Las coacciones para iniciar o continuar una huelga y la LO 1/2015

La Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la huelga en su artículo 28.2, entendiéndose que hay derecho a usarla, al igual que hay derecho a no usarla, siendo el ejercicio individual. El Código Penal castiga a todos los que coaccionen a otra persona para iniciar o continuar una huelga, siendo cierto que la sanción que debe imponerse por la comisión de esta infracción ha sido modificada de un modo relevante por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El derecho a la huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución, que indica que “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. El artículo 7.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, establece que “El ejercicio del derecho de huelga habrá de realizarse, precisamente, mediante la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores afectados y sin ocupación por los mismos del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias”, siendo cierto que los trabajadores no recibirán ninguna prestación del empresario.

La naturaleza del derecho a la huelga es curiosa. La Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 indica que “El derecho constitucional de huelga se concede para que sus titulares puedan desligarse temporalmente de sus obligaciones jurídico-contractuales” y que la “huelga es una perturbación que se produce en el normal desenvolvimiento de la vida social y en particular en el proceso de producción de bienes y de servicios que se lleva a cabo en forma pacífica y no violenta, mediante un concierto de los trabajadores y de los demás intervinientes en dicho proceso”, debiendo tenerse presente que “puede tener por objeto reivindicar mejoras en las condiciones económicas, o, en general, en las condiciones de trabajo, y puede suponer también una protesta con repercusión en otras esferas o ámbitos”.

El Código Penal recoge en su artículo 315.3 una regla por la que se castiga a todos los que, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. El Tribunal Constitucional ha tratado este asunto en varias resoluciones y señala en la Sentencia 123/1992 que “La huelga, que como hecho consiste en la cesación o paro en el trabajo, es un derecho subjetivo del trabajador que simultáneamente se configura como un derecho fundamental constitucionalmente consagrado, en coherencia con la idea del Estado social y democrático de Derecho”, siendo importante tener presente que el máximo intérprete de la Constitución establece en su Sentencia 11/1981 que “si la huelga es, como ya se ha dicho, un derecho de carácter individual (aunque de ejercicio colectivo) es claro que no puede ser al mismo tiempo una obligación”, de modo que son los trabajadores los que deben decidir si quieren ir o no a una huelga. 

La sanción que debe imponerse por esta infracción ha sido modificada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de un modo relevante. Se ha rebajado la pena de un modo que debe analizarse.

Antes de la entrada en vigor de la modificación producida por la Ley Orgánica 1/2015, el artículo 315 del Código Penal tenía una pena contundente para los autores del delito, siendo cierto que el castigo legalmente establecido fue muy criticado por distintos juristas, entre los que hay que destacar a José Manuel Paredes Castañón, que afirma, al analizar este tema, que “podríamos empezar por discutir, desde luego, si en verdad es necesario que exista una figura delictiva específica de coacciones en el ámbito del ejercicio del derecho de huelga”. Además, debe decirse que Carlos Hugo Preciado Domenech indica, al hablar sobre el precepto conforme a la anterior redacción, que constituye “una legislación penal claramente desproporcionada de origen tardo franquista utilizada para reprimir conductas realizadas en el contexto del ejercicio de un derecho fundamental como el derecho de huelga” y que “no existe razón alguna para que se castigue más gravemente el ejercicio abusivo del derecho de huelga que las coacciones que tengan por finalidad impedir el ejercicio de un derecho fundamental”. 

El artículo 315 del Código Penal, establecía, antes de su última modificación, las siguientes reglas:

1. “Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”.

2. “Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado”.

3. “Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

Después de la entrada en vigor de la modificación producida por la Ley Orgánica 1/2015, el artículo 315 del Código Penal establece las siguientes reglas:

1. “Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”.

2. “Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

3. “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

Es fácil observar cómo se ha rebajado la pena para aquellos que cometan hechos delictivos imponiendo el comienzo o la continuidad de una huelga a terceros. Resulta interesante comprobar la relación que hay entre la pena impuesta por el artículo 315.3 del Código Penal y la pena correspondiente a la comisión de un delito de coacciones atentando contra los derechos fundamentales, según el artículo 172.1 de la norma sancionadora, que indica que “El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados” y que “Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código”. Aplicando las reglas de determinación de la pena, el castigo es, prácticamente, el mismo.

Poco se habla sobre este aspecto de la reforma del Código Penal, aunque puede llegar a tener una fuerte incidencia. La modificación ha logrado implantar la proporcionalidad entre una conducta que debe castigada y la sanción, no siendo excesivo el castigo.

Autor: Diego Fierro Rodríguez.
Redactor en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– La Constitución Española de 1978.

– El Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

– La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

– La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

– La Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981.

– La Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992.

– PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL: “Represión penal del derecho de huelga. Una interpretación restrictiva del Código Penal (y las objeciones a que da lugar)”, Colección informes, Núm: 103, Fundación 1º de mayo, Madrid, Septiembre de 2014. http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe103.pdf. 

– PRECIADO DOMENECH, CARLOS HUGO: “Represión penal y derecho de huelga. La vuelta a la España del Siglo XIX”, Colección informes, Núm: 100, Fundación 1º de mayo, Madrid, Julio de 2014. http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe100.pdf.

Imagen:

– La Rioja.

 

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