posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Este derecho constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso”.

La Sala Constitucional de Venezuela en sentencia 746 del año 2006 nos establece: “En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, este abarca tanto el derecho de acceso a la justicia como el de hacer valer pretensiones ante los respectivos órganos; además, supone obtener con prontitud la decisión correspondiente, y  que los justiciables tengan confianza en que esos fallos serán ejecutables. Lo anterior se traduce además, en evitar trabas o formalismos inútiles que obstaculicen el derecho de llevar un proceso judicial hasta su culminación –en una última instancia-, idea que plasmó el legislador en la vigente Carta Magna –artículo 26-, con la clara intención de garantizar a los ciudadanos la administración de una justicia accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita”. Y además, “la tutela judicial efectiva no se limita al simple acceso a los órganos jurisdiccionales, sino a que el proceso se ventile con los principios de transparencia, celeridad e igualdad, donde ambas partes –y los terceros que eventualmente participen- encuentren todas las garantías procesales que el ordenamiento jurídico les brinda y que su pretensión y defensas las decida el juez natural, si no en el lapso de ley en uno que sea razonable; y, por último, algo que suele olvidarse en algunos casos, que lo que fue decidido sea efectivamente ejecutado. Así, se observa que el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva comprende desde cuando el justiciable acude al órgano judicial hasta cuando el fallo es efectivamente ejecutado” (negritas nuestras). Para el Jurista español González Pérez (1989) la tutela jurisdiccional se entiende como “La posibilidad de invocar con éxito la asistencia jurisdiccional por cualquier ciudadano que lo requiera y no implica el aseguramiento de unas decisiones de los Tribunales, conforme a los pedimentos que aquellos estimen procedentes”. 

En la doctrina procesal, existen varias posiciones sobre el contenido esencial de la tutela judicial efectiva, pero para no entrar en discusiones filosóficas, procedo a seguir la estructura mayormente aceptada. La tutela judicial efectiva está conformada por tres derechos de suma importancia los cuales son: El derecho de acceso al órgano jurisdiccional, el derecho a obtener una sentencia debidamente motivada y congruente, y el derecho a la eficacia de la sentencia. Este conjunto de derechos forman la base sobre la cual reposa la tutela judicial efectiva, los cuales explico brevemente.

  • El derecho de acceso al órgano jurisdiccional. El derecho de acceso a la administración de justicia como manifestación de la tutela jurisdiccional, se materializa y se ejerce a través del derecho constitucional de la acción, a través de la cual, se pone en funcionamiento la jurisdicción ejercida por el Estado, en búsqueda de un pronunciamiento sea o no favorable para el accionante. El derecho de acceso también incluye el derecho que se abra un proceso inmediatamente después de accionar, aplicando el principio “pro actione” el cual debe entenderse que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión. También se deberá garantizar la gratuidad del proceso y el acceso físico al tribunal.
  • El derecho a obtener una sentencia debidamente motivada y congruente. Este derecho implica la obtención de una sentencia justa en un tiempo oportuno, pero para que sea justa, es necesario que esté debidamente motivada, entendiendo la motivación de la sentencia como la actividad del operador de justicia (Juez) relativa a explicar con claridad cuáles fueron las razones  o motivos que le sirven para sustentar su decisión, es decir, la apreciación de los hechos, la valoración de las pruebas aportadas, la adecuación de los hechos alegados a los postulados de la ley, para así poder dictar una decisión acertada donde la partes conozcan las razones de la misma. La congruencia se da cuando el fallo cumple con tener una decisión expresa y precisa íntimamente relacionada con la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.
  • El derecho a la eficacia de la sentencia. De nada sirve activar al órgano jurisdiccional para la protección de un derecho o para la satisfacción de una pretensión, si cuando es dictada la decisión el objeto del litigio desaparece o dicha decisión no puede ejecutarse. Por ello, cobra bastante importancia la protección cautelar, que supone el decreto por parte del Juez de medidas cautelares con la finalidad de asegurar la eficacia y efectivo cumplimiento de la decisión judicial, pues en el tiempo que transcurre el proceso, desde el comienzo del juicio hasta que se dicte la sentencia definitiva, pueden ser varias las circunstancias o condiciones que hagan imposible o dificulten la ejecución de la sentencia.

Visto lo anterior, el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva va a comprender desde cuando el justiciable acude al tribunal hasta cuando la decisión contenida en la sentencia es ejecutada efectivamente. Este derecho es de gran importancia siendo por ello consagrado como derecho fundamental en la mayoría de las constituciones del mundo, donde el órgano jurisdiccional tiene la obligación de garantizar un proceso justo, donde se obtenga una sentencia debidamente motivada y congruente, que pueda ser ejecutada para que de esta manera pueda materializarse la justicia de forma expedita y oportuna como fin principal del Estado de derecho.

Firmado: William Correa.
Redactor de Derecho Comprado en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– Araújo Oñate, R. (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado. Revista Estudios Socio-Jurídicos , 13 (1), 247-291.

– González Pérez, J. (1989). El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid: Cuadernos Civitas, S.A.

– Joan, P. J. (1997). Las Garantías Constitucionales del Proceso. Barcelona, España: J. M. Bosch Editor.

Imagen:

“Law and Justice” de Honoré Daumier 

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