Los “punitive damages”: ¿penas encubiertas en indemnizaciones civiles?

A nadie le resulta extraño sentarse cómodamente en su sofá un domingo por la tarde, encender la televisión y disfrutar de una de esas películas norteamericanas en las que en el proceso se enfrentan compañías multimillonarias que lo que buscan es reducir al mínimo las cuantías a pagar por los daños causados a los perjudicados, que suelen ser ciudadanos débiles que se encuentran en una clara situación de desventaja y a los que se les reconocen derechos a indemnizaciones cuyas cifras son espeluznantes. Pese a ello, una vez terminado el film, tenemos que volver a la realidad y ser conscientes de que, si bien esos fallos que condenan a cantidades desorbitadas, en concepto de daños punitivos, constituyen una institución de gran calado en los Estados Unidos, éstos, como veremos a lo largo del presente artículo, no pueden ser trasladados sin más al resto de la cultura jurídica europea continental.

Los daños punitivos (“Punitive Damages”), que dicho sea de paso, no es la traducción más acertada, dado que sería más preciso hablar de “indemnizaciones punitivas”, puesto que lo que es punitivo no es el propio daño, sino la cuantía de la condena que se fijará al responsable; son aquellas cantidades superiores a la total compensación que a los perjudicados les correspondería por los perjuicios sufridos, con la finalidad de que esa conducta no vuelva a repetirse.

Dicho con otras palabras, son las sumas adicionales que se conceden a los damnificados en orden a la disuasión y con un componente de castigo hacia los infractores. Sin embargo, no debemos perder de vista en ningún momento que en nuestro sistema jurídico, un juez civil no es el competente para imponer sanciones, visto que la función punitiva del Estado la cumple exclusivamente las normativa del Derecho penal o del Derecho administrativo en su vertiente sancionadora y que, en materia de responsabilidad civil se debe buscar que la reparación del daño llegue a dejar a la víctima en la situación en que se encontraba antes de la ocurrencia del hecho, pero en ningún caso puede implicar un incremento patrimonial que no corresponda estrictamente a los perjuicios ocasionados.

Resulta claro que esta figura está creada para resolver los problemas derivados de lo que se podría referir como “incumplimiento eficiente”, esto es, aquellas patologías que se producen en el sistema económico cuando el empresario, en su egoísta cálculo de la relación coste-beneficio, comprende que le resulta conveniente incumplir la normativa dañando al ciudadano frente a la alternativa de respetarla y aumentar los gastos de producción. La explicación de este fenómeno es sencilla: el coste total por el incumplimiento es menor que el que debería soportar en caso de cumplir las normas (un ejemplo claro lo vemos en los daños causados al medioambiente), máxime cuando son muy pocas las víctimas que se deciden a iniciar un largo y no siempre satisfactorio proceso judicial para lograr el resarcimiento.

Como finalidades del daño punitivo se pueden enumerar las siguientes:

  • Punitiva: se busca sancionar al transgresor por la grave conducta ocasionada.
  • Preventiva: se pretende disuadir, tanto al infractor como a otros potenciales infractores, de futuros incumplimientos, con la finalidad de mantener la paz social.

Por lo que respecta a sus orígenes, esta doctrina encuentra sus precedentes en el propio Derecho romano, concretamente en la Ley de las XII Tablas, así como también en la Roma clásica, donde las sanciones se imponían tomando como base el daño causado y se calculaban aplicándoles el doble o triple del mismo, o, ya en la Edad Media, en las Siete Partidas del Rey Don Alfonso  X el Sabio, que exigía que el causante pagara el doble del daño causado.

Pero estos no son más que meros antecedentes, puesto que el verdadero desarrollo se produciría posteriormente en el Common Law y, en especial, en los Estados Unidos.

A caballo entre la cultura norteamericana y la continental, nos encontramos con la británica, la cual, habiendo admitido la posibilidad de esta institución, en su sentencia Rookes vs. Barnard (1964), exigió, para su aplicación, la concurrencia de ciertos requisitos, a saber: 1) que una disposición legal los autorizase expresamente, 2) que se pretendiese sancionar una conducta arbitraria o inconstitucional, realizada por un funcionario público y 3) que el autor del daño haya actuado evaluando que el beneficio derivado de dicha conducta será mucho mayor que la indemnización que le correspondería al perjudicado.

Uno de los casos más sonados en esta materia fue el de la señora Liebeck que se quemó al derramarse un café demasiado caliente de McDonald’s, a la que se le reconoció una indemnización multimillonaria. De esa sentencia me gustaría destacar dos ideas:

Por una parte, desde un punto de vista dogmático, es de lo más interesante ya que nos muestra la esencia misma de la responsabilidad civil extracontractual, que no es otra que la de reparar el daño causado al perjudicado pretendiendo volver a la situación anterior a que el daño se produjese, sin necesidad alguna, en un primer momento, de analizar la existencia o no de culpa o dolo o si la conducta es típica y antijurídica. Examen imprescindible en el ámbito de la responsabilidad criminal.

