Una aproximación a las Uniones Temporales de Empresa

El poder de las grandes empresas como Telefónica o Endesa a la hora de obtener contratos públicos hace muy difícil la entrada de otras más pequeñas en este mercado. Uno de los motivos más importantes es que los recursos o capacidad económica de estas pequeñas empresas no son suficientes para ser parte de un contrato con las Administraciones Públicas.

Esta situación les conduce a buscar formas de colaboración con otras empresas de parecido tamaño con los mismos problemas para que de forma conjunta puedan ser igual de competentes que las grandes corporaciones y tener las mismas posibilidades que éstas.

Así, surgen las UTEs o Uniones Temporales de Empresas a las que se dedica unos pocos artículos en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de Empresas y de las Sociedades de desarrollo industrial regional.

Una UTE se constituye para la realización o el desarrollo de una obra, servicio o suministro en concreto; fuera o dentro de España; por un tiempo determinado o indeterminado; según se imponga un período concreto en el cual la obra ha de estar finalizada; o uno según sea la duración de la misma sin que ésta sea concretada.

En todo caso, ese período no podrá exceder de 50 años, si se tratase de ejecución de obras y explotación de suministros y servicios públicos, siendo el límite 25 años para los contratos privados.

Los motivos que se esconden detrás de su constitución pueden ser técnicos, financieros, organizativos o económicos y fiscales.

Desde luego, las posibilidades de acceder a un crédito bancario en condiciones más favorables, de autofinanciación, de abaratamiento de los costes, de la facilitación para obtener avales u otras garantías y de obtener la aplicación de un régimen fiscal especial, no son nada desechables.

Aun careciendo esta modalidad contractual de personalidad jurídica, a efectos legales es una nueva empresa autónoma respecto a aquellas (personas jurídicas o físicas) que conforman la UTE. Pues, de hecho, queda sometida a una dirección única, puede realizar contrataciones laborales y puede ser parte en un juicio, ya que, se le reconoce capacidad procesal.

Así, como nueva empresa que aparece para operar en el mercado, su constitución ha de formalizarse mediante escritura pública una vez que la Administración Pública le haya adjudicado el contrato correspondiente para la ejecución de la obra, servicio o suministro, con independencia de que anteriormente haya presentado una oferta conjunta con el objeto de conseguirlo. Su inscripción ha de hacerse en el Registro Especial del Ministerio de Hacienda. En la escritura habrá de constar:

– Nombre, apellidos, razón social, nacionalidad y domicilio de los otorgantes, así como su voluntad de constituir la UTE.

– Estatutos o pactos en los que se incluya:

  • Denominación de la UTE: que deberá incluir la expresión Unión Temporal de Empresas.
  • Objeto social.
  • Duración y fecha en que empezarán las actividades a realizar.
  • Domicilio fiscal: sito en territorio nacional y el correspondiente al gerente. Éste será sobre el que recaiga la dirección única con capacidad para asumir derechos y obligaciones en nombre de la UTE.
  • Aportaciones, en su caso, que se hagan al fondo común: regidas por la normativa propia de las UTEs y por los artículos referidos a las mismas de la Ley de Sociedades de Capital.
  • Nombre y domicilio del gerente.
  • El modo de participación de las empresas integrantes en los ingresos o gastos derivados de la actividad de la UTE.
  • Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus miembros frente a terceros, apoyada por la STS Sala 3ª de 11 de mayo de 2005 y la STS Sala 3ª de 21 de diciembre de 2012, al hacer referencia al establecimiento de mecanismos que eviten que las diferencias entre las empresas de la UTE causen un perjuicio a la Administración o a los intereses públicos. En caso de que una de ellas no proceda al pago de la deuda, se podrá proceder contra las otras para que lo hagan, con independencia de que las restantes le reembolsen la cantidad correspondiente. Dicha responsabilidad entrará en juego únicamente cuando se trate de actos y contratos celebrados por

Siguiendo con la organización de la misma, el art. 8 sólo incluye la figura del gerente. Sin embargo, en la práctica otros dos órganos juegan un papel importante en la vida de la UTE, a saber, la junta de empresarios y el comité de gerencia.

El gerente, responde ante la misma de los actos y contratos celebrados en su nombre, por lo que, en caso de llevar a cabo actuaciones irregulares, puede ser despedido.

La junta de empresarios está compuesta por un representante de cada una de las integrantes y se encarga de establecer el modo de actuación de la UTE, de modificar los estatutos y aprobar la gestión, la cuenta, el balance y la distribución de los resultados.

El comité de gerencia presenta la misma composición que la junta y sus reuniones se realizarán a petición de cualquiera de los representantes. Su función principal es la dirección y el control del proyecto en cuestión. Los acuerdos adoptados en el mismo se recogerán en un acta.

Proyecto, que podrá ser llevado a cabo directamente por la UTE, ya sea, con medios propios o alquilados a un tercero, o podrá recurrir a un tercero subcontratado.

Finalmente, las causas por las que se extingue son:

  • Conclusión del servicio, obra o suministro que constituía su objeto, pues tal y como se define en la propia ley, una colaboración de este tipo se caracteriza por su temporalidad. Por lo que, no hay opción a que una misma UTE ejecute contratos sucesivos.
  • Transcurso del plazo máximo establecido de 25 años para los contratos privados y de 50 para los públicos.

Una vez que la UTE ya ha cumplido su misión, y, por tanto, deja de funcionar, se abre la fase de liquidación. Se saldan las cuentas pendientes y, si existieran excedentes, se reparten entre las empresas integrantes en función de lo pactado o de las aportaciones realizadas. Sin embargo, si aun con los bienes de la UTE las deudas no quedan satisfechas, los miembros responderán ante las mismas.

La extinción ha de elevarse a escritura pública y comunicarse al Ministerio de Economía y Hacienda para que la entidad sea dada de baja en el Registro especial.

Firmado: Concepción Cueto Morales.
Redactora en Derecho & Perspectiva.


Fuentes:

UPC

– Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las -Sociedades de Desarrollo Regional.

Canovas.

– Sentencia T.S. (Sala 3) de 26 de enero de 2012

Concepción Cueto

Colaboradora Permanente en Derecho & Perspectiva

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