Régimen Constitucional de los hidrocarburos en Venezuela

Venezuela es conocida por su larga trayectoria como país exportador de petróleo y por poseer una las reservas petrolíferas más grandes del mundo, siendo el recurso más importante de exportación que tiene el país suramericano, éste no escapa de su regulación constitucional. En las próximas líneas veremos de forma bastante sencilla su reconocimiento como bien de dominio público y su protección por parte del Estado.

Antes de entrar en el tema es importante señalar que entendemos por concepto de hidrocarburos, según el autor español Herce José citando a Aguado Palanco los hidrocarburos son “todos los productos líquidos y gaseosos susceptibles de ser usados como carburante o combustible y con una composición fundamental de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno” (2016, pág. 115).

Los hidrocarburos en Venezuela aparecen regulados como bienes de dominio público, así aparece señalado en el artículo 12 de la Constitución venezolana de 1999 (reimpresa por error material en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 5.453 de fecha 24/03/2000) donde expresa que “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público”. El citado artículo refuerza como señala Garay Juan (2000) el principio aceptado en nuestra legislación desde la época colonial (donde imperaban las ordenanzas de Carlos III), que tanto las minas como los yacimientos de hidrocarburos que pueda haber en el subsuelo del territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, son bienes del dominio público, es decir, pueden ser explotados por los particulares cumpliendo lo establecido en la ley orgánica respectiva, pero no sujetos de apropiación con fines privados. Como bienes del dominio público son por lo tanto imprescriptibles, inalienables e inembargables.

La Constitución venezolana establece en el artículo 156 numerales 12 y 13 que dentro de las competencias del Poder Público Nacional (las cuales ejerce el Ejecutivo Nacional) están:

  1. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos derivados de la explotación de los hidrocarburos.
  2. El régimen y administración de todo lo relacionado con la explotación de minas y de hidrocarburos.

Más adelante dentro del  “Título VI Del Sistema Socioeconómico” en el capítulo primero “Del Régimen Socioeconómico y de la Función del Estado en la Economía” en los artículos 302 y 303 de la Ley Fundamental venezolana, el Estado termina por establecer de forma clara su rol como máximo regulador de las actividad relacionadas a la explotación de los hidrocarburos. Así tenemos que el Estado se reserva por conveniencia social, mediante la “Ley Orgánica de Hidrocarburos” (publicada en Gaceta Oficial N°38.493 del 04 de agosto de 2006) la actividad petrolera y de otras industrias, bienes y servicios que sean de interés público y que tengan carácter estratégico, con el fin de que a través del manejo de dicha industria y la explotación de otros recursos no renovables (verbigracia la minería), el Estado pueda “crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo” (artículo 302 constitucional).

Visto lo anterior, la explotación de hidrocarburos queda reservada al Estado venezolano como máximo y único regulador. Ahora, según María Grau (2007, pág. 13), aunque en la teoría, la sola reserva de una actividad no implica la negativa a la práctica de otorgar concesiones a empresas privadas para la explotación del recurso antes mencionado. Sin embargo, la previsión de una empresa pública (como comenta la citada autora) para “manejar” la industria, sí implica entonces la exclusión de la concesión como mecanismo de intervención particular en esta área de la actividad económica, es decir, declara constitucionalmente la industria petrolera de carácter nacional y excluir al sector privado de su manejo directo, no existe la posibilidad de la delegación total de dicha actividad mediante el otorgamiento concesional.

En el artículo 303 constitucional, el Estado impone el ente público encargado de manejar la industria petrolera, el cual lleva por nombre “Petróleos de Venezuela, S.A.”, establece el mencionado artículo que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.“. Este artículo nos termina de confirmar la existencia de una empresa enteramente pública encargada de manejar la industria petrolera, ya que través de la “nacionalización”, excluye entonces la participación privada en la constitución de la misma y la exclusión de concesiones (Grau M, 2007, pág. 13).

A modo critico nos comenta el autor Hernández José Ignacio (2016, pág. 75) que la Constitución venezolana asumió, en materia de hidrocarburos, en los artículos 12, 302 y 303, las bases del pensamiento “estatista”, ya que mediante el primero se reitera la propiedad del Estado sobre los yacimientos, en el artículo 302 se confirma (aunque dudosamente) la reserva del Estado sobre la “actividad petrolera”, y por último el artículo 303 ratifica la propiedad pública de “Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) de acuerdo al principio del Estado empresario. Continua el autor Hernández José (pág. 76) expresando que “Para un sector de la doctrina, estas normas, al refrendar el control estatal sobre los hidrocarburos, establecieron en definitiva el control estatal sobre toda la economía. Con lo cual, lejos de contemplar un modelo de economía social de mercado, para esta posición la Constitución de 1999 se decantó por un modelo próximo al soviético, o sea, de control estatal sobre la economía“. 

A modo de síntesis de lo anterior y siguiendo el estudio de la autora María Grau (2007, pág. 10), la Constitución venezolana de 1999 abarca tres aspectos de la regulación petrolera, que son:

  1. Establece el carácter público del recurso natural, ya que define al yacimiento de hidrocarburos como del dominio público de la República, lo que significa que es imprescriptible, inalienable e inembargable.
  2. Reserva al Estado Venezolano la administración y explotación de la industria petrolera.
  3. Se le da rango constitucional al ente público encargado de desarrollarla, estableciendo, sin embargo, la capacidad de éste para hacerlo con el concurso de otras empresas y hasta por la vía de asociaciones estratégicas.

En definitiva, los artículos antes estudiados han sido objeto de muchas interpretaciones y contradicciones, por eso que en Venezuela ha sido dificultoso el tratamiento del tema de los hidrocarburos, donde falta mucho por desarrollar y estudiar a profundidad dicho tema, en particular la ley orgánica respectiva que regula tal actividad, pero más allá de lo establecido en la Constitución y en la ley, las dudas acerca de la actividad petrolera, o sobre la explotación de los hidrocarburos, son también generadas por la falta de información o quizás “transparencia” en la administración de la industria petrolera por parte de la empresa pública PDVSA, generándose a través de ella la más importante entrada de divisas (y en general de ingresos económicos) en el país.

                                                                                                William Correa

                             Colaborador Permanente en Derecho & Perspectiva


Fuentes:

  • Garay, J. (2000). La Nueva Constitución. Caracas: Editorial Ramirez & Garay.
  • Grau, M. A. (2007). Régimen Jurídico de la Actividad Petrolera en Venezuela . Oxford: BADELL & GRAU EDITORES.
  • Herce, José. I. (2016). Régimen jurídico de la investigación y explotación de hidrocarburos. THE ELSA SPAIN LAW REVIEW (1), 109-132.
  • Hernández, J. I. (2016). El pensamiento jurídico venezolano en el Derecho de los hidrocarburos. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.

Imagen: Noticias24

 

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