Por otra parte, y entrando ya en el debate acerca de la posibilidad (o conveniencia) de importar la fórmula de los daños punitivos al Derecho español considero que tras ello subyacería una confusión entre dos órdenes que, aunque con ciertas similitudes, tienen principios configuradores perfectamente diferenciados: el orden penal y el orden civil. Y es que no podemos perder de vista que una de las diferencias entre los daños compensatorios y los punitivos parece que recaería en la función que se pretende que cumplan: en los primeros, reparar el daño ocasionado al perjudicado, y en los segundos,  como hemos venido apuntando, “castigar” por lo sucedido y que ello no vuelva a ocurrir.

La pregunta entonces es inminente: ¿no se identifican las funciones descritas de los daños punitivos con las de las penas del Derecho penal, esto es, con la función de prevención especial y la de prevención general? Parece que la respuesta es necesariamente afirmativa, por lo que, en mi opinión, creo que convendría no importar susodicha figura a nuestro ordenamiento jurídico ya que el riesgo que se correría no sería simplemente teórico, sino que también acarrearía graves consecuencias en el plano de lo práctico:

imagen-1

  • Garantías de los justiciables: Las garantías a las que estaría sometido el causante del daño en un proceso civil no serían las mismas de las que gozaría en un proceso penal. Por ejemplo, de acuerdo al principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege), una pena solo puede aplicarse si una ley previamente detalla, en términos estrictos, la conducta punible. De no hacerse así, el menoscabo que sufriría la seguridad jurídica sería patente.
  • Enriquecimiento injusto o sin causa: Surge por el incremento injustificado de un patrimonio frente al empobrecimiento correlativo de otro, sin que medie causa eficiente recono
    cida por el Derecho que lo justifique. Precisar que enriquecerse no supone necesariamente un aumento excesivo del patrimonio de una persona. Por lo tanto, no cabe duda de que quien sufre un daño tiene derecho a ser resarcido de manera integral, pero todo monto superior al daño real (derivado de la inclusión de los daños punitivos en la indemnización) supondría un enriquecimiento sin causa para el damnificado.
  • Acreedor: También quedaría abierto el debate acerca de a quién correspondería percibir las cantidades, puesto que la respuesta difiere en el supuesto de que se trate de una condena de naturaleza civil (al perjudicado) o penal (al Estado).
  • Quantum: No existen medidas objetivas para la valoración del daño punitivo, siendo la determinación de la indemnización una valoración discrecional del órgano enjuiciador, lo que supone que no tendrá por qué haber una correlación de proporcionalidad daño-indemnización. Sin embargo, sí que existen parámetros para guiarse a la hora de fijar la misma con la finalidad de que no sea excesiva, ayudándose por lo tanto los tribunales de datos como son, por ejemplo, la gravedad de la falta, los beneficios obtenidos por el infractor o la posición que éste ocupa en el mercado.

En la línea defendida, se pronunció recientemente el TJUE en una sentencia de fecha 17 de diciembre de 2015, que versa sobre un litigio entre una trabajadora que fue despedida como vigilante de seguridad cuando se encontraba embarazada. El juez español, consideraba que el despido era nulo, pero elevó una cuestión prejudicial al TJUE, para que aclarase si era posible, además de la indemnización por daños y perjuicios correspondiente, aumentarla para lograr la disuasión entre los empresarios de posibles comportamientos discriminatorios. A lo que se le contesta que, aunque la Directiva aplicable no se oponía a que lo hiciesen, tampoco exigía a los Estados miembros que hubiesen previsto la concesión de daños punitivos a la víctima de un despido discriminatorio por razón de sexo. Pero, una cosa sí era obvia: el juez nacional no podía condenar al autor de la discriminación a tales daños si su Derecho nacional guardaba silencio al respecto, como ocurre en el caso español.

A modo de conclusión, creo que lo que conviene, después de todo lo referido hasta el momento en contra de la inclusión de los Punitive Damages en nuestro sistema jurídico por ser contrario (o cuanto menos, una merma) a algunos de los principios configuradores  básicos de nuestro sistema jurídico, es hacer la “prueba del algodón”, esto es, ver si en nuestro ordenamiento tienen reconocimiento expreso legal o no. Y, desgraciadamente, así es, puesto que, el conocido como “recargo de prestaciones” en el ámbito de daños sufridos por el trabajador como consecuencia del incumplimiento por el empresario de las medidas de prevención de los riesgos laborales supone que la prestación que paga la Seguridad Social al trabajador debe ser incrementada de un 30 a un 50% cuando haya existido dicha infracción por parte del empleador, cantidad que deberá ser abonada por éste y que no es susceptible de aseguramiento. ¿Qué otra cosa es esto sino un daño punitivo?

Andrea García González
Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva


Fuentes:

Imagen:

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *