Terminación anormal del proceso penal: sobreseimiento y archivo de las actuaciones

El sobreseimiento es una forma de terminación anormal del procedimiento penal, pues no acaba con una sentencia. Tiene dos modalidades, provisional, en el que todavía no se encuentra debidamente justificada la perpetración del delito; y definitivo en el que existe una ausencia total de indicios sobre la perpetración del delito. En el presente artículo vamos a estudiar sus diferencias, los momentos procesales oportunos para alegarlo así como los diferentes escenarios en los que se puede encontrar un Juez ante la solicitud de un sobreseimiento. 

Siempre que se trata este tema, nos referimos tanto a sobreseimiento como archivo, que si bien reflejan una misma realidad – que no es otra que la no continuación del procedimiento, ya sea de forma definitiva o provisional –, poseen un contenido diferente. VILLAMARÍN LÓPEZ ya establecía que “el legislador acoge el término sobreseimiento para referirse a las resoluciones del artículo 779 de la LECrim., relegando la denominación de archivo para referirse a la resulta de estos autos o como señala el Tribunal Constitucional, a la actividad material consistente en guardar las actuaciones en un lugar ad hoc, medida burocrática en ejecución de aquella que es su presupuesto lógico”. 

En consecuencia, la diferencia entre el sobreseimiento provisional y el definitivo viene determinada por la insuficiencia indiciaria. Hernández García así lo defiende según el tenor literal de la LECrim “mientras el contemplado en el art. 641.1º LECrim reclama un déficit que presupone, al menos, la presencia de algún indicio o sospecha de la comisión del hecho delictivo, el segundo,…art. 637.1º LECrim, exige la total ausencia de dichos indicios que patentice la falta de cualquier interés de persecución penal del hecho justiciable”. 

Dicha diferenciación entre los tipos de sobreseimiento se ha plasmado igualmente en la jurisprudencia. Podemos extraer como síntesis lo manifestado en la STS, Sala Segunda, núm. 740/2012, de 10 de octubre, fundamento jurídico tercero: 

“Asimismo es preciso recordar en cuanto al concepto y efectos del sobreseimiento provisional, que los motivos son dos, y el primero se refiere a los supuestos en que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito”, motivo que debe diferenciarse de los que suponen sobreseimiento libre conforme al art. 637.1 y 2 porque se refieren a la inexistencia de suficientes indicios racionales de criminalidad para estimar la presencia de un delito, en contraste con la absoluta ausencia de tales indicios que contempla el citado art. 637.1 y con la atipicidad de la conducta a que se refiere el 2º, se trata pues de una cuestión fáctica y no de interpretación jurídica, consistente en apreciar que los que fueron indicios siguen existiendo (no han desaparecido y por ello no procede el sobreseimiento libre) pero sin expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios, aspecto que debe razonarse en el auto que lo acuerde, si se solicita la práctica de diligencias de prueba (STC. 196/88 de 14.10). El segundo motivo de sobreseimiento provisional es de índole análoga al primero, pero en vez de recaer la imposibilidad de prueba sobre la existencia del hecho, se refiere a la vinculación del mismo con el procesado o sospechoso de ser autor o cómplice o encubridor, caso diverso al de exención de responsabilidad penal sin que existan dudas sobre la vinculación de los exentos como autores materiales o participes”. 

Pese a que la adopción del sobreseimiento se realiza a partir de un Auto, esto no obsta a que el órgano jurisdiccional deba plasmar en el escrito “todos los elementos de convicción, en base a los cuales el Juez o Tribunal infiere la conclusión en torno a la ausencia del o de los presupuestos que impiden la apertura del juicio oral”. Igual que cualquier otra forma de terminación del procedimiento penal debe tener un respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española, puesto que tiene que respetar todas las garantías procesales existentes en el procedimiento, que incluye también agotar todos los medios e investigación pertinentes, así como que la resolución que pone fin al procedimiento se encuentre fundada en derecho, basándose en alguna de las causas previstas en la ley. Como ejemplo del respeto a la tutela judicial efectiva en relación con el sobreseimiento, el Tribunal Constitucional ya en su sentencia núm. 46/1982, de 12 de julio, establecía “si bien la forma prioritaria de satisfacción del derecho a la tutela judicial es la sentencia de fondo, que se pronuncie y decida sobre las pretensiones de las partes del proceso, nada obsta a que el proceso pueda concluir mediante otro tipo de resolución judicial configurada legalmente al efecto”. 

