Trabajos en beneficio de la comunidad: alternativa a la prisión

Con la comisión de algunos delitos, bien con carácter principal o como accesorios, se impone la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) siempre que el acusado acepte realizarlos, para alcanzar los objetivos de resocialización que la Constitución Española le asigna.

Los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) son conocidos como una pena alternativa al ingreso en prisión en aquellos casos en los que la escasa gravedad del delito, determine que se busquen medidas que tiendan a la reinserción social del penado. En concreto, es una pena privativa de derechos, no de libertad.

Para quienes optan por ello, comporta una función reeducativa a la vez que resulta útil y provechoso para la sociedad, dirigido a preparar su vuelta a la vida libre en las mejores condiciones, y aprender a ejercitar socialmente su libertad. Es por ello que la Ley pretende incidir en que el penado no es un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa formando parte de la misma, incluso como miembro activo, si bien sometido a un particular régimen motivado por el comportamiento antisocial anterior de aquél.

Así mismo, se permite alcanzar los objetivos de resocialización que la Constitución Española le asigna en su art. 25. En él se establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Lo que en consonancia con el art. 49 CP, su duración diaria no podrá exceder de 8 horas y se deben respetar las consecuentes condiciones, entre las cuales se encuentra no ofender a la dignidad del penado en el trabajo establecido.

Con el Código Penal de 1995, la pena de TBC fue introducida en nuestro ordenamiento con escasa utilidad inicialmente, pues se restringía la aplicación de esta pena al ámbito de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa y al de la sustitución o suspensión de las penas privativas de libertad. Actualmente con la última reforma de nuestro CP, la LO 1/2015 ha extendido su ámbito de aplicación para algunos de los delitos leves, como pena alternativa en todos los casos, siendo imprescindible, como ya hemos dicho el consentimiento del penado. Igualmente se encuentra prevista esta pena como modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

Como ejemplos, resulta habitual en los supuestos de condenas penales por alcoholemia u otros delitos contra la seguridad vial. El art. 39 CP estipula  “el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”.

Pero también se encuentra prevista en otros muchos supuestos como la reciente condena por el Magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña, a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por agredir a su hermana durante una discusión en el domicilio familiar, o bien en casos de violencia de género en los cuales se da a elegir entre afrontar un juicio, o admitir su culpabilidad y ser condenado directamente a cumplir sesenta jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Como señala el Código Penal, el juez deberá en la propia Sentencia decidir si procede al ingreso en prisión o la suspensión de la pena de prisión de hasta dos años, sustituyendo esta por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, como sanción autónoma siempre que no se trate reos habituales. Así en los casos de suspensión de condena excepcionales regulados en el art, 80.3 CP, se establece que los TBC están previstos como medida obligatoria alternativamente con la multa, fijando su duración en relación a la pena suspendida sin señalar un máximo. El mínimo no podrá ser inferior al que resulte de aplicar los criterios de conversión establecidos en el art. 84.3 (1 día de prisión por una jornada de trabajo) sobre un quinto de la pena impuesta.

El límite máximo habrá de fijarse según las pautas del art. 84.1,3ª CP, es decir, aplicar el módulo de conversión de 1 día de prisión por una jornada de trabajo sobre un máximo de dos terceras partes de la pena impuesta, pero con el límite máximo de 1 año que fija el art. 40.4 CP para los TBC, pues no podemos olvidar que constituyen  pena.

En otro caso, acudiendo al régimen de conversión posible en el marco del art. 84.1.3ª CP puede llegar a suponer hasta 16 meses de TBC, teniendo en cuenta que es posible la sustitución de penas privativas de libertad de hasta dos años. Y esta duración podría ser aún mayor en los supuestos del art. 80.5 CP referido a penas de hasta cinco años y respecto a los que no están excluidos los TBC como medida o pauta de comportamiento. En estos casos podrían llegar a alcanzar una duración de 40 meses.

De acuerdo a esta última reforma, la LO 1/2015 mantiene su configuración legal, pero aprovecha para rectificar su duración como pena menos grave en el catálogo del art. 33.3.l) CP, el cual abarca un período de 31 días a 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. De esta forma se adapta así a las previsiones del art. 40.4 CP. Como pena leve mantiene su duración en un período de 1 a 30 días.

En concreto es el art. 49 CP el que regula los TBC de manera extensa, expresamente nos indica la importancia del consentimiento del penado al ser requisito necesario para llevar a cabo esta medida. De no ser así podría provocar que finalmente no se prestara la actividad y la sanción impuesta quedase sin contenido. Con la intención de prevenir esta situación, y lógicamente porque el carácter de voluntariedad no determina que con una negativa se quede sin cumplir pena alguna, si no cumple la pena de TBC deberá cumplir la otra sanción alternativa.

Por ello, es importante la información del penado que debe conocer el catálogo de actividades y las condiciones de desarrollo de las mismas.

