Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el TS confirma por primera vez la condena penal de las personas jurídicas

Mónica Aláiz – Abogada en Trebia Abogados.

La trasparencia, el respeto a la ética profesional y empresarial, y el estricto cumplimiento de la normativa siempre han sido objetivos  a alcanzar por nuestro ordenamiento jurídico, en aras de obtener una mayor seguridad en el tráfico mercantil.

Por ello en los últimos años, se han venido aprobando distintas leyes, cuyo nacimiento respondía a esa finalidad. Entre ellas, merece especial mención  la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, reformadora del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, y que introdujo una de las últimas modificaciones más sustanciales en el derecho penal español.

Esta reforma abolió de nuestro ordenamiento jurídico penal el aforismo romano societas delinquere non potest, que venía a decir que las personas jurídicas no podían cometer delitos. De este modo la reforma tuvo gran relevancia, en cuanto vino a atribuir a las personas jurídicas la capacidad de llevar a cabo actuaciones delictivas, que pudiesen derivar en responsabilidad penal para las mismas.

Además de la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, la mencionada reforma del Código Penal estableció  en su art. 31 bis del C.P dos criterios de atribución de dicha responsabilidad, según por quién fueran cometidos los delitos:

  • Por administradores en beneficio de la entidad.
  • Por empleados en provecho de la entidad, cuando no se hubiera ejercido sobre ellos el “debido control”.

Pues bien, el mencionado asunto jurídico vuelve en estas fechas a la palestra con motivo de la primera Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación a la responsabilidad penal de varias personas jurídicas, la reciente Sentencia 154/2016 de 29 de Febrero. 

El Pleno de la Sala Segunda ha apreciado por primera vez dicha responsabilidad penal y ha confirmado las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela. 

La sentencia determina la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 31 bis del CP que anteriormente indicaba. En primer lugar constata la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica -en este caso eran administradores de hecho o de derecho-, en segundo lugar determina que las empresas han incumplido la obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de los anteriores delitos.

No obstante la mencionada resolución no termina de aplacar la polémica surgida con motivo del reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico, identificando alguna de las carencias regulatorias de dicha responsabilidad penal.

En ese sentido anuncia un previsible conflicto de intereses, en este tipo de procedimientos penales, entre la persona física acusada del delito y la persona jurídica que sea representada por esa misma persona física, pudiéndose originar una violación del derecho de defensa de la entidad jurídica.

Así invita a los juzgadores a proteger el derecho de defensa de la persona jurídica, e invita al legislador para que resuelva normativamente este tipo de situación.

Por otro lado, la única modificación que realiza sobre la sentencia de la Audiencia Nacional es la exclusión de la disolución de una de las empresas, no aplicando la tan polémica “pena de muerte” de las personas jurídicas, y lo hace  alegando la incorrecta aplicación  de las reglas de determinación de las penas, pues afirma que según el contenido del art. 66 bis CP, a propósito de las reglas de determinación de las penas aplicables a las personas jurídicas, cuando de sanciones interdictivas, o privativas de derechos se trate, éstas habrán de aplicarse atendiendo a “sus consecuencias económicas y sociales y especialmente los efectos para los trabajadores”. De este modo considera que la disolución de la empresa supondría que los trabajadores tuviesen que sufrir los daños derivados del delito cometido por la entidad, lo que entiende sería una respuesta desproporcionada.

Finalmente, en la sentencia se recoge el voto particular concurrente de siete de los quince magistrados. Dicho voto particular no se emite sobre el fallo de la resolución, el cual comparten, sino con la aplicación de la doctrina relativa a la alteración de las reglas probatorias en los supuestos de responsabilidad de las personas jurídicas, en relación con la apreciación de circunstancias eximentes. En opinión de estos magistrados, “no procede constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia probatoria”, imponiendo a la acusación la acreditación de hechos negativos (la ausencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito), sino que corresponde a la persona jurídica alegar la concurrencia de dichos instrumentos, y aportar una base racional para que pueda ser constatada la disposición de los mismos.

Como era de prever la polémica en este tipo de delitos no ha hecho más que comenzar.

Firmado: Mónica Aláiz.
Abogada en Trebia Abogados.
Colaboradora en Derecho & Perspectiva.

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