En cuanto a la posibilidad de solicitar una reapertura del procedimiento una vez que sea firme el auto de sobreseimiento provisional, va a depender del surgimiento de nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa. Esto implica que la reapertura no puede ser arbitraria, subjetiva y caprichosa, y la doctrina mantiene que “la reapertura del proceso penal cuando el órgano judicial y/o fiscal lo consideren conveniente, aunque no haya nuevos elementos facticos, no es aceptable en el marco del ordenamiento jurídico español”. A tenor de lo dispuesto, la STS, Sala Segunda, núm. 740/2012, de 10 de octubre, fundamento jurídico tercero establece: 

“La reapertura del procedimiento una vez firme el auto de sobreseimiento provisional depende de que se aporten nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa. De esta manera -decíamos en la STS. 189/2012 de 21.3, el sobreseimiento provisional tiene dos aspectos. Uno que no resulta modificable sin más cuando el auto adquirió firmeza que es el referente a la insuficiencia de los elementos obrantes en la causa para dar paso a la acusación. Lo más tradicional de nuestras doctrinas procesales ha entendido en este sentido el concepto de sobreseimiento al definirlo “el hecho de cesar el procedimiento o curso de la causa por no existir méritos bastantes para entrar en el juicio”. El auto contiene también otro aspecto que autoriza su modificación sometida a una condición: la aportación de nuevos elementos de comprobación. Dicho en otras palabras: el auto firme de sobreseimiento provisional cierra el procedimiento aunque puede ser dejado sin efecto si se cumplen ciertas condiciones”.  

Otra cuestión a debatir es la posibilidad de investigación por un juzgado de unos mismos hechos ya sobreseídos provisionalmente por otro distinto. Esta misma sentencia, aclara este aspecto en el fundamento jurídico cuarto: 

“(…) La doctrina de esta Sala (STS. 543/2011 de 15.6), exige que las diligencias de que este procedimiento trae causa si bien relacionadas, sean distintas e independientes, al basarse en hechos nuevos. Por ello a la tesis de los recurrentes cabe oponer: primero, que las diligencias de que este procedimiento trae causa si bien relacionadas, son distintas e independientes, puesto que se basan en hechos nuevos. Por ello la circunstancia de que personas previamente investigadas por hechos anteriores hayan logrado un sobreseimiento no impide que sean investigadas posteriormente, pero si se trata de los mismos hechos sobre los que existe información nueva, es obvio que se requiere la reapertura de las diligencias sobreseídas provisionalmente. Pero si se trata de conductas nuevas, presuntamente cometidas en diferentes circunstancias de tiempo y lugar, con intervinientes que sólo parcialmente coinciden con los que fueron objeto de la investigación anterior, procede iniciar un procedimiento nuevo, que en ningún caso puede ser considerado continuación del anterior”. 

En cuanto a la competencia para dictar el auto de sobreseimiento, hay que distinguir entre los distintos tipos de procedimientos penales existentes en nuestro ordenamiento. En el procedimiento ordinario ostenta la competencia el Juez o Tribunal al que correspondería en caso de celebrarse el juicio oral. Se encarga al Juez juzgador puesto que el Juez instructor pierde su competencia una vez se dicta el auto de conclusión del sumario. En consecuencia, toda la fase intermedia en esta tipología de proceso corresponde en su totalidad al órgano jurisdiccional decisor. Así lo deja patente el artículo 622 de la LECrim “practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el Juez instructor, si éste considerase terminado el sumario, lo declarará así, mandando remitir los autos y piezas de convicción al Tribunal competente para conocer el delito”. 

En relación con el procedimiento abreviado, toda la fase intermedia se sustancia ante el Juez Instructor, por lo que le corresponde decidir entre decretar el sobreseimiento de la causa o la apertura del juicio oral. Si el juez ha optado por decretar la apertura de juicio oral, se puede alegar el sobreseimiento como una cuestión previa ante el órgano juzgador en la fase de juicio oral. Será entonces este nuevo Juez quien decidirá si admite o no la solicitud. Sin embargo, existe polémica sobre que sea el Juez Instructor quien tome decisiones importantes para el curso del procedimiento, ya que hay quien piensa que pierde la imparcialidad que le ha de caracterizar, pues en relación con la decisión de dictar o no el sobreseimiento, concurren sobre la misma persona el instructor y el juzgador. 