Este trabajo le obliga a prestar su cooperación de manera gratuita para no competir con actividades laborales propias del mercado de trabajo. Sin embargo, no impide que el artículo 11 del RD 840/2011 de 17 de junio, establezca que están incluidos en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por los días de prestación efectiva de dicho trabajo. Igualmente gozan de la protección con las mismas condiciones por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales.

El catálogo de actividades es amplio, podrán consistir en:

  1. a) Actividades relacionadas con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, introducido con la última reforma del CP.
  2. b) Labores de reparación de los daños causados o de apoyo o de asistencia a las víctimas.
  3. c) En la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.

Gracias a que en la mayor parte de las ocasiones se han suscrito convenios con las entidades locales para promover este tipo de trabajos, son algunas de estas las actividades sociales susceptibles de ser desarrolladas: Comedores sociales con indigentes y niños; apoyo a discapacitados físicos y psíquicos; reparto de alimentos y ropa; apoyo en centros de día mediante programas de inserción sociolaboral, drogodependencias, violencia de género o doméstica; apoyo en las tareas de mantenimiento y limpieza, apoyo administrativo con archivos, almacenes, atención teléfono, ofimática, mensajería; o en oficios como albañilería, carpintería, fontanería, electricidad, cocina, etc.

Para llevarlo a cabo es necesario una coordinación y gestión eficaz. En primer lugar, de acuerdo con el Real Decreto 840/2011 esta pena se debe ejecutar de acuerdo a unas normas: El TBC será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que a tal fin, podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio. Por su lado, la Administración penitenciaria supervisará sus actuaciones y les prestará el apoyo y asistencia necesarios para su eficaz desarrollo.

El penado por su lado, podrá proponer un trabajo concreto que será valorado por la Administración penitenciaria y se pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Una vez recibidos el testimonio de la resolución y los particulares necesarios, los servicios sociales entrevistarán al penado para conocer sus características (personales, capacidad laboral y entorno social, personal y familiar) y así determinar la actividad más adecuada. En esta entrevista se le ofertarán al penado las distintas plazas existentes, con indicación expresa de su cometido y del horario en que debería realizarlo y, en los supuestos a los que se refiere el artículo 4.2, se escuchará la propuesta que el penado realice.

Una vez que el penado acepta el trabajo que se le propone, los referidos servicios sociales penitenciarios elevarán la propuesta de cumplimiento de la pena al juzgado de vigilancia penitenciaria para su aprobación o rectificación. La ejecución de esta pena estará regida por un principio de flexibilidad para hacer compatible, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena impuesta. Durante el cumplimiento de la condena, el penado deberá seguir las instrucciones que reciba del juez y de los servicios sociales penitenciarios y las directrices de la entidad para la que preste el trabajo.

Los servicios sociales penitenciarios comprobarán con la periodicidad necesaria el sometimiento del penado a la pena, así como el cumplimiento efectivo del trabajo impuesto. A demás a los efectos y en los términos previstos en el art. 49.6 y 7 del Código Penal, los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al juez de vigilancia penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena, y en todo caso si el penado: 

  • Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
  • A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.
  • Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.
  • Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena en cuyo caso se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 468 CP. Este artículo establece que el incumplimiento de los TBC es una condena en la que el sujeto no está cumpliendo una pena privativa de libertad, por tanto, la condena a imponer por el incumplimiento de los trabajos será presumiblemente la de multa de 12 a 24 meses. Esa pena de multa, en el supuesto de que no se abonase tampoco se convertirá en días de prisión.

En el supuesto que el penado faltara al trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto.

La persona sometida a esta medida está obligada a invertir un determinado tiempo en el desarrollo de la tarea que se le ha asignado, y entre las muchas ventajas las actividades que integran los TBC es promover mediante trabajos sociales o talleres el cambio actitudinal y comportamental, así como una mayor concienciación sobre la importancia del cumplimiento de las normas. Pues como vemos, esta fórmula como forma de condena para delitos no graves es también habitual en otros países, si recordamos hace años fue noticia la condena a trabajos sociales a la modelo Naomi Campbell por agredir a policías en Londres y a su asistente en Estados Unidos. La modelo tuvo que hacer trabajos de limpieza de un garaje. En España hay flexibilidad a la hora de elegir ese trabajo para redimirse, incluso para organizar la cantidad de jornadas que impone el juez como pena alternativa.

Firmado: Marina Manzanares.

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva


Fuentes:

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

– Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas.

– D. SANTIAGO BOIRASARTO. “Penas y medidas alternativas a la prisión: la “corrección” entendida como beneficio a la comunidad”.

–  D. JULIÁN SÁNCHEZ MELGARLA “Decisión de suspender la ejecución de una pena privativa de libertad: nuevos contornos jurídicos”. Elderecho.com – Lefebre.

– Ministerio del Interior. “Penas y Medidas alternativas”. www.institucionpenitenciaria.es

– TANIA SUAREZ. “Condenado a trabajos para la comunidad por propinarle una paliza a su hermana”. www.laopinioncoruña.es

Imagen. Diario Jurídico.

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