Obedece a tus mayores: del carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para Tribunales inferiores

No es en absoluto un tema exento de controversia el relativo a la vinculación de los Tribunales españoles a la jurisprudencia y doctrina jurisprudencial que emana el Tribunal Supremo en sus sentencias. Existe un amplio y potente sector doctrinal que defiende que esta obligatoriedad puede llegar a interceder en la independencia del sistema judicial y en su libertad para juzgar en un determinado sentido.

La cuestión ha sido zanjada en muy diversas ocasiones por el Tribunal Constitucional que ostenta esta supremacía por encima incluso del Tribunal Supremo por mandato constitucional. Este órgano ha establecido de una forma tajante, tal y como se expondrá en el cuerpo del presente artículo, que en aras de defender la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento, y de que todos los órganos juzgadores del territorio español sigan la misma línea para evitar resoluciones injustas, es necesario que exista una doctrina jurisprudencial que seguir, y esta no es otra que la que establece el órgano supremo en cada jurisdicción, esto es, indudablemente, el Tribunal Supremo.

El único precepto legal que contiene nuestro ordenamiento jurídico en relación al carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal Supremo se encuentra en el Código Civil y se ha empleado analógicamente por nuestro Tribunal Supremo y Constitucional para el resto de jurisdicciones (tal y como se verá en una Sentencia transcrita al final del presente artículo). Concretamente, el artículo 1.6 CC establece: “La jurisprudencia complementará al ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho”.

Sin embargo, no todas las decisiones del Tribunal Supremo alcanzará el rango de doctrina jurisprudencial, dado que para ello es necesario que concurran una serie de requisitos:

  1. En primer lugar, la doctrina que fundamenta la sentencia debe tener una importante dosis de estabilidad. En la practica, es necesaria la reiteración en la aplicación de la doctrina en, al menos, dos fallos o sentencias. El Tribunal Supremo, por su parte, no está obligado a seguir siempre una misma línea doctrinal y es el único libre de variarla o modificarla siempre que concurran suficientes causas de justificación.
  1. En segundo lugar, hay que prestar atención al ratio decidendi. Esto quiere decir que, para que una doctrina se eleve a la máxima categoría, su fundamentación ha debido ser el motivo básico para adoptar una decisión. Esto excluye la argumentación incidental o de mera coyuntura fáctica, si bien la distinción de que es sustancial y que no, se traza mediante una delgada línea muy difícil de definir en la práctica.
  1. Por ultimo, es necesario que la similitud entre los casos a los que afectan las sentencias sea sustancial. No se puede considerar que un razonamiento se haya hecho en base a una interpretación legal concreta si se realiza sobre dos relatos de hechos diferentes. En relación con este último requisito, la jurisprudencia que emana de una Sala del Tribunal Supremo en concreto solo afecta a los asuntos de esa misma materia.

Si bien es cierto que esta teoría general se recoge de una forma tan clara en el orden civil, también lo es que tiene la misma eficacia y las mismas consecuencias en el orden penal. En este sentido, cabe citar como ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo número 397/2011 (Sala de lo Penal, Sección Primera) de fecha 24 de mayo de 2011 (Pte. Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo y Gómez de la Torre). En esta resolución, el juzgador establece que los Acuerdos no jurisdiccionales no son jurisprudencia del Tribunal Supremo y que, por tanto, no son vinculantes a órganos inferiores, sin embargo expone: “De manera indirecta porque los Acuerdos anunciarán cuál va a ser a partir de ese momento la doctrina del Tribunal Supremo para los supuestos en cuestión, pero la vinculación jurídica se dará a partir del momento en que se crea jurisprudencia”.

 En el mismo sentido, y de una forma mucho más evidente, pero en el marco del orden jurisdiccional civil, establece la Sentencia del Tribunal Supremo número 499/2003 (Sala de lo Civil, Sección Única) de fecha 26 de mayo de 2003 (Pte. Excmo. Sr. D. Clemente Auger Liñán) cuanto sigue: “La Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1944, declara que cuando la jurisprudencia ha fijado una determinada interpretación legal, debe ésta ser mantenida, en aras de la certidumbre y la seguridad de las relaciones jurídicas, en tanto no se demuestro de modo indubitable, la autonomía de ella con el verdadero contenido de la Ley”.

 Asimismo, es importante hacer referencia a jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional que también ha abordado el tema zanjando definitivamente la cuestión para todos los ordenes jurisdiccionales (tal y como se establece expresamente en la resolución que vamos a referenciar). En la sentencia que a continuación se cita, se aclara el valor que se le da a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dejando claro que es el único que puede modificar este tipo de doctrina, y expone la obligación de los tribunales inferiores de seguir estas directrices. Por su claridad e importancia al asunto que nos ocupa, a continuación se transcribe parcialmente dicha resolución:

Sentencia del Tribunal Constitucional número 37/2012 (Pleno) de fecha 19 de marzo de 2012 (Pte. Excmo. Sr. D. Manuel Aragón Reyes):

 “El recurso de casación en interés de la Ley responde así a la finalidad de preservar la homogeneidad jurisprudencial, mediante el establecimiento por el Tribunal Supremo de una doctrina legal, vinculante para Jueces y Tribunales inferiores, sirviendo con ello al objetivo de que la Ley sea igual en todo el territorio nacional (arts. 14 y 139.1 CE [RCL 1978, 2836] ) y al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al tiempo que dota de contenido real a la supremacía del Tribunal Supremo, precisamente creado con el nombre de «Supremo Tribunal de Justicia» por la Constitución de 1812, en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE), «una supremacía que se traduce en la doctrina legal cuya función complementaria del ordenamiento jurídico con valor normativo reconocen el Código Civil (LEG 1889, 27) (art. 1.6) y la propia Ley de la Jurisdicción cuando regulaba otrora los recursos extraordinarios de apelación en interés de ley o de revisión para la homogeneización jurisprudencial […] y configura hoy los de casación para la unificación de doctrina y en interés de ley, herederos de aquéllos» ( SSTC 120/1994, de 25 de abril [RTC 1994, 120] , F. 1, y 184/1995, de 12 de diciembre [RTC 1995, 184] , F. 1).

De este modo, a la tradicional finalidad nomofiláctica de protección del Derecho objetivo del recurso de casación propiamente dicho, el recurso de casación en interés de la Ley añade una función integradora o uniformadora del Derecho, pues mediante el establecimiento por el Tribunal Supremo (dada su supremacía ex art. 123.1 CE) de una doctrina legal vinculante para todos los Jueces y Tribunales inferiores en grado jurisdiccional, se garantiza la aplicación uniforme de la Ley en todo el territorio nacional, evitando la perpetuación de criterios interpretativos establecidos en sentencias de esos Jueces y Tribunales inferiores que se estiman erróneos y gravemente dañosos para el interés general, como ya advertíamos en la citada STC 111/1992, F. 4.”

Por todo lo anterior, se concluye que, si bien es cierto que todos los órganos judiciales gozan de una independencia que les habilita para juzgar siempre en el sentido de la Ley y de los usos sociales, también lo es que en aras de conservar la seguridad jurídica y de no dictar resoluciones contradictoras, han de estar siempre en la línea de lo que establezca la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en todos y cada uno de los ordenes jurisdiccionales.

Noelia Álvarez Romera.

Editora en Derecho & Perspectiva


Fuente | Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Imagen |  http://www.eljuridistaoposiciones.com/wp-content/uploads/2016/08/TribunalSupremo.jpg

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