Por otro lado, en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, también le corresponde al Juez instructor el decidir sobre la procedencia de dictar el Auto de apertura de juicio oral u optar por un Auto de sobreseimiento. En este procedimiento, también se puede alegar el sobreseimiento de la causa como una cuestión de previo pronunciamiento de las previstas en el artículo 666 de la LECrim, que será resuelta por el Magistrado Presidente del Tribunal de Jurado.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en un procedimiento penal pueden encontrarse varias partes personadas, por lo que hay que estudiar qué sucede cuando alguna de las partes solicita el sobreseimiento de la causa. Si la solicitud de sobreseimiento es común en todas las partes acusadoras, el Juez se encontrará vinculado con la solicitud, pues ya no habrá ninguna parte que mantenga la acusación y el Juez no puede acusar de oficio. Sin embargo, se reconoce una excepción a esta situación: en los supuestos de los apartados 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 20 del CP, en los que se tiene que devolver las actuaciones a las partes acusadoras para proceder a la calificación, continuando el juicio hasta la sentencia, a los efectos de imposición de medidas de seguridad y del enjuiciamiento de la acción civil. 

Otro escenario posible es la solicitud de sobreseimiento por parte del Ministerio Fiscal sin que exista acusación particular en la causa. En este caso, la LECrim ofrece dos posibles vías. En primer lugar, tenemos la vía de los artículos 642 “El Tribunal podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los interesados en el ejercicio de la acción penal para que dentro del término prudencial que se les señale comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno”, si transcurrido el plazo, los perjudicados no comparecen, el Tribunal ha de acordar el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público (en el mismo sentido, el artículo 782.2.a) de la LECrim). Este artículo está relacionado con el artículo 643 “cuando fuere desconocido el paradero de los interesados en el ejercicio de la acción penal, se les llamará por edictos”. Si transcurrido el tiempo fijado por el Juez no se personan en la causa, se debe proceder del mismo modo que con el artículo precedente. 

En segundo lugar, la vía prevista en el artículo 644 en concordancia con el artículo 782.2.b) “Cuando el Tribunal conceptúe improcedente la petición del Ministerio Fiscal relativa al sobreseimiento y no hubiere querellante particular que sostenga la acción, antes de acceder al sobreseimiento podrá determinar que se remita la causa al Fiscal de la Audiencia territorial respectiva si se sigue en un Audiencia de lo criminal, o al del Supremo si se sustancia ante una Audiencia territorial, para que, con conocimiento de su resultado, resuelvan uno u otro funcionario si procede o no sostener la acusación. El Fiscal consultado pondrá la resolución en conocimiento del Tribunal competente, con devolución de la causa”. 

Por último, se pude dar la circunstancia que exista una solicitud de apertura de juicio oral por alguna de las acusaciones y el sobreseimiento de oficio. En ese caso, el órgano jurisdiccional debe dictar el auto de apertura de juicio oral, pues se encuentra vinculado por dicha petición.

Podemos concluir que, si bien, lo ideal es que todos los procedimientos penales concluyan con una sentencia, no es el único medio. El sobreseimiento está perfectamente delimitado normativamente, estableciendo el plan de acción ante diversos escenarios para asegurar en todo caso el cumplimiento del principio de legalidad y el de la tutela judicial efectiva. 

 

Firmado: Rocío Santiago Resola.
Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva. 

 


Fuentes:

– Ley de Enjuiciamiento Criminal 

– Código Penal 

– Auto de Sobreseimiento, Guías Jurídicas Wolters Kluwer 

– COBO PANA, Juan José, Proceso Penal. Sobreseimiento provisional. Concepto y efectos. Posibilidad de que por un juzgado de investiguen los mismos hechos ya sobreseídos provisionalmente por otro distinto. Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2012 (D. Juan Ramón Berdugo Gómez De La Torre. 

– HERRERO GIMÉNEZ, Rubén, El sobreseimiento y archivo provisional de las actuaciones: algunas cuestiones de interés, Legal Today, 18 de julio de 2014. 

 

Rocío Santiago Resola

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva

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