Los españoles son iguales ante la ley, salvo para heredar

Dice la Constitución Española en su artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Pero… ¿y para heredar? Pues depende, no es lo mismo ser asturiano que ser madrileño. El Impuesto sobre las herencias, en manos de las comunidades, presenta diferencias sustanciales según el territorio. Una herencia de 800.000 euros debe tributar unos 165.000 euros en Asturias, mientras que si es en Madrid pagas unos 1.500 euros, ¿son los españoles iguales ante la Ley del Impuesto de Sucesiones?…

  1. INTRODUCCIÓN

Pocos impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas han generado tanta polémica social como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD) y hay razones más que suficientes para ello, sobre todo por lo que se refiriere a las diferentes cargas fiscales generadas entre unas y otras regiones,  el ISD presenta una carga tributaria fuertemente desigual entre las distintas Comunidades Autónomas, ya que éstas han establecido tramos de tarifa y reducciones propias que alteran considerablemente esa carga, hasta el extremo de una misma herencia de 800.000 euros puede llegar a tributar 165.000 euros si se declara en Asturias, mientras que si el fallecido hubiera residido por ejemplo en Madrid, sus herederos pagarían tan sólo unos 1.500 euros.

    2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL IMPUESTO

Se trata de un impuesto de gran tradición en nuestro país.  La evolución histórica del impuesto en España se inicia en el siglo XIX, con el primer gravamen sobre las traslaciones de dominio a través del Derecho de Hipotecas que, modificado tras las reformas de 1845, gravaba las herencias, quedando exentas las transmisiones hereditarias para ascendientes y descendientes. En 1867, este impuesto cambió su nombre por el de Impuesto sobre las traslaciones de Dominio gravándose por primera vez las sucesiones en línea directa legítima.

En 1869, se suprimió este impuesto y, en 1872, se volvió a implantar con algunas modificaciones, tales como el aumento de tarifas y la supresión de algunas exenciones, otorgándosele una nueva denominación al mismo que pasó a ser la de Impuesto de Derechos Reales y Transmisiones de Bienes, el cual contenía, además, otros gravámenes instaurados en diferentes momentos e introducidos dentro del mismo, tales como el impuesto sobre los bienes de determinadas personas jurídicas. En 1926, se crea el Impuesto sobre el caudal relicto que gravaba el conjunto indiviso de la herencia antes de su partición a herederos y legatarios y es en 1940 cuando se fija de oficio el valor del ajuar doméstico en las transmisiones mortis causa. En 1957, se escinden el Impuesto de Derechos Reales (actos mortis causa) que continúa dentro de la imposición directa como había estado hasta ese momento y el Impuesto de Derechos Reales (actos inter vivos) que pasa a formar parte de los impuestos indirectos.

Tras la reforma tributaria realizada por Navarro Rubio en 1964, se suprime el impuesto sobre el caudal relicto, dando paso al Impuesto General sobre Sucesiones, que pretende una mayor simplificación administrativa. Para ello, se reducen las tarifas del impuesto y se modifica la estructura de la misma. En lo referido a las donaciones, permanecen en el ámbito de la imposición indirecta, incluidas en el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados hasta la Ley 32/1980, de 21 de junio, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que varió transitoriamente la situación en espera de la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta su última revisión en el año 1987 por el gobierno socialista de Felipe González, transfiriéndose plenamente su gestión a las autonomías.

      3. EL IMPUESTO DE SUCESIONES EN LOS PAÍSES VECINOS

La mayoría de los países europeos han establecido este tributo como un gravamen sobre las herencias y las donaciones que, al igual que en España, tiene en cuenta el grado de parentesco entre el causante o donante y el heredero o donatario, contemplando, como norma general, un menor gravamen para las transmisiones entre personas con un grado de parentesco más cercano. Sin embargo, en la Unión europea, este impuesto presenta  diferencias con respecto al desarrollo normativo en España. Por ejemplo, para la realización de la valoración de los bienes, se utiliza, con carácter general, como norma de valoración el valor venal de los mismos, es decir, se está al importe monetario que obtendría el propietario de un bien usado, si en ese momento determinado decidiera su venta. Este importe, digamos pudiera ser como un valor “real de mercado”,  pues sería el precio que recibes en ese momento si decidieras vender el bien, teniendo en cuenta a la antigüedad, su estado de desgaste o conservación del bien y a la ley de la oferta y la demanda. En España esto no ocurre, se toma un valor que te impone el catastro como valor mínimo y a partir de ahí aplicar coeficientes multiplicadores y otros porcentajes que varían según donde se hallase el causahabiente.

Otra diferencia está en la ausencia de esos coeficientes multiplicadores a los que me acabo de referir, que en España son diferentes en cada región, ya no en cada Comunidad Autónoma, sino en cada región de cada comunidad autónoma, que incrementan considerablemente el importe a pagar del impuesto de sucesiones. En España, la consideración del parentesco en el momento de adquirir la herencia se realiza en la normativa estatal, pero la tarifa estatal es excesivamente elevada y no olvidemos que hay que sumarle los  coeficientes antes referidos.  

No quiero perder la oportunidad de mentar aquí, habida cuenta de que estamos hablando de los países vecinos de Europa, la Sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea de 3 septiembre 2014, que como es conocido, declara que España ha permitido que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste. Lo que viene a decir es que la legislación española es discriminatoria por existir diferencia de trato entre los residentes y contraria a la normativa comunitaria.

La Sentencia no se pronuncia sobre las graves situaciones entre residentes en España en distintas Comunidades Autónomas. Obviamente no se pronuncia porque ni puede ni debe hacerlo, pero el Gobierno sí debería tomar nota y admitir, de una vez por todas, que el sistema autonómico de cesión de impuestos es totalmente injusto. Para eso no hace falta una Sentencia europea.

    4. DESIGUALDADES AUTONÓMICAS. VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Los argumentos “teóricos” a favor de este impuesto se encuentran en el cumplimiento de los principios impositivos de equidad y de capacidad de pago, derivado del incremento de riqueza a título gratuito que se produce, pero paradójicamente, este tipo de impuesto no es el qué mayor recaudación proporciona a las arcas y ha quedado de sobra demostrado que un tipo más gravoso no implica una mayor recaudación, sin embargo este impuesto es capaz de arruinar a familias enteras.

El artículo 31 de la Constitución Española dice que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Pero la realidad es que las diferencias entre Comunidades Autónomas son tan abismales que inducen al agravio comparativo, lo que ha convertido el tributo en uno de los más discutidos y ha  pasado a ser calificado como un impuesto injusto, confiscatorio y encima ineficaz.

Como digo las diferencias entre autonomías son notables. De la bonificación y la imposición mínima de la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, se pasa a los tipos bajos de Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana y a la situación similar a la estatal de Castilla y León y Murcia.

En el lado opuesto, la Junta de Andalucía, Extremadura, Aragón y Asturias son quienes más gravan Sucesiones. (Véase gráfico extraído del diario Expansión).

impues de suciones en españa expansion

 

Este agravio fiscal hace que muchos afectados, en el mejor de los casos, se vean obligados a endeudarse o a vender parte de lo heredado para cumplir con unos impuestos desorbitados. De hecho, hay situaciones límite en la que los beneficiarios simplemente no tienen medios para asumir el sablazo de la Administración y tienen que renunciar a la totalidad de la herencia. Así es que el número de renuncias se ha disparado en los últimos años. En concreto, su número se ha multiplicado por más de tres desde que estalló la crisis financiera internacional, al pasar de poco más de 11.000 casos en 2007 a casi 38.000 en 2015.  

El plazo para el pago de este impuesto, en principio, es de seis meses desde el fallecimiento. Hay que tener cuidado, pues en algunas comunidades autónomas se pueden perder beneficios fiscales si no se liquida dentro del plazo. Se puede pedir una prórroga de otros seis meses antes de que transcurran los cinco primeros meses desde el fallecimiento. Pero la Administración no es una ONG ni un alma de la caridad, la prórroga concedida comenzará a contarse desde que finalice el plazo de seis meses pero llevará aparejada la obligación de pago de intereses que en el último año se sitúa por encima del 4%.  

Esta situación castiga a la clase media, que en España representa el mayor porcentaje de la población y ven como han trabajado toda la vida con la ilusión de dejar algo a sus descendientes para que te lo arrebaten los diferentes gobiernos autonómicos que ni siquiera sabemos que hacen con nuestras herencias.  

En ese contexto, llama la atención la solución que encontraron algunos padres de familia en Cataluña, mientras preparaban su herencia y planificaban de la mejor manera posible cómo dejar los bienes conseguidos durante toda una vida a sus allegados. En esta situación, y teniendo en cuenta las grandes diferencias tributarias existentes a la hora de  heredar entre Cataluña y Madrid (por supuesto mucho más exigentes en la primera que en la segunda), algunos catalanes optaron por comprar pisos en Madrid y dárselos a sus hijos, dado que así transmitían su patrimonio con el menor gravamen posible.

Tal y como aseveró en su día Ricardo Gómez, fiscalista senior partner de Garrigues, “el impuesto de sucesiones provoca distorsiones geográficas, dado que le gente toma decisiones en función de la fiscalidad, algo que no es bueno y que nos lleva a ver que    en este impuesto no es capaz de redistribuir riqueza”.

      5. NECESIDAD DE UNA URGENTE REFORMA

Ante este marco normativo heterogéneo y desigual, varios juristas especialistas en materia fiscal apuntan a que el tributo debe ser reformado para acabar con el “desastre” regulatorio y las situaciones esperpénticas que provoca porque en la práctica hay 17 impuestos de sucesiones diferentes. La disparidad es claramente discriminatoria, ya que trata de forma muy diferente supuestos iguales.

Desde mi humilde punto de vista, la verdadera reforma, debería de pasar más bien por devolver competencias al Estado Central porque esto es tan sólo un ejemplo más de que nuestro Estado autonómico genera grandes desigualdades incomprensibles entre los españoles y lo que es peor,  que NO nos es rentable.


BIBLIOGRAFÍA.-

  • Constitución Española
  • Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
  • Sentencia TJUE de 3/9/14
  • Diario Expansión

 

 

Salomé Prego-Villaverde López

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva

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