Por fin el Tribunal Supremo nos aclara las indemnizaciones por despido

Tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2014 por la que la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2012 quedaba en papel mojado, el pasado 18 de febrero se desquitaba el ilustrísimo Tribunal pasando a una interpretación literal de la norma, optando, por fin, por la seguridad jurídica en vez de aceptar que el poder judicial pueda enmendar al poder legislativo sin aplicar una ley. En este artículo pretendo hacer una crítica de aquella primera sentencia y pasar a explicar en qué queda la situación tras el Recurso para la Unificación de Doctrina ya sentenciado por un magnífico jurista como lo es su señoría Don Antonio Sempere Navarro.

Como antecedentes, debo explicar qué se determinaba en la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2012 y porqué fue necesaria para poder hacer una aplicación correcta en las indemnizaciones por despido.

Como todo el mundo sabe, la reforma laboral de 2012 buscaba flexibilizar el mercado laboral desde el punto de vista empersarial a través de la negociación colectiva, prevaliendo los convenios colectivos de empresa en determinadas materias, facilitando los despidos colectivos eliminando el visto bueno de la Autoridad Laboral o a través del abaratamiento del despido.  

El caso es que en un principio la indemnización por despido improcedente era de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. El cálculo era pues, bien sencillo, al dividir 45 días entre 12 meses, el resultado es que devengamos 3,75 días de indemnización por cada mes de trabajo. De tal manera, que si habíamos trabajado 11 años en una misma empresa, el resultado de días de indemnización se obtenía a través de la multiplicación de 11 años por 12 meses, siendo 132 meses, que se multiplicaban a su vez por 3,75 días, dando lugar a 495 días de indemnización. Una vez llegados a este punto solo habría que multiplicar esos 495 días por el salario día del trabajador y teníamos el resultado de la indemnización. Suponiendo que el salario día del trabajador fuera de 45 euros, la multiplicación daría lugar a 22.275 euros de indemnización. Finalmente, hay que añadir que la indemnización máxima con el tope de 42 mensualidades era de 1260 días, de tal manera que si al multiplicar 3,75 días por el número de meses de relación laboral y se superaban esos 1260 días, la indemnización quedaba topada en dicha cantidad. 

Con la nueva redacción que se estableció en febrero de 2012, la indemnización pasaba a ser de 33 días  y con un tope de 24 mensualidades. Esto supone una variación en el cálculo, de tal manera que a partir del 12 de febrero de 2012 se pasa a unas nuevas cantidades de devengo. De 3,75 días devengados por mes, se pasa a devengar 2,75 (33 días/12 meses) y el tope pasaba de 1260 días a 720. Lógicamente, se requirió de una Disposición Transitoria para saber cómo se debía realizar el nuevo cálculo, ya que suponía un problema en las relaciones laborales originadas con carácter previo al cambio.

Esta no es otra que la Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2012, en la cual se establece la forma del cálculo de la indemnización por despido improcedente para las relaciones establecidas previamente al 12 de febrero de 2012, de este modo se establecen dos puntos relevantes:

  • Los contratos que se hayan suscrito posteriormente a la fecha ya indicada, serán indemnizados con 33 días por año de servicio y con el tope de 720 días (24 mensualidades).
  • Los contratos que se hubieran suscrito previamente, serán indemnizados con 45 días por año de servicio y con el tope de 1260 días hasta la fecha ya indicada y, con 33 días y tope de 720 el tiempo posterior a dicha fecha. El cálculo indemnizatorio no podrá ser superior a 720 días salvo que en el tiempo previo a la reforma ya  hubiera devengado más de 720 días, en cuyo caso se quedará con esa antigüedad devengada, pero nunca podrá ser superior a 1260.

De este modo, la interpretación que se hizo desde el sector de la abogacía fue que en el caso de que se superaran los 720 días, pongamos el ejemplo de 800, se dejaba de devengar antigüedad y te quedaba topado en esos 800 días.  

Sin embargo, contra todo pronóstico y a pesar de la claridad de la disposición, Su Señoría Doña Milagros Calvo Ibarlucea, ponente de la Sentencia, hizo una interpretación distinta el 29 de septiembre de 2014, y determinó que la recurrente, que a fecha de 12 de febrero 2012 llevaba 1008 días devengados, tenía derecho a los 22 días “devengados” con posterioridad a la entrada en vigor de la Reforma Laboral. Según entiendo yo, estableciendo una inseguridad jurídica alarmante al ir justamente en contra de lo que se había establecido en la Disposición Transitoria, según la cual se habría quedado topada en 1008 días de indemnización. Curiosamente, no hubo ningún voto particular. 

Hemos tenido que esperar a la Sentencia del Tribunal Supremo 118/2016 de 18 de febrero de 2016 para que se unifique doctrina y sepamos a qué atenernos. Esta Sentencia, que tiene como ponente al Excelentísimo Señor Don Antonio V. Sempere Navarro, volviendo al criterio que se había entendido en un principio que se debía seguir. 

De esta manera, establece en el fundamento de derecho TERCERO, punto segundo, apartado C, los criterios a tener en cuenta para el correcto cálculo de la indemnización por despido. Reproduzco estos puntos de manera literal:

a) “La Disposición Transitoria solo se aplica a los supuestos en que el contrato se haya celebrado con anterioridad al 12 de febrero de 2012; la fecha inicial de cómputo, en supuestos (como el presente) de unidad esencial del vínculo es claro que se retrotrae hasta el inicio del periodo computable.

b) Cuando, por aplicación de este precepto, se toman en cuenta periodos de servicio anteriores y posteriores al 12 de febrero de 2012 “el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario.”

c) De manera excepcional, este tope de 720 días de salario puede obviarse si por el periodo anterior a 12 de febrero de 2012 ya se ha devengado una cuantía superior.

d) En sentido contrario, la norma implica que si por el periodo de prestación de servicios anterior a 12 de febrero de 2012 no se ha sobrepasado el tope de 720 días tampoco puede saltarse como consecuencia de la posterior actividad.

e) Si los 720 días indemnizatorios se superan atendiendo a los servicios prestados antes del 12 de febrero de 2012 hay que aplicar un segundo tope: el correspondiente a lo devengado en esa fecha. A su vez, esta cuantía no puede superar las 42 mensualidades.

f) Quienes a 12 de febrero de 2012 no habían alcanzado los 720 días indemnizatorios (…) siguen devengando indemnización por el periodo posterior (con el módulo de 33 días). El referido tope de los 720 días opera para el importe global derivado de ambos periodos.

g) El cálculo de cada uno de los dos periodos es autónomo y se realiza tomando en cuenta los años de servicio, “prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año” en los dos supuestos.”

Esto, se puede resumir de la siguiente manera, quizás más esquemática, pero creo que más clara para el público general:

  • Si a febrero de 2012 superas los 720 días de indemnización, te quedas como estás, no devengas más y nunca por encima de 1260.
  • Si a febrero de 2012 no llegas a los 720 días, se sigue devengando hasta que llegues pero a razón de 2,75 días por mes trabajado.
  • Si la relación laboral se inicia posteriormente a febrero de 2012 se devengarán 2,75 días por mes de trabajo y con un tope de 720 días devengados.

Esperemos que no haya un nuevo cambio de dirección en la jurisprudencia y podamos mantener esta interpretación “per secula seculorum”. 

Firmado: Miguel Alonso Carreño.
Redactor en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

– Disposición Transitoria 5ª de la Ley 3/2012.

– STS de 29 de septiembre de 2014, Sala de lo Social (rec. 3065/2013).

– STS de 16 de febrero de 2016, 118/2016, Sala de lo Social (rec. uni. doc. 3257/2014).

Miguel Alonso Carreño

Colaborador Permanente en Derecho & Perspectiva

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